Quería ser médico, pero su madre lo convenció de que fuera abogado y con el tiempo se abocó a la seguridad pública, una temática que le despertaba gran interés. Sus primeros pasos en el Ministerio del Interior datan de más de dos décadas, y con el cambio de gobierno aceptó volver, debiendo enfrentarse a grandes desafíos en una realidad marcada por quince años de “fracasos” en la política de seguridad. En diálogo con La Mañana, el especialista explicó la importancia de los cambios en la materia dentro de la LUC y destacó la gestión realizada hasta el momento en el combate al narcotráfico.
¿Dónde nació y cómo recuerda sus primeros años?
Nací en Nueva York, pero de casualidad. Mi padre estaba haciendo un curso de soldador especializado allá y mi madre quería estar con él cuando yo naciera. Logró viajar y yo nací en pleno invierno, en febrero. Mi mamá estaba en un apartamentito, sabiendo poco inglés, pero con vecinos muy macanudos. Cuando comenzó el trabajo de parto estaba sola, mi papá no podía llegar por la nieve, y los vecinos llamaron al 911. Llegaron los patrulleros y la querían atender ahí, pero protestó y la llevaron a un hospital. A los 16 días estábamos viajando a Uruguay. Así que tengo doble nacionalidad.
¿A qué se dedicaban ellos?
Mi madre era ama de casa, estudió Relaciones Públicas y trabajó vendiendo seguros de auto. Mi padre venía de una familia muy humilde, con problemas económicos, y lo mandaron a la Escuela Naval, porque tenía alimentación y así hacía una carrera. Llegó hasta capitán de navío de máquinas. Después se dedicó a emprendimientos personales con una empresa de representación de marcas, pero su gran fascinación era la soldadura.
Mi papá tenía facilidad, a diferencia de mí, para matemáticas, física y química. Y mi mamá era una abogada frustrada: quería estudiar, pero nació en una típica familia italiana de antaño donde la mujer tenía que ser ama de casa y cocinarle al marido. Le impidieron estudiar de joven. Mi padre tenía la obsesión de que yo estudiara Ingeniería, y mi madre de que siguiera Derecho. Si me preguntaban a mí, decía Medicina.
¿Y por qué no hizo Medicina?
Es una muy buena pregunta. Igual estoy contentísimo con la abogacía, influenciado por mi mamá en gran medida. Cuando entré en preparatorios tenía más amigos en las carreras de Ciencias Sociales y en Medicina tenía pocos. Me quedó la duda de cómo hubiera sido estudiar eso. De mis tres hijos, mi hija sigue Medicina, y admiro su vocación por una carrera tan exigente, rigurosa y larga.
Decía que en el liceo ya se perfilaba para hacer Derecho, influenciado por su madre.
Tenía cierta incertidumbre, pero finalmente hice Derecho y la carrera de doctor en Diplomacia –hoy sería licenciatura en Relaciones Internacionales–. Ahí también me equivoqué, porque tendría que haber hecho Notariado, que me hubiera dado más base.
La materia Ciencia Política me gustó mucho. Me recibí cuando volvía la democracia, entonces la efervescencia política era muy fuerte. Se venían las elecciones y eso me apasionaba.
Sentí una gran vocación por la docencia, que es lo que más me gusta, y empecé la carrera de profesor adscripto en la Facultad de Derecho (Udelar). Después concursé allí y comencé a dar clases de Ciencia Política, y así llevo 36 años.
¿Cuándo se vinculó con la militancia partidaria? ¿Por qué en el Partido Colorado?
Cuando volvió la democracia, la mayoría de mis amigos estaban con la Lista 85. Me entusiasmaba mucho la figura de Tarigo, que era docente de facultad y transmitía con una gran claridad. Jorge Batlle también tenía un magnetismo especial. Yo empecé la militancia en la Lista 15. Ir a escuchar a Jorge era una cosa maravillosa.
