El senador Manini Ríos fue contundente al momento de fundamentar su apoyo al proyecto de ley aprobado en el día de ayer por las dos Cámaras. “Ante situaciones excepcionales se requieren medidas excepcionales”, sostuvo el líder de Cabildo Abierto. Aunque se la pueda acusar de algo tímida, la medida constituye un paso en la dirección correcta, ya que sirvió para evidenciar un giro no menor en la dirección de la política económica. Pero, ¿qué explica este cambio?
Para hacer frente a los efectos económicos provocados por la pandemia, los países desarrollados impulsaron fuertes estímulos fiscales y monetarios, en un intento por compensar la abrupta caída en los ingresos de las familias y empresas afectadas por los cierres. Del mismo modo que un equipo de primeros auxilios responde a un paciente con una fuerte hemorragia, los principales economistas del mundo concordaron que el objetivo inmediato era inyectar dinero en los bolsillos de la gente, cosa de poner un piso a la caída en los niveles de consumo, y con ello evitar un desplome de la economía y un aumento en los niveles de desigualdad. Pero una vez terminada la pandemia, los niveles de consumo se recuperaron rápidamente, demanda que no pudo ser atendida por una adecuada oferta de bienes y servicios. El corolario es que la inflación se ha disparado en todo el mundo, fenómeno que se refuerza aún más con el conflicto desarrollado en Ucrania.
Como todo movimiento de precios, este produce ganadores y perdedores. En un extremo se encuentran los sectores vinculados al sector agroexportador, los cuales se benefician directamente del aumento en el precio de las materias primas. En el otro se encuentran aquellos que reciben ingresos fijos, y que representan a la gran mayoría de la población en cualquier país. Este fuerte cambio de ingresos relativos naturalmente provoca tensiones políticas, lo que obliga a los gobiernos a tomar medidas proactivas en lugar de quedarse a esperar por la “teoría del derrame”. Italia, por ejemplo, decidió la semana pasada gravar las ganancias extraordinarias que están obteniendo los productores de energía, lo que permitirá solventar una asistencia adecuada a las empresas y familias en dificultades, sin que ello implique costos adicionales para el fisco italiano. Insospechado de “tendencias dirigistas”, el primer ministro italiano Mario Draghi ofreció de esta manera una clara señal de pragmatismo y ejecutividad en un momento clave para la economía mundial. El expresidente del Banco Central Europeo ya había cumplido un rol crucial durante la crisis financiera que años atrás azotó a los países del Mediterráneo. Enfrentando las “ortodoxias” de turno, Draghi logró frenar el embate de los especuladores, anunciando que “haría todo lo que fuera necesario” y evitando un desenlace con final abierto.
Francia tampoco se ha quedado atrás. Presentando la semana pasada un “plan de resiliencia económica y social”, el primer ministro Jean Castex confirmó que “el Estado estará allí” para proteger a hogares y empresas de las consecuencias inmediatas del shock provocado por el aumento en el precio de los alimentos y la energía. Entre las medidas anunciadas se encuentra un subsidio de 15 centavos por litro de combustible en los surtidores a cargo del Estado francés, lo cual sería complementado con “un gesto adicional” que el gobierno francés reclama a las compañías petroleras privadas.
En la misma dirección que los dos referentes europeos, ayer el Parlamento uruguayo aprobó una rebaja en el IVA para el asado de tira, la que tendrá vigencia por treinta días. Evidentemente la medida no es suficiente en atención a la magnitud de las circunstancias actuales, pero va por el camino correcto. Probablemente en las próximas semanas será necesario extender la medida a otros productos de la canasta básica, lo mismo que alargar la vigencia de las rebajas hasta que el panorama aclare. Lo importante es que por primera vez en años se discute la intervención del Estado en el mercado de bienes, lo que seguramente permitirá una discusión más abierta sobre los múltiples oligopolios que el astoribergarismo –y sus socios del sindicalismo caviar– permitieron germinar dentro de la economía nacional.
Hoy ese monstruo se convirtió en una hidra de siete cabezas, alimentado por el mismo Estado a través de barreras de importación que protegen convenientemente a aquellos que gozan de posiciones dominantes, de generosas exenciones fiscales a importadores y grandes superficies, así como de vínculos promiscuos con el poder. Todas estas fuerzas van en la dirección contraria del sano funcionamiento de ese mercado que nominalmente muchos dicen defender, peligros sobre los cuales bien advirtió claramente el ministro Ludwig Erhard, cuando en 1957 pasó la ley antimonopolio en Alemania.
Finalmente, es absolutamente importante que el sistema político no se deje marear con el aumento en el precio de los commodities. Los precios actuales no son como en el ciclo anterior, resultado de una mayor demanda por parte de China o India, sino consecuencia de la restricción en la oferta y la gran incertidumbre mundial. En efecto, los costos de fertilizantes y agroquímicos se han disparado también, en algunos casos en una mayor proporción que la suba en el precio de los alimentos. Peor aún, en algunos casos la disponibilidad de insumos críticos no se encuentra asegurada, lo que más temprano que tarde obligará al Estado a intervenir para asegurar el máximo de superficie sembrada con cultivos de invierno. No en vano, el senador Guillermo Domenech nos recordó ayer la función esencial que en otros tiempos llevaba adelante el Instituto de Subsistencias. Lejos de añorar el pasado, Domenech nos dio un pantallazo sobre el futuro. Lo cierto es que la población parecería no tener más margen para seguir absorbiendo shocks sin una activa participación del Estado.
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