El director de UTE por Cabildo Abierto, Enrique Pées Boz, explicó que el error con el cual se intenta desacreditar la auditoría es menor y que fue generado por Gas Sayago, además consideró que los US$ 213 millones son “un piso”, pero que cuando la investigación llegue a su fin el total podrá ser de US$ 250 millones porque hay gastos que aún no han sido contabilizados y que UTE pagó.
En la mañana de este martes, el Ec. Enrique Pées Boz, director de UTE por Cabildo Abierto, dijo el trabajo asignado a la consultora no fue de una auditoría contable sino “una auditoría de gestión”, porque en Gas Sayago, “desde 2010 a 2020, se hizo por lo menos una auditoria por año”.
Explicó en entrevista concedida a Desayunos Informales que a diferencia de otras, la auditoría de gestión “no audita la información existente sino que parte de ella y realiza una evaluación”, y subrayó que hay una confusión por quienes han expresado críticas: “Realmente no entiendo cómo puede confundirse un tema contable con un tema de gestión”, comentó.
El pasado lunes entrevistado por Informativo Sarandí, el exvicepresidente Raúl Sendic cuestionó la seriedad de la auditoría realizada en Gas Sayago por la consultora PricewaterhouseCoopers (PwC) por encargo de UTE debido a que allí se menciona un rubro como “clases de piano”, cuando en realidad se refiere a la membresía Pianc que es la sigla de la Asociación Mundial de Infraestructura de Transporte Acuático.
Agregó que le llamó la atención esa referencia porque “Pianc, con ‘c’, es la organización internacional que monitorea el manejo de buques y las instalaciones portuarias”, y PwC no debería confundirla con “clases de piano”. También criticó el monto de la auditoría que asciende a US$ 300.000.
El error fue de la contabilidad de Gas Sayago
Pees Boz sostuvo que la auditoría de gestión realizada por la empresa PwC “es adecuada a los términos de referencia” y “si hubo un error, que lo hubo, fue en la contabilidad de Gas Sayago, lo cual demuestra que además de haber sido un derroche escandaloso” de recursos que son de la sociedad, sus responsables “ni siquiera eran capaces de registrar correctamente lo que gastaban”.
Asimismo, precisó que “no existe la frase ‘clases de piano’, existe sí ‘membresía Piano’, y lo que hizo Price fue tomar lo que allí se dice y clasificarlo de forma tal de poder evaluar”. Por tanto, el error con el término Piano en lugar de Pianc es de la contabilidad de la empresa, no de la consultora.
Péez Boz agregó que el trabajo de PwC parte de información ya auditada, entonces “el error es de quienes llevaban la contabilidad y a su vez de los que auditaron”. De todas formas, la información final sobre el tema se tendrá cuando aparezca la factura, sin embargo “me informaron que no solo no hay factura” sino que “se pagó con tarjeta de crédito”, precisó.
Por otra parte, el director cuestionó que desde la oposición se diga que la auditoría no aporta “nada nuevo”. Para quienes estaban en conocimiento de los datos que surgen se entiende que no sean nuevos, pero “para nosotros sí”.
Abundó indicando que “es la primera vez” que se cuenta con “una auditoría independiente” porque “nunca hubo auditorías independientes que actuaran como auditoría de gestión”, que además esta vez fue realizada por una “consultora de reputación internacional que se está jugando su prestigio, entonces no es más de lo mismo como se ha dicho”.
US$ 213 millones es el piso de las pérdidas
Al ser consultado si en realidad son 213 millones dado que hay 100 que se restan por el reintegro de que hizo la empresa OAS, Pées Boz dijo que esos US$ 100 millones también fueron gastados, y advirtió que cuando la investigación termine, la cifra final será superior a US$ 213 millones porque en realidad ese monto “es el piso” al que hay que agregar gastos aún “no contabilizados” como “los más de 70 funcionarios que aportaba y pagaba UTE, más los viajes y viáticos, todo pagado por UTE. Eso no está en los 213 millones y cuando terminemos de sumar la cifra va a ser entre US$ 230 y US$ 250 millones”.
También señaló que el Ministerio Público deberá investigar la forma en que las empresas ganaron los diferentes llamados. “Nosotros encontramos muchas irregularidades” en relación a OAS y Gaz de France. Sobre esta última dijo que estaba vinculada al proyecto 6 años antes de ganar la licitación. ¿Cómo puede ser que una empresa que estaba ayudando a armar el proyecto después se presenta y compite para ejecutar ese mismo proyecto?”, se preguntó.
Privatización silenciosa y US$ 400 millones anuales
En otro orden, precisó que los 213 millones de Gas Sayago ya están perdidos, pero que las mismas autoridades responsables “llevaron adelante, entre 2010 y 2019, de forma silenciosa, la privatización de UTE y lo hicieron firmando contratos a 20 y 30 años en condiciones leoninas, condenando a los ciudadanos a encontrar grandes escollos para ver cómo se paga US$ 400 millones anuales”.
“Son dos temas: uno da luz sobre el derroche de Gas Sayago, y el otro para que los ciudadanos sepan que se nos obliga a pagar US$ 400 millones por una energía que muchas veces no necesitamos” en un proceso que definió como “una privatización silenciosa de UTE”.
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