El documento fue aprobado por 10 de los 15 expertos en seguridad social. Los tres miembros del Frente Amplio (FA) y los representantes de las organizaciones sociales no acompañaron el diagnóstico de la comisión. Desde la fuerza política emitieron una declaración en la que cuestionaron la falta de tiempo suficiente para el debate y que no aparezca la redistribución de la riqueza como elemento central.
El pasado viernes la Comisión de Expertos en Seguridad Social (CESS) aprobó, finalmente sin consenso, el diagnóstico del sistema previsional uruguayo. El informe será presentado en los próximos días en el Parlamento. A partir de ahora la CESS tendrá 90 días para confeccionar propuestas concretas que el Poder Legislativo contemplará para la elaboración de un proyecto de ley que reforme el sistema (y los subsistemas) de seguridad social en Uruguay.
Si bien la idea en esta primera instancia era lograr un informe consensuado por todos los miembros de la comisión, luego de varios borradores y una extensión de la discusión -con una prórroga cedida por el Poder Ejecutivo- el diagnóstico fue votado por mayoría, tal como estipulaba la Ley de Urgente Consideración, la que previó que con 9 votos afirmativos sobre 15, la CESS podía aprobar el texto.
Los 10 expertos que votaron a favor del diagnóstico fueron los 9 integrantes del oficialismo (Natalia Aranco, Álvaro Forteza, Daniel García Zeballos, Alberto Lacassy, Gustavo Michelin, Miguel Pezzutti, Renán Rodríguez, Rodolfo Saldain y Ana Inés Zerbino) y la representante empresarial, María Elvira Domínguez.
En tanto, los cinco que no levantaron su mano fueron los tres integrantes frenteamplistas (José Luis Baumgartner, Ernesto Murro y Jimena Pardo), el representante del PIT-CNT, Hugo Bai, y el delegado de la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas del Uruguay (ONAJPU), Gabriel Regalado.
En la moción publicada, la CESS explicó que el informe final tuvo sus últimos ajustes en la sesión del miércoles 17 de marzo y que el mismo se dará a conocer públicamente luego de que sea presentado de manera formal en el Parlamento.
“Fortalezas y debilidades”
Según indica el comunicado oficial, el informe de diagnóstico muestra que “la seguridad social uruguaya tiene muchas fortalezas que se han consolidado en un proceso de construcción histórico, en el que tuvo incidencia el aporte de gobiernos de diverso signo político”, aunque también identifica “un conjunto de debilidades y desafíos que deben encararse más temprano que tarde”, advierte.
“Ingresamos en la tercera década del siglo XXI con la convicción de que es necesario revisar diversos aspectos del sistema previsional uruguayo, lo que es un imperativo de los fines públicos de protección social y de justicia en el reparto de las cargas y beneficios entre las generaciones pasadas, presentes y futuras”.
La CESS resaltó que la elaboración del informe fue “producto directo del diálogo” realizado durante 34 sesiones de trabajo de la comisión, 20 sesiones en subcomisiones y 50 audiencias con más de 45 instituciones y organizaciones interesadas, que “aportaron la imprescindible pluralidad de visiones e intereses”.
Además, destacó el “fuerte apoyo de todos los ámbitos académicos nacionales” y el aporte de expertos e investigadores de todos los organismos internacionales competentes y representantes de entidades previsionales de varios países.
En la próxima sesión se anexará al acta el fundamento de voto de los miembros. Sin embargo, desde el FA, ya se pronunciaron sobre el diagnóstico aprobado.
FA: una reforma con “sustentabilidad social”
En una declaración, la fuerza política señaló: “reafirmando nuestra disposición a continuar trabajando, intensa y seriamente, como lo han hecho nuestros representantes hasta el momento en la CESS, para la próxima etapa de propuestas, ahora, evaluando los borradores en su contexto y el Proyecto de Diagnóstico final, como documentos técnico-políticos que son, y tomándolos como un todo, es que no acompañamos la aprobación del mismo”.
Desde el FA advierten que “la seguridad social es mucho más amplia que el sistema de jubilaciones y pensiones”, y que el deber del partido es “velar por los intereses de las grandes mayorías de la población”. Además, volvió a cuestionar el “poco tiempo de diálogo y negociación”, pretendiéndose analizar una reforma en pocos meses cuando “en los países avanzados estos procesos llevan muchos años”.
Durante la discusión del informe, dijeron: “impulsamos mejoras desde los primeros borradores, que presentaban un conjunto de carencias, omisiones y afirmaciones sin evidencia, por lo que requerían sustantivas modificaciones a los efectos de poder ser un instrumento válido para la discusión”.
El comunicado del FA señala que “el envejecimiento de la población y los impactos del cambio tecnológico en el mercado de trabajo hacen necesario abordar, periódicamente, reformas y revisiones, estudiadas y consensuadas, del régimen previsional. Estas no deben tener solamente en cuenta la sustentabilidad financiera. Las reformas además de atender este desafío deben contemplar que el sistema siga teniendo y mejore la protección de las personas, o sea, que tenga sustentabilidad social. No deben centrarse en que cierren las cuentas”.
Desde la coalición de izquierda consideran que “la inversión social contribuye a generar sociedades más justas e igualitarias, lo que se traduce en una mayor confianza en las instituciones, y en particular en la solidez de sus democracias”.
Asimismo, el FA indica que “debería decirse claramente cuál es la imagen objetivo que se persigue, cuáles son los objetivos de reforma de un sistema de jubilaciones y pensiones, integral, de todas las cajas y nada de esto está explicitado”. Apuntan a que el informe se refiere a “justicia generacional” y a “acuerdo generacional”, “pero no se habla de justicia intrageneracional, de redistribución de la riqueza también como elemento central de la seguridad social. Los sistemas de seguridad social tienen un papel redistributivo fundamental, además de evitar la pobreza y sustituir los ingresos que las personas cobran en actividad”, argumentan.
Para el partido opositor “se observa claramente que no hay consistencia en el diagnóstico entre las consideraciones que se hacen sobre algunas prestaciones y las políticas de género y cuidados necesarias. Entre otras cosas, se marca una fuerte tendencia a un recorte en las pensiones de viudez y sobrevivencia”.
El FA recriminó el poco reconocimiento a la gestión de las tres administraciones frenteamplistas y criticó al oficialismo. Remarcaron que “los gobiernos del FA realizaron avances en adecuación e integración de las diferentes cajas, acercándose a las condiciones del régimen general de BPS, sin desconocer las especificidades de cada una. Así, reformamos no solo la Caja Militar (2018), sino también la Policial y la Bancaria (2008), la Notarial (2019) y nuestros delegados en el Directorio de la Caja Profesional apoyaron medidas en el mismo sentido. Estas reformas, que se hicieron con diálogo social, político e institucional, en su mayoría no fueron votadas por quienes hoy están en el gobierno de coalición”.
“Además, se realizaron reformas en otros aspectos sustanciales de la seguridad social, como el seguro de paro, las licencias por maternidad y paternidad, las asignaciones familiares, etc. Todo ello nos ha distinguido y nos distingue en el concierto internacional como un país líder en protección social”.
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