Mis padres eran votantes del Partido Nacional, pero en mi casa no se hablaba de política, no era un tema de mesa; sí lo era la preocupación por los problemas del país, la educación, la importancia de progresar en la vida.
¿De qué manera comenzó a especializarse en seguridad pública?
Más adelante, alguien me regaló un librito sobre investigaciones policiales y me encantó. Una especie de CSI, pero técnico. Comencé a leer mucho sobre seguridad pública porque me interesaba.
Cuando asumió Luis Hierro López en 1998 como ministro del Interior, yo era amigo de un asesor suyo y le dije que me encantaría colaborar en lo que fuera. Hierro López le dijo que sí y empecé como asesor honorario en el ministerio.
Yo era abogado del Departamento Jurídico de la Intendencia de Montevideo y trabajaba en una empresa de marcas y patentes. Cuando cambiaron de ministro y vino Guillermo Stirling, también me recomendaron con él y comencé a colaborar en prensa y asesoramiento. Tenía que acercarle ideas y proyectos para hacer. Pasaron varios meses y me propuso ser director general de Secretaría, y acepté.
Luego, siguió en el cargo durante el período de Batlle.
Sí. En el gobierno de Jorge, Stirling fue nuevamente designado ministro y quería que yo siguiera en su equipo. Yo me llevé algunas críticas, como le pasó a Larrañaga, por hacerme hincha de la policía. Cuando conocés a la familia policial, te sentís muy orgulloso (se emociona).
El funcionario policial hace un esfuerzo enorme, está al servicio 24 horas, arriesgando su vida e integridad física. La familia lo saluda al irse y no sabe si vuelve. Ir a un velorio y sepelio de un policía es durísimo. Me apasionó observar el sacrificio de la policía y ver cómo desde el Poder Ejecutivo podés solucionar los problemas de las personas.
Lo que tiene la actividad acá es que te va absorbiendo mucho. El único mal sabor que me quedó es que no tengo recuerdos de mis hijos cuando eran chicos, porque vivía en el ministerio. Que mis hijos dijeran “a papá lo vemos en la tele”, era un golpe. No recuerdo jugar con ellos, salvo algún fin de semana o feriado. Me encantaba estar acá, pero perdí parte de la vida de mis hijos.
“De todos los augurios nefastos tras la aprobación de la LUC de gatillo fácil, de abuso policial, ninguno se cumplió”
Guillermo Maciel
En vista de su experiencia pasada en el Ministerio del Interior, ¿qué cambió en materia de seguridad en los últimos 20 años?
Cambió el mundo, cambió el país. Ningún gobierno quiere que le vaya mal en ninguna área y ningún gobernante quiere perder las elecciones, para seguir profundizando cambios. Pero los hechos demuestran que en materia de seguridad pública los 15 años de gobierno del Frente Amplio fueron un fracaso. Ninguno de los ministros logró implementar una política que le diera seguridad a la gente.
Comenzamos con un ministro que pensaba que la solución para mejorar la seguridad era liberar presos, en plena democracia, juzgados por una Justicia independiente con todas las garantías. Fue un error garrafal que se pagó muy caro.
Luego de eso vino una visión ideológica de la seguridad pública, que no es de derecha, de izquierda ni de centro. El delincuente tiene otra mentalidad. Se falló también en la rehabilitación, no se logró bajar la reincidencia, y las cárceles que heredamos son de terror.
¿Qué desafíos implicó esto para el gobierno actual?
Este gobierno arrancó con un gran desafío: prometió un cambio en política de seguridad. La primera acción del presidente Lacalle fue reunirse con los jerarcas del Ministerio del Interior para dar indicaciones, como buscar resultados y estar en la calle con la gente. En eso hemos estado, primero con Larrañaga y ahora con Heber, codo a codo haciendo un esfuerzo para revertir la situación.
