Ante un pronóstico de escasas lluvias por varios días más, el gobierno finalmente decidió decretar la emergencia hídrica para Montevideo y toda el área metropolitana.
El presidente Lacalle Pou se reunió el lunes con los ministros de Ambiente y de Salud Pública, Robert Bouvier y José Luis Satdjian (actuando de manera interina en remplazo de Karina Rando), en un encuentro en el que también participó el presidente de OSE, Raúl Montero, la vicepresidenta del organismo, Susana Montaner, el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto , Isaac Alfie, el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado y también la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, el de Desarrollo Social, Martín Lema y de Defensa Nacional, Javier García.
Durante el encuentro, que duró varias horas, se analizó la situación actual de reservas en Paso Severino, señalándose que las mismas dan para 30 días. Con un informe del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) se llegó a la conclusión de que las precipitaciones van a ser escasas por lo cual es muy probable que las reservas lleguen casi a cero, cuando actualmente están por debajo del 6%. En la actualidad se está mezclando agua de Paso Severino y el Río de la Plata, siendo el peso de este último en la mezcla cada vez más importante. Lo que quedó claro en la reunión es que puede llegar un momento en que el agua sea solo del Río de la Plata, lo cual la tornaría no apta para el consumo.
Las medidas adoptadas e informadas en conferencia de prensa por Lacalle Pou, incluyen una obra de ingeniería para transportar agua desde el río San José, mediante tuberías, hasta Paso Severino. Esta obra debería estar concluida en 30 días, considerada la fecha límite de las reservas de agua dulce. La obra costará US$ 20 millones.
Por otra parte, se declaró la emergencia hídrica para el área metropolitana y Montevideo.
Tal declaración es un instrumento por el cual el gobierno puede aplicar determinadas medidas con una mayor flexibilidad.
Entre las medidas hay un decreto para la exoneración de impuestos al agua embotellada. También se enviará al Parlamento un proyecto para solicitar otras excepciones en materia impositiva que afectan al agua embotellada.
Para el presidente Lacalle Pou, estas exoneraciones permitirán bajar considerablemente el precio del agua embotellada. En Uruguay, el precio de esta agua es la tasa básica de IVA que es de 22% y además está gravada con el Imesi, que es un costo fijo por unidad de medida. O sea, cada botella o bidón pagan esa cifra fija de acuerdo a la cantidad de agua que tiene. Se estima que un bidón de 6,25 litros tiene una carga impositiva de unos $ 15. En una de las marcas más reconocidas, un bidón de ese tipo cuesta $ 129, por lo que su nuevo valor sería de aproximadamente $ 114. No obstante, en el relevamiento realizado por el Área de Defensa al Consumidor del Ministerio de Economía y Finanzas, los precios para este tipo de bidones varían entre $ 99 y $ 150.
Otro aspecto destacado por mandatario es que se está trabajando con el MSP para ver los niveles límites de sodio y cloruro del agua para que siga considerándose potable.
En la conferencia, el Lacalle consideró que el suministro de agua potable está garantizado en hospitales, residenciales, centros de atención a la infancia y la familia (CAIF) y dependencias del Inau, mediante un sistema de abastecimiento que ya está implementando la OSE y que se podría extender. Por otra parte, a 21 000 beneficiarios del Mides se les va a extender, hasta que dure la crisis, la entrega de dos litros de agua gratis por día.
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