La ratificación de firmas necesarias para lograr el proyecto Deuda Justa no se alcanzó y ahora el tema pasará a la negociación parlamentaria por parte de Cabildo Abierto.
Con las firmas recolectadas se pensaba impulsar un plebiscito para lograr una reforma constitucional en la que se pusieran reglas sobre las tasas máximas de interés que se deben cobrar, a la vez que habría un amplio abanico para poder refinanciar deudas existentes. Este proyecto presentado por Cabildo Abierto se realizó en un contexto con más de un millón de uruguayos en el Clearing de Informes y se estima que unos 700 mil están en categoría 5 del Banco Central. Estar en esta categoría implica no poder acceder a créditos y a ciertos servicios públicos.
Esto se debe a que si bien se aprobó en la anterior legislatura una normativa por la cual las empresas estatales (a excepción de los bancos) no podían poner como limitante estar en el Clearing para brindar un servicio, en algunos casos el impedimento es que también se controla la Central de Riesgos del BCU y si la persona es categoría 5 no puede acceder, por ejemplo, a la garantía de alquileres que brinda el Ministerio de Vivienda. Tampoco hay ninguna ley que impida que otras empresas públicas pongan como requisito no estar en esa categoría para acceder a un servicio.
El año pasado y visto que Cabildo Abierto lograba las firmas para impulsar el plebiscito (que se planteaba realizar con las elecciones departamentales), el gobierno, junto a la Asociación Nacional de Empresas Administradoras de Crédito de Personas, la Asociación de Bancos Privados del Uruguay y el BROU lanzaron una campaña de refinanciación de deudas que abarcó a 780 mil personas. Si bien se daban interesantes beneficios como ser que las deudas menores a 5000 pesos quedaban sin efecto y la refinanciación de las deudas era hasta en 36 cuotas, sin actualización del capital, intereses, multas, ni recargos, tenía como limitante que el máximo de la deuda contraída debía de ser de 100 mil pesos. A esto se sumaba que el acuerdo voluntario era aplicable a aquellas personas que al 30 de abril de 2022 se encontraban en la categoría 5 de la Central de Riesgos Crediticios y que mantenían igual situación a mayo de 2024. En el programa también se habían sumado la mayoría de los denominados “estudios jurídicos”, o sea aquellos que han comprado deudas y esperan cobrarlas.
El programa estuvo activo desde agosto a noviembre y logró más de 270 mil cancelaciones o reestructuraciones, correspondiendo a unas 190 mil personas. O sea, al programa de reestructura se terminaron adhiriendo un cuarto de los potenciales beneficiarios.
Recolectadas 320.758 firmas
Cabildo Abierto, con el respaldo de algunos dirigentes y referentes de otros partidos, había logrado recolectar 320.758 firmas para impulsar el plebiscito Deuda Justa. Se necesitaba la validación de 272.288 y la Corte Electoral dio como válidas 245.134, por lo cual el faltante era de 27.154 firmas. Se habían rechazado 76.624 firmas por diferentes motivos. De estas y por entenderse que no coincidía la firma de la credencial con la que estaba en la papeleta, había 45.600. A solicitud de Cabildo Abierto, la Corte Electoral llamó a una ratificación de firmas, o sea que las personas a las cuales se le había anulado su firma podían presentarse en dos únicos días en las oficinas electorales para confirmar que lo habían hecho. Esta actividad se realizó el domingo y lunes pasado.
Pero no se alcanzó la meta. El presidente de Cabildo Abierto y líder del partido, Guido Manini Ríos, dijo a través de un mensaje por la red X: “Finalmente no hubo suficientes ratificaciones de firmas y no habrá plebiscito contra la usura y por una deuda justa”, y acotó: “Es lamentable que el sistema político se haya puesto del lado de los usureros y nos haya dejado solos. ¡Desde Cabildo Abierto seguiremos defendiendo a los deudores!”.
“Algunos ni se enteraron”
La Mañana dialogó con Anthony Murad de la agrupación cabildante Revolución Oriental-Lista 202 sobre el trabajo realizado para lo que fue el proceso de ratificación de firmas. “La voluntad de la gente de que esto saliera adelante era notoria”, destacó Murad. Sin embargo, dijo que muchos ciudadanos se acercaban a los lugares habilitados por la Corte Electoral, sin siquiera saber si su firma había sido aceptada o rechazada, evidenciando un problema en la comunicación del proceso. “Estoy seguro de que la amplia mayoría de quienes firmaron y su firma estaba cuestionada ni siquiera se enteraron de que tenían que ratificar la misma”, sostuvo.
Uno de los puntos más polémicos ha sido el descarte masivo de firmas. “La Corte Electoral no cuenta con peritos calígrafos. Las personas encargadas de validar las firmas no tienen preparación específica”, dijo Murad. Según el dirigente, la validación se basó en meras similitudes visuales, lo que llevó a la anulación de 45.600 firmas en todo el país. Para él, el método más confiable sería que las papeletas para plebiscitos incluyeran la huella dactilar, aunque reconoce que el sistema está diseñado de otra manera. Murad subrayó la necesidad de seguir luchando por la causa que impulsó la recolección de firmas: “Hay más de un millón de personas afectadas por el endeudamiento y el sistema político no está haciendo nada para solucionarlo. Nosotros no vamos a bajar los brazos”.
“Nunca pasó esto antes”
Víctor Prado es edil de lista 4 Unión Vecinal, del Partido Nacional. A él también se le anuló la firma, por lo cual concurrió al local de la Junta Electoral de Ciudad Vieja para ratificarla. Pero relató a La Mañana las complicaciones que enfrentó para poder hacerlo, ya que su credencial fue sacada en Villa Colón, pero actualmente vive en otra zona. “Vine a la central de la Corte, pero no aceptaban mi firma aquí. Me mandaron al local de mi credencial, que estaba en Colón”, contó Prado, lo que mostraba también otras complicaciones para quienes querían realizar la ratificación. Conocedor del ambiente político por muchos años, se mostró sorprendido por la cantidad de firmas rechazadas. “Es imposible que más de 40 mil firmas hayan sido descartadas. Nunca pasó esto antes”, sostuvo.
Más allá de los obstáculos burocráticos, subrayó la importancia de la iniciativa. “Yo apoyé esta causa porque la usura es un problema real. Hay casi un millón de compatriotas atrapados en deudas impagables y nadie hace nada al respecto”, lamentó. También dijo que firmar “fue una decisión personal, tampoco convoqué a mi movimiento ni a mi agrupación. Pero parece que la gente no toma conciencia y sigue permitiendo que los sigan endeudando con intereses abusivos”. Respecto a la posibilidad de que el tema vuelva a ser tratado en el Parlamento, se mostró escéptico. “Hay muchos intereses de por medio. Las financieras y los bancos son los grandes ganadores de todo esto, y evidentemente van a meter presión para que nada cambie”, indicó.
Mario Sosa fue delegado de Cabildo Abierto en las mesas de ratificación de firmas de la Corte Electoral en Ciudad Vieja. Señaló que un proyecto de reestructura se puede replantear nuevamente, aunque también manifiesta que parece existir un “desinterés general con el problema de la usura”. Acotó que “hay un millón de uruguayos en el Clearing y solamente firmaron 320 mil por este proyecto que los sacaba de esa condición y también atacar la usura. Por lo tanto, tenemos a 700 mil uruguayos que aún pueden apoyar este tipo de iniciativas en el futuro”.
Plantearlo en el Presupuesto
El diputado de Cabildo Abierto, Álvaro Perrone, analizó el proceso de recolección de firmas para el plebiscito sobre el endeudamiento y los próximos pasos en la búsqueda de soluciones legislativas para miles de uruguayos. En una entrevista con el programa En Perspectiva (Radiomundo), Perrone reconoció que el proceso de recolección de firmas estuvo marcado por desafíos logísticos y limitaciones. “Nosotros no tenemos una estructura como el Pit-Cnt, donde hay personas con fueros sindicales dedicadas a la militancia las 24 horas del día”, explicó.
En cuanto a los resultados, el diputado aseguró que, si bien no se alcanzó la ratificación completa de las firmas necesarias, el impacto fue significativo y “la problemática del endeudamiento quedó en agenda, y algunos aspectos comenzaron a cambiar con iniciativas legislativas”.
El legislador adelantó que Cabildo Abierto planea convocar al Banco Central, a la empresa de información crediticia Clearing de Informes y a la banca a la Comisión de Hacienda del Parlamento para evaluar cuál fue el impacto de la reestructura de deudas llevada adelante el año pasado por bancos y empresas de crédito. “Queremos saber cuántos uruguayos lograron salir del Clearing, cuál es la situación del endeudamiento y qué medidas pueden tomarse a futuro”, detalló. Con estos datos Perrone propone trabajar en un nuevo proyecto de reestructura.
Cabildo Abierto ya había intentado impulsar una solución a través del Parlamento, pero no contó con el apoyo necesario. “Siempre se nos dijo que se iba a encontrar una solución desde los otros partidos, pero los tiempos parlamentarios se fueron extendiendo y no se llegó a nada. Fue por eso por lo que arrancamos tarde con la recolección de firmas”, señaló Perrone.
Ahora, el legislador apuesta a incluir el tema en las negociaciones del Presupuesto y la Rendición de Cuentas. “Lo que aprendí en estos cinco años como legislador, es que para que las cosas salgan hay que discutirlas en el Presupuesto o en las Rendiciones de Cuentas. Presentar proyectos de ley lleva a discusiones eternas que difícilmente avanzan”, afirmó.
Con la Ley de Presupuesto prevista para setiembre u octubre, Cabildo Abierto planea redactar una nueva propuesta legislativa para intentar incorporar el tema en las negociaciones. “Sabemos que es un problema real y todos los partidos han reconocido que hay que buscar una solución. Vamos a trabajar para que eso suceda”, concluyó Perrone.