Llevamos 15 meses con una tendencia a la baja de los delitos, y también rompimos el concepto de la impunidad. Tenemos casi 2000 presos más, o sea, no solamente logramos bajar los delitos, sino llevar más delincuentes frente a la Justicia. Pero no estamos conformes, queremos seguir mejorando.
Hay quienes dicen que la pandemia ayudó a que bajaran los delitos, dado que había menos gente en la calle.
Yo he escuchado eso, pero hay un solo trabajo académico, de Ignacio Munyo, que dice que, en países como Chile, Argentina y Brasil, donde hubo cuarentena obligatoria o toque de queda, aumentó el delito. Entonces, no es que viene la pandemia y el delito baja. Y en Uruguay hubo libertad responsable. Los chorros no hacen cuarentena, no están preocupados por eso. Aparte, acá se incrementó la movilidad y pese a eso los delitos siguieron bajando.
Recién nombró el objetivo cumplido de llevar más personas ante la Justicia. ¿Es posible la rehabilitación con el sistema carcelario actual? Expertos en seguridad han advertido que muchas veces los presos al pasar más tiempo en la cárcel, se especializan en nuevas prácticas para delinquir.
Estamos recorriendo todos los departamentos. Al visitar las cárceles te encontrás con dos realidades: una de chacras y de trabajo, con una cantidad de reclusos que se quieren rehabilitar, y otro porcentaje mucho más complejo, de esos que dicen que son imposibles de rescatar.
Nosotros no damos un alma por perdida, queremos hacer un esfuerzo por todos. ¿Están dadas las condiciones para hacerlo? No. Por ejemplo, hay dos Comcar: uno con gente que se quiere recuperar, y el otro, ubicado de la mitad para atrás, que la tiene mucho más difícil.
¿Cuánto depende del recluso y cuánto de las herramientas del Estado?
Va en las dos cosas. El otro día un operador penitenciario me dijo algo que me dejó helado: “es muy difícil rehabilitar a alguien que no está habilitado”. Me contó que en un módulo estaban todos los cables pelados, habían arrancado los cables y ahí conectaban cosas, como una estufa. Entonces fueron con un electricista y colocaron una caja llena de enchufes. A la media hora, la habían destrozado. La excusa fue: “nos pusieron la tapa esta para que no pudiéramos conectarnos”. Es que no conocían un enchufe, en el contexto crítico en el que vivían no había, se conectaban a cables.
Hay un trabajo educativo más profundo para hacer. Si a esto le sumás un consumo problemático de drogas, cuya incidencia es altísima en la población carcelaria, ahí tenés que trabajar con la Cátedra de Psiquiatría de la Facultad de Medicina. Además, hay problemas entre los reclusos por deudas, por venganzas, por lucha de territorio. Lo que hay que hacer es restablecer la autoridad y la convivencia.
Pero, ¿el Estado les está brindando instrumentos parar recuperarse?
El director de Convivencia y Seguridad Ciudadana (Santiago González) y el director de Cárceles (Luis Mendoza) están haciendo un esfuerzo formidable, desarrollando el Plan Dignidad. Hay muchos más reclusos que estudian y trabajan. Algunos dormían en el piso y ellos mismos construyeron 1800 camas con madera donada, y no las han roto. Hay un proyecto de construir más módulos y eso va a dar más oxígeno.
En el interior cerramos la cárcel de Flores, una prisión inhumana de 1840 que parecía una mazmorra. Hoy están en una chacra en Durazno, donde tienen posibilidades laborales. Y vamos a cerrar tres cárceles más en la medida que podamos construir unos galpones. Estamos cerca de lograr la forma de financiación para hacerlo.
“Llevamos 15 meses con una tendencia a la baja de los delitos y rompimos el concepto de la impunidad”
Guillermo Maciel
¿Cuál es la importancia de los cambios en la LUC en materia de seguridad? Por un lado, este gobierno defiende las herramientas que se brindan para combatir el delito, pero, por otro, la oposición advierte que se puede dar lugar al gatillo fácil.
