Con la firma de los senadores Guido Manini Ríos, Guillermo Domenech y Raúl Lozano, Cabildo Abierto presentó un proyecto de ley de artículo único por el cual se prevé la prisión domiciliaria para procesados y condenados mayores de 65 años que se encuentren privados de libertad al momento de su aprobación.
Los impulsores de la iniciativa parlamentaria aclaran que “no se trata de suspender o dejar sin efecto la privación de libertad dispuesta”, sino establecer “un régimen alternativo al cumplimiento de la pena de privación de libertad”.
Lo que se busca es “la protección de la salud, integridad física y psicológica de personas de edad avanzada, catalogadas como de mayor riesgo per los organismos nacionales e internacionales”, se explica en la exposición de motivos.
Además, se indica que la pandemia implica un riesgo mayor para las personas de avanzada edad, sean éstos los privados de libertad como quienes los visitan, y se amparan en el informe del comisionado parlamentario penitenciario al respecto.
Principio de humanidad
El régimen de prisión domiciliaria para aquellos imputados o condenados de edad avanzada “encuentra su justificación en el principio de humanidad o trato humanitario en la ejecución penal ante la situación de superpoblación” del sistema carcelario, agravada por la emergencia sanitaria causada por la pandemia a partir del 13 de marzo de 2020.
En ese sentido, el proyecto de ley “busca proteger a la población de mayor riesgo ante la posibilidad de surgimiento de un brote de COVID-19”, aseguran los senadores firmantes, y hacen hincapié en el peligro que representan para los establecimientos de reclusión las nuevas cepas.
“Al mismo tiempo se trata de reducir la movilidad de quienes concurren a visitar a esa población privada de libertad, que en la mayoría de los casos se trata de cónyuges, parejas, familiares o amigos, quienes también están comprendidos en esa población de riesgo”.
Debido al grado de contagio que ha mostrado la pandemia, “decretar el encarcelamiento de una persona significa bastante más que privarla de libertad” e implica “poner en riesgo su integridad física e incluso su vida, máxime cuando se trata de personas de edad avanzada”.
Además, el proyecto apela a las “recomendaciones de los organismos internacionales de derechos humanos trasmitidas por el comisionado parlamentario penitenciario en el ‘Informe Especial al Parlamento sobre el sistema carcelario ante el COVID-19 (coronavirus) y recomendaciones para los organismos y operadores del sistema de Justicia y Administración de la ejecución penal (Instituto Nacional de Rehabilitación)’”, del 15 de abril de 2020.
Por otra parte se atiende “el grave problema la superpoblación carcelaria” que además de llevar al sistema “al colapso” es un “riesgo” para los adultos mayores que es un grupo particularmente vulnerable.
TE PUEDE INTERESAR
