Durante la pasada sesión de la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca del Senado, que tuvo lugar el pasado 1° de julio, el ministro de Ambiente, Daniel Peña, mostró su desacuerdo con el proyecto de ley que pretende regular el uso de suelos de prioridad forestal, a pesar de que este amplía la competencia de la cartera en el tema.
El proyecto de ley impulsado por Cabildo Abierto para regular el uso de suelos forestales continúa su discusión sin mayores apoyos por parte del elenco ministerial. El pasado 17 de junio la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca del Senado recibió la visita del entonces ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Carlos María Uriarte, quien pidió no abordar la discusión sobre la Ley de Forestación, en el entendido de que “llevaría toda la sesión” y mencionó que en “aproximadamente diez días” se podría reagendar la reunión. Sin embargo, exactamente diez días después, Uriarte fue cesado de su cargo por el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, dejando sin avances la discusión de la normativa entre el legislativo y la cartera.
A pesar de que unos meses atrás se había mostrado a favor de actualizar los criterios de clasificación de suelos y proyectos forestales, el ministro de Ambiente, Adrián Peña, mencionó durante su comparecencia en la Comisión el pasado 1 de julio que su ministerio “no ve positiva la aprobación del proyecto de ley tal como está presentado” y se preguntó si es necesaria una ley.
Asimismo, el ministro señaló que “con los números que se tienen en la actualidad”, Uruguay podría aumentar en unas 500.000 hectáreas su actual producción forestal. “Entendemos que es una doble limitación y atendiendo a lo que hemos hablado en cuanto al sector forestal, parece una restricción muy importante para el desarrollo de este sector”, indicó. En palabras de Peña, la legislación en discusión “supone un cambio de reglas en un sector que necesita mucha inversión y que tiene ciclos de largo plazo”.
Ante ello, el diputado Rafael Menéndez de Cabildo Abierto expuso que no es el caso, dado que el proyecto no es retroactivo. “Nadie piensa tocar un contrato”, aseguró, y agregó que, de las 1.100.000 hectáreas forestadas en Uruguay, hay 300.000 que están fuera de prioridad forestal. “Simplemente se intenta redireccionar un modelo forestal”, explicó.
A la vez, ante la consulta del legislador Menéndez sobre cuántas hectáreas conforman aquellos proyectos de menos de 100 hectáreas de forestación que no pasan por el Ministerio de Ambiente ni por la Dinama, Peña respondió que no hay idea de cuántas hectáreas son exactamente. El ministro añadió que hay alguna información preliminar, pero como no hay determinadas obligaciones para su registro, seguramente haya un subregistro, y planteó que la información habla de 28.000 hectáreas”. Asimismo, Peña coincidió con el espíritu de la legislación de que “es momento” de que las mismas estén bajo la órbita del Ministerio de Ambiente.
Efectos ambientales en debate
Durante su visita, Peña señaló que “la producción forestal no supone uno de los problemas más importantes que Uruguay tiene” respecto a la contaminación ambiental. Aunque reconoció que “la inquietud que se manifiesta en el proyecto de ley se puede reconocer”, dijo que “hoy no podemos afirmar que Uruguay tenga un problema ambiental, al contrario”.
Sin embargo, Raúl Viñas, Magister en Ciencias Meteorológicas, docente en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de la Empresa e Integrante del Movus (Movimiento por un Uruguay Sustentable), señaló en conversación con La Mañana que “la plantación masiva de árboles en forma de monocultivo por supuesto que tiene efectos ambientales importantes, a pesar de que la propaganda del lobby forestal procura ocultarlo”.
Además, coincidió con el senador Guillermo Domenech de que la biodiversidad en la forestación es nula en el sentido que “lo único que se observa en los montes de eucaliptos son cotorras, zorros y jabalíes”. Respecto a esto, Viñas alegó que a medida que estas plantaciones se extienden, sobre todo también por fuera de las áreas que podrían ser forestales, ese problema se acentúa.
“Está bien claro que alrededor de las plantaciones de eucaliptus es muy difícil realizar algunas de las actividades agropecuarias tradicionales como puede ser la cría de ganado ovino, porque en esos eucaliptus se refugian los jabalíes que terminan atacando a esta producción”, manifestó el docente.