De todos los augurios nefastos tras la aprobación de la LUC de gatillo fácil, de abuso policial, ninguno se cumplió. Pasó más de un año desde que se aprobó la LUC y nada de eso ocurrió. ¿Qué pasó? Que se les acabó la impunidad a los delincuentes, se empezó a respetar a la policía, que se siente respaldada política y jurídicamente. En 33000 funcionarios, seguramente alguno se desvíe, pero la mayoría son honestos y trabajadores.
El respaldo jurídico es fundamental. ¿A alguien le parece bien escupirle a un policía? ¿Tirarle una botella por la cabeza? ¿Mancharle el uniforme con pintura? ¿En qué país civilizado, democrático y republicano se admite eso? La LUC ha sido un instrumento formidable de transformaciones, en cumplimiento con el mandato de la ciudadanía.
También hay cambios en el Código de Procedimiento Penal, que tenía graves falencias, y se mejoraron normas en el Código Penal. Todo eso ha sido una señal hacia la delincuencia, y en particular al narcotráfico. Al delito ni un minuto de tregua y al narcotráfico ni un segundo de tregua. Es la madre de todos los delitos.
Extraditamos a un narcotraficante muy peligroso de apellido González Valencia a Estados Unidos, que llevaba muchos años de trámite y este gobierno lo logró. Eso les marcó a los narcotraficantes que Uruguay no los apaña.
¿Qué implicó para la imagen del país la captura de Morabito luego de lo sucedido?
La fuga de Rocco Morabito, que fue de película, lamentable y patética para la imagen del país, le hizo mucho mal al Uruguay, con el enojo justificado del gobierno italiano. Ahí había un debe y empezamos a trabajar con las autoridades italianas. Fue un trabajo lento pero constante, de inteligencia y de investigación, y logramos dar con su localización. Eso le devolvió la seriedad al país y fue un mensaje muy fuerte para el narcotráfico.
¿En qué medida influyen los grupos internacionales como el PCC de Brasil en el crimen organizado uruguayo?
Inteligencia e Investigaciones hacen un seguimiento de eso, sobre lo cual no puedo revelar detalles. Siempre estamos atentos a ese tipo de grupos porque no queremos que Uruguay se transforme en un país de tránsito de drogas. Nosotros detuvimos casi una tonelada de cocaína que iba a salir del puerto escondida en vehículos.
Recordemos que el puerto y la Aduana no son competencia del Ministerio del Interior. Lamentablemente, apareció una tonelada de droga en España; ya fue formalizada una persona por eso. Y el Ministerio de Economía está por licitar tecnología para limitar este tipo de situaciones en el puerto.
En el control de fronteras, la Ley de Derribo es otra señal dentro de la LUC en el área del Ministerio de Defensa. Pongámonos dos minutos en los zapatos del narcotraficante: ¿Dónde podía volar en avioneta a baja altura porque sabía que no iba a pasar nada y no tenía Ley de Derribo? En Uruguay. Estamos combatiendo eso.
La lucha contra los clanes familiares
Uno de los problemas con los que se encontró este ministerio fueron los clanes familiares que actúan en barrios como el Cerro y Jardines del Hipódromo, desalojando violentamente a familias para instalar bocas de drogas y de venta de armas. Igualmente, según explicó Maciel a La Mañana, en algunos casos la vivienda se vende y se cede, sin que haya un desalojo forzoso. En este asunto se está haciendo un trabajo “minucioso” por parte de la Dirección de Convivencia y Seguridad Ciudadana.
“Hay peleas entre bandas criminales y luchas por territorio, eso pasa en todo el mundo. De hecho, muchos asesinatos son por venta de estupefacientes y temas de narcotráfico”, comentó.
Dijo también que varios clanes familiares están en prisión. A veces, desde dentro de la cárcel, a través del uso ilegal de medios tecnológicos, mantienen contactos y siguen manejando situaciones de afuera, pero “se está haciendo un esfuerzo en contra de eso”, aseguró.
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