Los activos que tiene Uruguay en Luxemburgo serían congelados para el pago de una deuda de 61 millones de dólares, producto de un juicio que perdió el país. Desde el gobierno se indica que la empresa demandante intentó que tres de sus exejecutivos que en Uruguay tienen causas penales fueran eximidos de ellas a cambio de llegar a un acuerdo. A la vez se negó que exista un embargo contra Uruguay por este tema.
El reclamo había sido iniciado ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial por Latin America Regional Aviation Holding (Larah), quien tenía el 75% de Pluna. Larah era propiedad de la canadiense Chorus Aviation (Jazz Airlines) y otros inversores.
La defensa de Uruguay ante el Ciadi estuvo a cargo del estudio Foley Hoag (de Estados Unidos) y por Larah, Freshfields Bruckhaus Deringer (del mismo país), el Dechamps International Law (Londres) y el estudio uruguayo Ferrere.
Larah, una empresa panameña, adquirió en 2007 una participación del 75% de Pluna a través de su filial Laedgate Investment. El otro 25% estaba en manos de Pluna SA, una empresa pública. Durante los años siguientes, Pluna atravesó varias dificultades operativas y financieras.
El informe sobre el arbitraje indica que “esto dio lugar a la venta forzosa de la participación indirecta de Larah en Pluna al gobierno uruguayo en junio de 2012. La venta se formalizó en un memorándum de entendimiento firmado con el Estado sin ninguna compensación, y la compañía aérea entró en un procedimiento de quiebra”.
En abril de 2019, Larah inició un arbitraje ante el Ciadi contra Uruguay. Se alegó que se estaba ante el incumplimiento del Tratado de Inversiones entre Uruguay y Panamá, “violándose el estándar de trato justo y equitativo”, a la vez que se efectuó una expropiación indirecta de sus inversiones. Por esto la empresa panameña reclamó 861 millones de dólares más intereses. El Estado uruguayo, en su defensa, indicó que denegaba las reclamaciones por objeciones a la jurisdicción y solicitó al tribunal que denegara todas las reclamaciones de Larah. Esas objeciones fueron desestimadas y en su dictamen el tribunal señaló que Uruguay incurrió en una expropiación indirecta de la inversión del Larah.
Dentro del análisis del tribunal se destacaron algunos hechos que acontecieron con Pluna por esos años. Por ejemplo, indicaron que entre abril y mayo de 2012, desde el Estado (propietario del 25% de Pluna) se interrumpió el flujo de efectivo necesario para comprar combustible. También el Estado (como socio de la empresa) se opuso a que Pluna tomara un crédito del banco ING para continuar sus operaciones. A esto se agregó lo que denominaron “una fuerte campaña de prensa contra Pluna, donde múltiples altos funcionarios públicos hicieron declaraciones sobre la gestión y la situación financiera de la empresa”. Se concluyó que tras estos tres hechos, la suerte de la empresa estaba decidida y terminaría con su liquidación. Debido a la situación financiera y la necesidad de inyectar capital, en junio de 2012 Leadgate (propiedad de Larah) transfirió sus acciones a Pluna SA.
El tribunal entendió que se trató en realidad de una expropiación, ya que se llevó a la empresa panameña a entregar las acciones como única opción. La demanda de Larah era por 861,5 millones de dólares. Esa cifra se basaba en las expectativas de ingresos de futuro, pero para el Tribunal era algo muy especulativo. En el fallo se señaló al respecto que existe “la imposibilidad objetiva de prever con razonable certeza la evolución de los ingresos de la compañía en condiciones en las que necesitaba tanto una nueva capitalización como un ajuste de su estrategia, y de prever con suficiente fiabilidad la forma en que el mercado recibiría el aumento significativo de la capacidad ofrecida por Pluna, en términos de tarifa, precios y evolución de costos”. Por eso se basó en otro cálculo: cuánto valía el 75% la empresa en el momento de cierre. La cifra calculada es de 30 millones de dólares, cifra que más intereses deberá pagar el Estado uruguayo y suma en total 56,5 millones de dólares. El dictamen final se conoció en febrero de este año.
Pidieron “indemnidad penal”
El reclamo ante Uruguay lo había iniciado Larah en 2019, siete años después del cierre de Pluna. En esos años hubo un cambio fundamental. El grupo panameño Caballero Verde compró las acciones de Larah y comenzó entonces el juicio, no sin antes intentar cobrarle al Estado.
