En nota recientemente publicada en El País, el exsecretario de la Junta Nacional de Drogas (JND) frenteamplista Diego Olivera manifiesta ciertos criterios sobre la situación del uso del cannabis que parecen ser de tal liviandad que nos asombran y obligan a reconsiderarlos.
Olivera declara que la ley de regulación tenía por finalidad sustituir el mercado ilegal de cannabis. Pero el concepto de que los consumidores cambien las bocas por la farmacia muestra el desconocimiento sobre las fundamentales y primarias leyes del mercado. Cuando un competidor, en este caso el Estado, ingresa a un mercado, ocurre una inmediata respuesta de quienes se sienten invadidos, o sea los narcos. La respuesta proviene desde dos perspectivas: una baja de precios al consumidor y un aumento de la calidad del producto por el mismo precio. Aquí ocurrieron ambos fenómenos: bajó el precio en las bocas y apareció cannabis con más THC.
Cuando se aprobó la ley, los científicos consultados por el gobierno advirtieron que con cannabis con más de 9% de THC había un riesgo importantísimo para la salud de los usuarios. El Estado aprobó el 9%. Pero los narcos trajeron producto con el 15% y más. Cabe mencionar que ya hay especies de cannabis con más del 50% de THC. Recientemente la JND aprobó la venta de cannabis con el 15% de THC, porque el mercado se quejaba que no pegaba. Conclusión: nos metimos en una carrera desenfrenada de ver quién aumenta más rápido el THC, lo que genera una más rápida adicción al consumo, provocando la necesidad de más producto. ¡Agrandamos el mercado! Con total liviandad, Olivera omite todas estas consideraciones de primer año de facultad de marketing.
También declara que el mercado presenta “una situación de estancamiento”. Sin definir estancamiento ni comparado con qué está estancado. Sigue con la absurda idea de que con más oferta en las calles, a través de variedades distintas de cannabis y más negocios que la ofrezcan, y haciendo desaparecer el registro de usuarios hoy requerido por ley, se vaciarán las bocas de usuarios de cannabis.
La realidad, en diez años, dice que no solo sigue habiendo cannabis en todas las bocas, sino que siguen los decomisos por parte de la Policía. Se ha naturalizado el consumo entrando cada vez más en menores. Hecho demostrado por la IX Encuesta Nacional sobre Consumo de Drogas en estudiantes de enseñanza media (2022), que dice que “el consumo no ha aumentado en la población formal estudiantil, si bien el 60% declara que es muy fácil acceder al porro” (página 138).
Cabe preguntarse cómo resulta muy fácil al 60% de los menores de 18 años acceder si está prohibido venderles el producto legalmente. La respuesta está lógicamente fundamentada en los principios de mercados antes expuestos. La competencia no se fue para la casa llorando. Intensificó su oferta, bajó los precios y pujó más fuertemente en mercados donde antes no estaba, o sea los menores de edad. Queda demostrado que la ley naturalizó y aumentó la base de la pirámide consumidora bajando la edad de ingreso.
La competencia del Estado en ese mercado aumentó la oferta del bazuco, cigarro mezcla de marihuana con pasta base, que pega más y de costo muy bajo. Ni qué decir cuando empecemos a encontrar otros cortes de cannabis con otros productos químicos aún más dañinos y peligrosos que la propia cocaína.
Lo que Olivera no tiene es conocimiento alguno de los mercados desde el punto de vista comercial. Menciona que en las farmacias el producto subió de precio un 135% desde 2017, y que en el mismo período el aumento en los clubes de membresía fue de 348%. ¿Esto que nos indica? Que el mercado consumidor va hacia donde más le conviene y siempre va a ser al menos controlado, de más fácil acceso y más barato.
¿Qué control existe sobre los clubes? Ninguno, no existe control ni de la JND ni de ningún otro organismo. Sabido es en las calles que muchos clubes declaran mucho menos de lo que en realidad producen, entregan fuera del ámbito departamental donde están constituidos –esto está prohibido por la ley– y están pidiendo duplicar su número de socios. Algo ilógico considerando que los clubes son sin fines de lucro. Eso sí, ya han encontrado en San Pablo cannabis producido en Uruguay.
Olivera y el Frente Amplio proponen eliminar el registro de usuarios, aumentar los puntos de venta, incluso con dispensadores automáticos. Con la misma absurda idea de que los narcos se irán para sus casas y cerrarán sus negocios.
¿Cuál será el resultado lógico? Cualquier mayor o menor de edad comprará el porro en el quiosco o la estación de servicio. Se aumentará el mercado consumidor por un incremento de la oferta y su publicidad, y llegará cada día más y más rápido la adicción a nuestros menores de edad.
No es necesario a esta altura plantearse una anulación de la ley de cannabis. Es necesario una mesa amplia, plural de opiniones, con todos los sectores involucrados, incluidos consumidores, exconsumidores, familias, científicos, etcétera, y replantearse, evaluando lo acontecido en estos diez años.
Porque evidentemente Olivera parece vivir, en “teoría”, muy lejos de nuestra realidad.
* Integrante del Directorio de la Fundación Madres del Cerro.
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