En un primer análisis, los paros que vienen afectando al puerto de Montevideo y a UPM2 podrían interpretarse como una manifestación más de un enfrentamiento entre dos ideologías de signo opuesto. Según esta narración fácil –y aprovechable– de un lado se encontrarían los empresarios y su defensa a ultranza del libre mercado y de las libertades en general; del otro una organización sindical que defiende a los trabajadores y la justicia social. La geografía del relato sitúa en medio de estas dos formaciones tectónicas una gran fractura, que actúa como barrera natural y sirve para disuadir a todo aquel que ingenuamente revele su propósito de tender puentes entre esos dos mundos. Dos mundos que algunas lumbreras bien financiadas decidieron en algún momento de la historia que estaban fatalmente condenados a enfrentarse para siempre.
Pero cuando logramos abstraernos de ese esquema maniqueo, se pueden observar extrañas alianzas que desafían el paradigma y permiten comprender mejor la situación actual. De hecho, ubicando a los actores y sus intereses en un tablero diferente del relato, es posible encontrar una explicación más racional al fenómeno, aunque esta exponga una realidad degradante.
En ninguno de los dos casos mencionados el conflicto real es entre empresarios y trabajadores, mucho menos entre capital y proletariado, por más que algunos trasnochados de un lado y del otro pretendan darle sobrevida a la dialéctica marxista-leninista. En efecto, por más que pretendan confundirnos y dividirnos, esta dista de ser la realidad. En la gran mayoría de las empresas uruguayas se observa una magnífica y sana convivencia entre empresarios y trabajadores, de modo que no podemos permitirnos caer en el enredo de comprar –otra vez– un conflicto pergeñado por oscuros intereses.
Cuando afinamos aún más la mira, podemos apreciar que estos conflictos se producen en industrias o empresas con fuertes componentes regulatorios o monopólicos. Sin desparpajo, el sindicato de los trabajadores del puerto reclama aumentos basado en que el Estado extendió recientemente la concesión al operador. No importa si el volumen del puerto aumentó o no. Muchos menos si este aumento de costos lo terminan pagando el común de los trabajadores uruguayos a través de exportaciones menos competitivas. Lo único relevante para la dirigencia es que la concesión se hizo más valiosa para el operador y, por tanto, el privado debería estar dispuesto a compartir la renta. Exhibiendo así una comprensión práctica del mundo capitalista como no exhibió el mismo Marx.
En términos económicos el razonamiento podría generalizarse de esta forma. El Estado otorga una concesión a una empresa privada que opera en sectores protegidos y altamente regulados. Esto naturalmente genera rentas que el Estado mismo debe apuntar a regular en beneficio de toda la sociedad. Sin embargo, en el medio logra interceder un pequeño grupo de trabajadores que, dada su capacidad de bloquear las exportaciones, logra capturar para sí rentas que deberían ir al Estado. La confusión aquí es pensar que esas compensaciones adicionales se obtienen de una buena negociación con la empresa. Esto no es así en la medida que la empresa puede pasar los mayores costos a sus clientes o al Estado mismo en virtud de su posición dominante. De modo que esta extracompensación no es financiada por la empresa ni por su accionista extranjero, sino por todos los trabajadores del Uruguay que no tienen la fortuna de trabajar en sectores con tales características. Este mecanismo ha permitido el desarrollo de “brillantes” carreras por parte de algunos notorios dirigentes. Casualmente, ninguno de ellos trabaja en una pyme.
Una variante de este esquema sirve para describir a las empresas que logran negociar con el Estado importantes beneficios fiscales. Esas exenciones dejan a las empresas privadas en mejores condiciones para ofrecer remuneraciones más atractivas. A modo de ejemplo, este esquema se aplica para el negocio de las grandes superficies, que logran beneficios fiscales a cambio de compromisos de generar algunos empleos de bajo valor agregado, pero que resultan en la destrucción de una miríada de pymes y sus correspondientes trabajos. ¿Competencia desleal? ¿Protección del trabajo uruguayo?
Esto quiere decir que detrás de estos enfrentamientos superficiales existiría un claro alineamiento de intereses entre algunos sindicatos privilegiados y un muy reducido número de empresas, en una fiesta en la cual la gran mayoría de las empresas y los trabajadores no están invitados, pero que sí pagan con los impuestos que recargan cada vez más al trabajo. Gracias al astorismo-bergarismo y ese “nuevo hombre sindical” al que lograron dar nacimiento.
Lo cierto es que ni empresarios ni trabajadores del sector de las pymes pueden darse el lujo de interrumpir sus actividades, así como así. Esto por la sencilla razón que se encuentran en competencia, y el resultado de tal acción sería la inevitable desaparición de sus empresas, con la consecuente pérdida permanente de empleos. Es claro que el verdadero enfrentamiento no es entre empresarios y trabajadores, ni con sus representantes sindicales. La verdadera grieta es la que existe entre los agentes prebendarios de siempre y el trabajo genuino. Es entre las empresas que ganan agregando valor en un contexto de competencia y aquellas que lo ganan en la liga, obteniendo concesiones fiscales, exenciones y otro tipo de beneficios por parte del Estado.
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