El tema del agua
Durante la citada sesión de la Comisión, el viceministro de Ambiente, Gerardo Amarilla, hizo alusión a un informe del estado del ambiente, que incluye el período 2016 a 2019, en el que se evidenció una reducción del volumen del agua que escurre por las cuencas donde hay presencia de actividad forestal.
“Cuando se analiza el volumen, vemos que se habla de que entre el 23% y el 28% del agua se escurre; en realidad, es el 40% del agua que se precipita sobre el suelo, y de este porcentaje hay entre un 23 y un 28% que se estaría reduciendo en aquellas cuencas que tienen actividad forestal. También se ha comprobado que después de la poda, del corte, el agua vuelve a su nivel original”, dijo Amarilla.
Sobre esto, Viñas agregó que el agua que escurre presenta algunas características que la hacen “no tan deseable”, entre ellas un aumento de acidez y una mayor proporción de materia sólida disuelta dentro de la misma.
“Los cuerpos solidos dentro del agua son importantes porque muchas veces son materias orgánicas que terminan descomponiéndose, y porque eso afecta la turbiedad de esas aguas que, a la vez, afecta a otros seres vivos que hacen uso de esta, como puede ser todo el ecosistema que se relaciona desde una cañada, a un arroyo y un río”, explicó Viñas.
Avance desmedido
Para el representante de Movus, “la forestación está desbocada y debe limitarse al menos a las áreas forestales. “En la posición actual tenemos un avance desmedido basado en los beneficios que tienen las empresas forestales”, apuntó. Agregó que, si no se toman medidas para la regulación, se perderán otras fuentes de trabajo, más importantes y más deseables “que se podrían potenciar con solo una pequeña parte de lo que se le da al sector forestal”.
En esta misma línea se expresó Domenech durante la citada sesión de la Comisión, al expresar que “la forma en que se viene desarrollando el modelo forestal implantado en Uruguay ha generado la mayor concentración de la propiedad de la tierra en la historia del país”.
Además, indicó que la discutida legislación “pone en el buen camino al país” en el entendido de seguir los pasos de Cerro Largo, San José y Colonia, donde ya existen regulaciones respecto a los puntos permitidos para forestar. “Lo único que estamos tratando de hacer es extender ese criterio a todo el territorio de la República”, resumió el senador.
La huella de carbono
Durante la pasada sesión, el ministro Peña señaló que “la forestación como tal complementa la captura de carbono y es un aliado, en algún aspecto, desde el punto de vista ambiental para el desarrollo de determinadas producciones”. Consultado al respecto, Viñas explicó que tanto en un terreno de iguales dimensiones de árboles o de pradera se fija aproximadamente la misma cantidad de carbono. Sin embargo, al cortar los árboles el dióxido de carbono se libera y que, la única forma de que mantenerlo sería tener un sumidero.
“Ninguna empresa va a hacer eso solamente para que sirva de sumidero, sino que si aumenta el tamaño de las plantaciones es únicamente porque esperan aumentar también la cosecha y la utilización de esa madera”, opinó.
Proyecto prevé mecanismo de seguimiento
El proyecto –que ya cuenta con media sanción en la Cámara Baja– fue impulsado por el diputado de Cabildo Abierto (CA) Rafael Menéndez. Entre los artículos de la legislación en discusión figura que la plantación de bosques generales y de rendimientos quede limitado a los suelos de prioridad forestal –actualmente hay forestando un 30% de suelos fuera de la prioridad forestal establecida– que los mismos no superen el 10% de la superficie nacional bajo explotación agropecuaria y que todos los actores de la cadena forestal deben manejar adecuadas tecnologías para el mantenimiento de los recursos naturales involucrados.
Además, otorga potestades al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) y de la Dirección Nacional de Medio Ambiente del Ministerio de Ambiente para que aprueben y den seguimiento a los proyectos forestales, ya que hoy solo pueden hacerlo en aquellos cuyos campos superen las 100 hectáreas.
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