El proyecto de ley que pretende tipificar los ciberdelitos continúa su derrotero a dos años de su presentación por el diputado de Cabildo Abierto, Sebastián Cal.
En diálogo con La Mañana, el legislador destacó que el Frente Amplio ha cambiado de posición sobre este tema. “Incluso han llegado a insinuar en la Comisión que no es necesario tipificar este tipo de delitos. Se trabajó durante dos años en la Comisión de innovación, Ciencia y Tecnología, y se decide pasarlo a la Comisión de Constitución y Código integrada con Innovación. Y ahí el Frente Amplio, para nuestra sorpresa, cambia la postura y nos pide más tiempo para estudiar el tema después de que ya se había estudiado durante dos años”, sentenció.
Para el legislador, uno de los aspectos que más llamó la atención fueron algunas modificaciones que pidió al proyecto la coalición de izquierda. Al respecto, señaló que si bien en lo personal no estaba de acuerdo, terminó aceptando para que se pudiera avanzar.
Uno de estos puntos era la tipificación del terrorismo digital. En el mismo se definía el ciberterrorismo como los actos de espionaje y sabotaje. Sobre el porqué del pedido del FA de retirar este artículo (el 9 en el proyecto original), Cal dijo no haber encontrado argumentos muy sólidos “como no lo encuentro en otros temas”. “En lo personal lo retiré del proyecto para que este avanzara, pero como de nuevo el Frente Amplio pone reparos, seguramente lo vuelva a incorporar”. “La palabra terrorismo es una palabra tabú para el Frente Amplio y hoy hay nuevas formas de terrorismo que claramente no lo están entendiendo”, dijo Cal.
Este artículo tiene relación con diferentes formas en que personas o naciones extranjeras intervienen en el espionaje o pueden atacar directamente la infraestructura nacional.
El legislador especificó que hubo ataques a los “activos críticos en el Uruguay”. “El año pasado, uno de nuestros principales activos críticos, que es la refinería de La Teja sufrió un ataque”, señaló. “Espero que Uruguay tome conciencia de lo que está ocurriendo en el mundo y no tenga que pasar lo que pasó en Costa Rica, donde lo tuvo que aprender a la fuerza. Todo el Estado fue hackeado en mayo de este año y el presidente Rodrigo Chaves Robles decretó el estado de emergencia nacional debido a los ciberataques, al considerarlos un acto de terrorismo”.
El ataque al cual hace referencia lo perpetró el grupo prorruso Conti Group, que se adjudicó el secuestro de la infraestructura informática y solicitó un rescate de US$ 10 millones a cambio de no liberar la información sustraída del Ministerio de Hacienda. Posteriormente, otro grupo, Hive Ransomware Group ejecutó un ataque y robó los expedientes médicos de quienes se atendían en la salud pública.
“En Uruguay hemos tenido varias advertencias y esta debería ser una prioridad del gobierno. Ya debería existir una ley. No es solamente responsable el Frente Amplio por la demora en el tratamiento de esto. En la última reunión de la Comisión a fines del año pasado, se nos pide postergar hasta mediados de abril el tratamiento de la iniciativa. A mí me indigna profundamente que los demás partidos de la coalición no hayan entendido la necesidad de legislar de una vez por todas sobre este tema”, acotó. Explicó que el Ministerio de Transporte estuvo hackeado por muchos días y a esa cartera de Estado “le costó reconocer lo que les estaba pasando”.
Ante un ataque desde el extranjero, Uruguay no puede acceder a una investigación internacional. El país no está adherido al Convenio de Budapest, que es un centro de cooperación internacional para perseguir e intercambiar información sobre las bandas internacionales o los Estados que llevan a cabo este tipo de delitos. La no adhesión se debe a que no existe una ley.
Presencia de expertos
Cal destacó que los legisladores frenteamplistas han solicitado más tiempo para estudiar el proyecto y la presencia en la Comisión del director del Instituto de Derecho Penal y Criminología de la Facultad de Derecho, German Aller, quien ha manifestado que no es necesaria una tipificación específica para los ciberdelitos.
Pero el legislador de Cabildo Abierto señaló la postura del fiscal Ricardo Lackner, quien está al frente de la Fiscalía la Unidad Especializada en Cibercriminalidad y es partidario de que se legisle al respecto. Esta fiscalía, entre otras tareas, tiene a su cargo el asesorar a las fiscalías en la investigación y persecución penal de los delitos cometidos por medios informáticos y articular con el Departamento de Cooperación Internacional para la recolección de evidencia digital en el extranjero.
Para el diputado cabildante, los ataques desde el extranjero van a continuar e irán hacia otras áreas, como las historias clínicas que actualmente se digitalizan. “La información es valiosa”, explicó. “Hoy en el mercado negro, por ejemplo, vale más los datos de salud de una persona que los datos financieros. En el mundo se está extorsionando gente, porque han accedido a su historia clínica. Por ejemplo, todos sabemos la discriminación que sufren las personas que tienen HIV y si logró esa información, entonces puedo extorsionar a esa persona”.
En el combate a los ciberdelitos, Cal explica que hay tres cosas que son indispensables. La primera es la legislación, la segunda la cooperación internacional y la tercera la parte procesal. “Uruguay no tiene ninguna de estas tres”, sentencia.
Finalmente, cuando se consulta si piensa que en abril se aprobará el proyecto, tal como se ha anunciado desde la oposición y la propia coalición, señala que espera que se haga, “o si no deberán hacerse cargo cuando termine sucediendo un hecho muy grave”.
TE PUEDE INTERESAR:
