La ley podría aprobarse antes de fin de año. El proyecto está compuesto por 35 artículos, que fijan límites al valor de las donaciones y restricciones a su origen. También prevé sanciones.
Se espera para la semana próxima la aprobación en la Comisión Especial para el Financiamiento de la Democracia de la Cámara de Diputados de la ley de financiamiento de los partidos políticos y que antes de fin de año se convierta en ley tras su votación en Senadores y Diputados. El proyecto es una iniciativa del Partido Colorado, Frente Amplio y Partido Independiente. El último intento de aprobar una norma de este tipo se había realizado en 2018, pero por un voto (el del entonces diputado Darío Pérez) el Frente Amplio, aunque tenía mayoría parlamentaria, no logró su aprobación. Uno de los puntos criticados de ese proyecto es que se prohibían las donaciones de las empresas y solo las podían hacer los particulares. La ley vigente es de 2009 y se la considera obsoleta, ya que no ejerce control y es más que nada una declaración de ingresos y egresos de los partidos.
El proyecto que se espera votar ahora tiene 35 artículos. En lo referente al financiamiento, en su artículo 6 establece que “podrán recibir aportes, donaciones y contribuciones, sea en dinero o en especie, de personas físicas o jurídicas debidamente identificadas que no reciban subsidios o subvenciones del Estado”. En el artículo 7 se señala que “se podrá donar, en dinero o en especie, hasta el equivalente en pesos uruguayos de trescientas mil unidades indexadas durante cada una de las campañas electorales internas, nacionales, departamentales y municipales”, o sea unos 43 mil dólares a valores de hoy. Ese mismo artículo hace referencia a los aportes que realizan los propios candidatos. En ese caso se establecen los siguientes límites: para candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia de la República hasta un millón de unidades indexadas, unos 145 mil dólares, y para candidatos a cargos de senadores, diputados e intendentes departamentales hasta ochocientos mil unidades indexadas, cuyo equivalente son cien mil dólares.
Otro punto es de dónde puede provenir el dinero. Sobre las prohibiciones en este sentido, el artículo 9 indica que “no podrá provenir de personas jurídicas no autorizadas, de empresas concesionarias o adjudicatarias de obras públicas, de asociaciones u organizaciones, aun cuando carezcan de personería jurídica, sea que tenga objeto civil, profesional, laboral, político, religioso, gremial, sindical, tengan o no fin de lucro, sean nacionales o extranjeras y tampoco de estados, gobiernos y gobernantes extranjeros”. Y se establecen las sanciones indicando que “la persona física o jurídica o la organización o entidad sin personería jurídica que realice una donación, aporte o contribución en dinero o en especie, que contraríe lo dispuesto por esta ley, quedará inhibida de integrar el Registro Único de Proveedores del Estado por un período de cinco años” (artículo 27).
Dos documentos fusionados
El presidente de la referida comisión, el diputado colorado Conrado Rodríguez, en diálogo con La Mañana explicó que en un comienzo existían dos documentos en la comisión, uno del Partido Colorado y el Partido Independiente, y otro del Frente Amplio, que establecía modificaciones sobre el proyecto de ley original que venía de la anterior legislatura. Lo que se hizo fue armonizar estos documentos, unificándolos en uno solo, con el acuerdo de los tres partidos.
Ayer se recibió a la Corte Electoral y al Tribunal de Cuentas para que opinaran sobre el documento unificado. La Corte Electoral solicitó una semana para realizar comentarios. También se esperaban los comentarios del Partido Nacional, Cabildo Abierto y el Partido de la Gente sobre la iniciativa, aunque los votos en el plenario están: entre colorados, frenteamplistas e independientes se llega a 57 en 99. También el PERI estaría apoyando la iniciativa. El Partido Nacional no lo votaría ya que considera que hay artículos inconstitucionales.
Consultado el diputado Rodríguez por cuáles son los principales puntos del proyecto, destacó que existen mecanismos de control sobre financiamiento de las campañas políticas y potestades sancionatorias desde la Corte Electoral, las cuales no existían. También cumple un rol específico el Tribunal de Cuentas, quien tiene que auditar los fondos que reciben los partidos políticos y sus rendiciones de cuentas. “El Tribunal de Cuentas estará fungiendo como auxiliar de la Corte Electoral, ya que esta debe de tener la rectoría del cumplimiento de la ley. Por lo tanto, es la Corte Electoral quien tiene la última palabra a la hora de decidir si se cumplió o no con la normativa de financiamiento”, dijo Rodríguez.
Sobre el presupuesto de la Corte Electoral para encarar esta nueva tarea, el legislador recordó que “en las últimas rendiciones de cuentas se le otorgó un aumento a la Corte Electoral, pero sin perjuicio de ello, en la medida en que agregamos una colaboración por parte del Tribunal de Cuentas en los controles, entendemos que la Corte Electoral puede llevar adelante la aplicación de la ley. El Tribunal de Cuentas tendrá a su cargo auditar los fondos que reciben los partidos. La Corte Electoral tiene que chequear si se cumplió con cada una de las normas de financiamiento y actuar en consecuencia cuando no se cumplan”.
“Lo que esperamos desde la presidencia de la Comisión es lograr el mayor consenso posible con todos los partidos políticos, porque se trata de un tema que atañe a toda la democracia y en el cual se ha venido trabajando mucho desde hace seis años. Sería una muy buena señal que todos los partidos políticos acordaran sobre un mismo texto”, sostuvo Rodríguez.
En cuanto a la demora de seis años en aprobar una modificación a la norma, el diputado colorado dijo: “Justamente, no se buscaron los consensos dentro del sistema político. El Frente Amplio decidió llevar el proyecto de ley en el anterior Gobierno de buenas a primeras al plenario de la cámara, cuando nos habían solicitado a la entonces oposición que presentáramos modificaciones. Eso se hizo, pero ni siquiera se discutieron. Entonces ese proyecto no era apoyado por el Partido Colorado, el Partido Nacional y el Partido Independiente, y luego tampoco lo respaldó el diputado del Frente Amplio Darío Pérez y entonces naufragó”.
En esta legislatura, en 2020, “el Gobierno entendió oportuno volver a crear una comisión para tratar el tema. Es cierto que se fue demorando más de la cuenta, fruto de que la mayoría de los legisladores que estamos en esta comisión también participábamos de otras, como la de la reforma de la Seguridad Social. Concluida esa etapa, entendimos de era de orden darle un reimpulso al proyecto”, sostuvo el legislador.
En Cabildo Abierto se está estudiando cómo quedó redactada la iniciativa, pero ya a comienzos de septiembre se señalaba la necesidad de que se aprobara un proyecto en ese sentido. El líder de CA, Guido Manini Ríos, había señalado que la ley de financiamiento de los partidos políticos “es necesaria y de una vez por todas tenemos que lograr los acuerdos para tener las mayorías”. En la audición radial partidaria del 12 de septiembre indicaba: “Ojalá que se apruebe por unanimidad en este periodo antes de que entremos en el año electoral. Es la forma de evitar ese desprestigio creciente que se va produciendo sobre la clase política, ese descreimiento en la sociedad que termina no creyendo en nada y la ciudadanía empieza a buscar, a veces en soluciones drásticas o totalmente inaplicables, cambios sustanciales pensando que por ahí va a venir la mejora de su calidad de vida”.
Fines de noviembre se trataría ley de financiamiento de los partidos políticos
Al cierre de esta edición, la Cámara de Representantes acordó que el tratamiento del proyecto de ley de financiamiento de los partidos políticos se realizará en una Sesión extraordinaria fijada para el 28 de noviembre a las 11horas.
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