El pasado domingo tuvieron lugar las elecciones para integrar los 3 cargos sociales en el Directorio del BPS (Banco de Previsión Social) compuesto por siete miembros, 4 de los cuales, son designados por el Poder Ejecutivo.
En esta elección la izquierda no salió bien parada. ¡Pero cuidado con creer que fue un triunfo del gobierno!
Esta elección por voto secreto y obligatorio es una de las grandes conquistas que forma parte del paquete de medidas que tanto enriquecieron a la Democracia, con la promulgación de la Constitución de 1967. Que su vez se inspira en la visionaria Carta Magna de 1934 inspirada en el concepto artiguista de soberanía popular. Una visión renovadora de lo que debe ser una Democracia sin excluidos.
En esta elección que participó el 77% del 1.800.000 habilitados para sufragar fue un éxito rotundo. Fue casi el mismo porcentaje (1% menos) de la del 2016 pero con menos votos en blanco y anulados con un número mayor de habilitados. Rápidamente se va consolidando el mecanismo participativo.
Con el respeto que nos merecen los distintos puntos de vista, debemos admitir que esta subasta por quién logra la mayor ortodoxia en la difusión de lo políticamente correcto, tiende una cortina de humo que provoca cierta amnesia en la gente y oscurece esta secuencia de conquistas cívicas.
Hay muchos que han llegado hasta afirmar que se trata de la primera elección por sufragio popular de directores del organismo previsional. Otros manifiestan malestar porque el voto sea obligatorio. Y algunos se sienten contrariados por los resultados.
Para los primeros un poco de historia.
Durante el gobierno de Luis Alberto Lacalle se instrumentó un mecanismo por el cual los representantes de los empresarios y los trabajadores eran nombrados por el Poder Ejecutivo a partir de ternas mientras que para los pasivos se organizó un acto electoral (Luis Colotuzzo)
En el 2001 los empresarios se pusieron de acuerdo en presentar una lista encabezada por la Cra. Elvira Domínguez pero mediante un decreto se dejó sin efecto esta iniciativa y se mantuvo por un año más a Roberto Acle y luego completó los 4 años siguientes Mario Menéndez.
Recién en marzo de 2006 se realizaron elecciones con la tónica del domingo pasado con la participación de 825.456 sufragados. En el sector empresarial, se impuso la candidatura de Elvira Domínguez, que fue reelecta en los dos periodos subsiguientes. En este orden votó el 90% de los habilitados.
En el sector activos, donde hubo un único candidato, Ariel Ferrari resultó reelecto con un 58% de los sufragios, hubo un 33% de votos en blanco y un 9% fueron anulados. Aquí votó el 87% de los habilitados. En el orden de pasivos votó el 59% y se impuso la Lista 1, que impulsaba la candidatura de Geza Stari, con un 38%.
Luego el 27 de marzo del 2011 con 1.264.907 de personas habilitadas para votar. Y así llegamos al 2016 con los 1.520.000 habilitados y 1.156.644 votos emitidos por los 3 órdenes.
Es evidente -y es natural que así suceda- hay un importante porcentaje, que oscila de elección a elección, de votos en blanco. Pero eso no debería dar lugar a los abolicionistas del voto obligatorio.
Las investigaciones entienden que con el voto voluntario quedan excluidos, los periféricos, los más débiles.
Esta apuesta al voto censitario, es una actitud elitista, propia de un liberalismo individualista en boga en el siglo XIX. Filosofía que impregnó a nuestro país de aquel entonces, justificando que los diferendos políticos se dirimieran por las armas. Cuando desaparecían los caudillos, el gaucho quedaba desamparado, como le canto Hernández a Martín Fierro.
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