Pero en las últimas horas se conoció que Larah empezó la ejecución judicial internacional del laudo y embargó cuentas bancarias y activos del Estado uruguayo en Luxemburgo. El gobierno indica que no tiene conocimiento de dicho embargo. Desde el Poder Ejecutivo se emitió ayer un comunicado en el que se indica que “Uruguay siempre estuvo dispuesto –y está dispuesto– a cumplir con sus compromisos legales, y así se lo manifestó en todo momento a Larah”, y agrega que el memorando de entendimiento de fecha 15 de junio de 2012 sigue vigente. Este pretendía dar por cerrado el tema Pluna, y establece la obligación de Sociedad Aeronáutica Oriental SA (SAO). y South American Regional Aviation Holding (Sarah) que en el pasado era Leadgate Investment, de mantener indemne al Estado respecto de la promoción de acciones legales por sus accionistas directos o indirectos. Para el gobierno se considera que SAO y Sarah (cuyo accionista es Larah) “tienen que cumplir con esta obligación y mantenerla indemne por cualquier pago que tenga que hacer relacionado con el laudo, porque el memorando de entendimiento así lo establece”. Por lo tanto, para el Estado no se pueden iniciar acciones para, por ejemplo, proceder a embargos.
También la declaración señala “Uruguay priorizó explorar la posibilidad de alcanzar una solución amistosa que ponga fin al tema de Pluna y pagar el Laudo, [pero] no acepta indemnidad penal solicitada por Larah para los acusados por estafa especialmente agravada por su gestión al frente de Pluna”.
En este sentido se conocieron algunos aspectos de la negociación. El gobierno señaló que se hizo una propuesta económica que, luego de varios meses de negociación, fue satisfactoria para Larah. Pero las negociaciones no prosperaron debido a que la empresa exigió que Uruguay dé por terminado los procesos penales en trámite contra Hugo Sebastián Hirsch, Arturo Álvarez Demalde y Matías Campiani. Estos eran también accionistas de Larah.
“Esto es inadmisible para Uruguay, como para cualquier Estado de Derecho, además de ser violatorio de los principios de separación de poderes y la autonomía técnica de los fiscales”, se señala en el comunicado oficial y se indica que por esta razón Larah se retiró el día 14 de noviembre de las negociaciones. La declaración culmina indicando que “Uruguay mantiene siempre su compromiso de cumplir con todas sus obligaciones legales, pero no está dispuesto aceptar condiciones que violentan flagrantemente la Constitución y las leyes”.
Repercusiones políticas
A nivel político, el senador nacionalista Jorge Gandini dijo en referencia a la situación generada por Pluna que “desde el 2013 hasta este año estamos pagando todos los años una cuota de casi 12 millones de dólares por año al Scotiabank de Canadá porque le salimos de garantía a los bandidos para el crédito que sacaron”. Hacía referencia el préstamo para la compra que hizo Pluna de aviones y para los cuales salió de garantía el Estado. En declaraciones a Radio Montecarlo señaló que el gobierno de Mujica fue quién realizó el cierre de la aerolínea, por lo cual “como si fuera poco, además de las pérdidas que nos dejó Pluna, tenemos otros juicios, uno de los cuales acabamos de perder por 56 millones de dólares. Que está en etapa definitiva, por lo tanto, no se puede volver a litigar y ahora tenemos embargos en aquel país y ahora hay que pagar. Terminamos con la única empresa pública en este país que no cerraron los partidos tradicionales, sino que cerró la izquierda por corrupción cuando hizo ese pésimo negocio con unos bandidos”.
También habló el candidato frenteamplista, Yamandú Orsi, quién dijo que era “horrible que te pasen estas cosas y no nos podamos defender”. En una entrevista realizada por Radio Universal, Orsi dijo “el Estado es uno solo, los gobiernos pasan, tú tienes que hacerte cargo del Estado, entonces, claro, hay hechos que ocurren en un gobierno o en otro”. No obstante aclaró: “Lo que haya pasado en tiempos anteriores no me voy a hacer cargo, yo voy a ser presidente a partir de marzo del año que viene, el que se equivocó, se equivocó”.
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