En medio de una pandemia que no tiene fecha de vencimiento y con un desempleo en aumento, lo que no cae es la oferta de créditos, de los más variados, con facilidades que generan la tentación y ocultan la realidad de los intereses que se aplican. De acuerdo a lo que manifiesta el economista José Licandro, jerarca del BCU y encargado de la Superintendencia de Servicios Financieros, “el banco aplica la ley” a pesar de que se reconocen las altas tasas de interés.
La Ley 18.212 ofrece una protección en lo legal para las instituciones financieras, pero no en lo moral. La historia oculta detrás de los diferentes números que componen las tasas de intereses, multas, recargos como lo son los montos que manejan los bancos, órganos crediticios, etc., y genera una enseñanza tan cotidiana como dura, la necesidad puede ser el puntapié necesario para las acciones usureras.
La ley nos muestra los topes a aplicar en las diferentes actividades crediticias, sabemos desde el principio la existencia de un límite del 60%, en otras palabras, pasar el límite le facilita al Banco Central del Uruguay como ente regulador al momento de monitorear las acciones de sus acreditados, pero no significa que el problema esté controlado.
Simular y gestionar préstamos, en nombre de otra persona, y cobrar, a su vez, una comisión, ingresan en el plano de la usura, pero lejos del alcance del control financiero y es ahí que necesitamos el brazo de la justicia. El artículo 108 de la Ley 14.701 prevé que la falsedad en los documentos bajo las hipótesis que mencionamos son el escudo que se le ofrece a la víctima para escapar del problema, pero la conciencia por parte de la población de la existencia de estos problemas son más que fundamentales para poder denunciarlos en la justicia.
Sin entrar en las especificidades, debemos advertir que la usura, en la mayoría de los casos, se ve oculta en el manto que genera la necesidad de quienes desean acceder a créditos, sometiéndolos a situaciones que, lejos de ser solucionadas de manera rápida, son el comienzo de un camino plagado de problemas los cuales si no son detenidos a tiempo quedan a merced de inescrupulosos que tienen como único límite generar beneficios económicos sin ser descubiertos.
Pero también debemos dejar en claro una forma que se aplica no solo por las actividades crediticias, sino también en las empresas públicas: el retraso en el pago genera recargos que se ajustan a los lineamientos anteriormente mencionados, pero también se aplica la multa, cuyo porcentaje queda a criterio del acreedor y que, normalmente, supera los límites legales impuestos.
La situación económica actual obliga al ciudadano común a buscar formas de enfrentar el día a día de su familia o de su empresa, por lo que, al aumentar la demanda, aumenta la oferta. Las cuotas que sean, los montos que se precisen y con las más variadas formas de llamar la atención del espectador llevan indefectiblemente al ciudadano a dejarse “seducir” por la propuesta y gestionar el crédito.
Las imágenes son elocuentes: niños, niñas, jóvenes, señoras, señores se presentan en imágenes con la sonrisa de satisfacción por haber logrado el objetivo de salir con la solución al problema económico. Por eso, es común ver interminables colas que se suceden frente a bancos o financieras de todo el país sin importar las condiciones del clima. Lo importante es el dinero “en la mano” sin tener en cuenta el plazo de la financiación y mucho menos el monto final a abonar donde normalmente se configura el abuso.
La frase popular “la necesidad tiene cara de hereje” se puede aplicar en muchos de estos casos. La complicación viene después, a la hora de cumplir con los pagos, quedando a cubierto aquellas empresas de crédito (cooperativas, bancos), que tienen la potestad de retener cuotas de los haberes mensuales del cliente.
Auge de préstamos aumenta denuncias de usura y estafa
De acuerdo a la información que brinda el Banco Central, el endeudamiento de las familias creció por encima del 31%, si tomamos como referencia el mes de junio del 2020, lo que hace presumir un número mayor a la fecha, con un incremento de la oferta en un volumen cercano a los US$ 7.000 millones.
El crecimiento de la demanda acompañó de manera directa al aumento del stock, y el movimiento de clientes determinó la ampliación de horarios en los centros comerciales. Pero a la hora de cumplir con las cuotas de crédito, casi el 60% ha tenido dificultades para cumplir con los pagos en fecha, en tanto que las tarjetas de crédito han detectado atrasos en un número mayor al 45%.
Las denuncias por usura y estafa, por su parte, han tenido un aumento significativo en los últimos meses. El problema es de larga data y se ha llegado al caso de una cooperativa (CACFU-Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Familia Uruguaya) que desde el año 2004 comenzó a ofrecer préstamos “limpiasueldos”, logrando la autorización para descontar las cuotas de los sueldos de sus miles de asociados tanto públicos como privados, lo que motivó en su momento la intervención de la Auditoría Interna de la Nación. Los préstamos no fueron otorgados y las denuncias no se hicieron esperar. Las autoridades del BCU de la época llegaron a la conclusión de que CACFU “no existía”. Pero, además, se investigaron más de una docena de cooperativas, muchas de las cuales aún funcionan y a las que se acusaba de practicar la usura.
Las redes sociales son el medio utilizado normalmente para “captar” a aquellos que, por diferentes motivos, no han podido acceder a préstamos en las instituciones debidamente establecidas. El alto número de personas inscriptas en el Clearing de Informes son el objetivo de las financieras “fantasmas”, y allí se genera la usura o, en su defecto, y directamente, la estafa. En muchos casos se solicitan datos del solicitante, los que luego son utilizados en su perjuicio (números de cuenta, tarjetas, etc.) consumando estafas por importantes montos. En otros, se guía al solicitante a través de complejos formularios, pero luego se solicita una cifra de dinero para gastos “administrativos”, para luego de concretar el engaño literalmente desaparecer.
A toda esta problemática se suma la de los préstamos extorsivos, cuyos responsables son habitualmente ciudadanos extranjeros, y las víctimas los pequeños comerciantes, normalmente del interior del país. Se les ofrece una cifra de dinero en efectivo y se acuerda un pago diario con intereses que pueden llegar al 300% mensual. El atraso de una o más cuotas motiva la visita “no deseada” de los cobradores, los que normalmente actúan con extrema violencia. Si bien la Policía ha detectado varios grupos y han sido formalizadas varias personas, la operativa continua.
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