El contexto de corrupción de los gobiernos nac and pop (nacionales y populares) de América Latina nos brinda un nuevo capítulo miserable de esclavitud humana en Argentina, donde el dinero de los trabajadores que el gobierno confiscaba para financiar su oligarquía delictiva quedó expuesto en la zona más pauperizada por el propio gobierno: La Matanza, al servicio del enriquecimiento obsceno de los llamados “dirigentes sociales”.
Unos 30 allanamientos se realizaron en el marco de una investigación por posibles extorsiones de dirigentes de distintas organizaciones sociales para que manifestantes concurran a diferentes protestas kirchnerista de organizaciones piqueteras, cuyos “dueños” estaban en los dos lados del mostrador y movilizaban esclavos para conseguir aumentar sus ingresos delictivos y evitar por la fuerza que se investigaran sus ilícitos en contra de los más vulnerables de los argentinos. Fueron imputados por el delito de extorsión 27 personas, todos ellos del Partido Obrero; así como otros dirigentes de Barrios de Pie y otras organizaciones sociales.
En una primera instancia, el fiscal pidió detenciones, que no fueron concedidas por el juez Sebastián Casanello y ameritó la intervención de la Cámara Federal, que sí habilitó los allanamientos como medida de prueba, lo que se efectivizó este lunes. Para la fiscalía, hubo tres tipos de extorsión a partir de los planes sociales que giraba el Ministerio de Desarrollo Social: cobrarles a los afiliados una “cuota” para aporte de los comedores, obligarlos a vender por la zona los alimentos que recibían del Estado y también a asistir a manifestaciones, todo bajo amenaza de quitarles la ayuda, o bien, no entregarles los alimentos.
Como método de control, se tomaba asistencia a las marchas y se imponían castigos con “multas” para los que no cumplieran a rajatabla la asistencia a marchas (en algunos casos, eran de 10 mil pesos por cada una de ellas) o bien, la prohibición de retirar alimentos que daba el Estado a los comedores.
También había “listas de espera” de personas que querían acceder al plan Potenciar Trabajo y eran obligadas, como mérito para ello, a realizar trabajos; los “beneficiarios comunes” son los que lo recibirían y, como contraprestación, debían ir a marchas o hacer “un aporte” al comedor; los “delegados”, que reciben el doble o triple de ayuda y los “referentes”, quienes controlan la administración de fondos y ordenan a los anteriores.
Como prueba, la fiscalía cuenta con los mensajes donde los referentes o delegados transmitían las sanciones que eran: el no retiro de alimentos o el aporte por no asistir a una marcha determinada: “compañeros que tienen 0 movilizaciones y que pasarán a lista de espera”, reza el hallazgo de esos mensajes.
“Patry, quería saber si me toca la mercadería. Estoy castigada”. El mensaje iba destinado a Patry, o, mejor dicho, Patricia Iramain, delegada, quien había advertido en mensaje de grupo la lista de nombres diciendo: “Buenas noches, compañeros. Estos son los que no van a retirar la mercadería de Nación porque tienen cero movilizaciones”.
Los delitos imputados por la fiscalía son de extorsión, amenazas coactivas y administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
Cuánta similitud con lo que se encontró en el Mides con el cambio de gobierno, ¿no? Es que el modus operandi de quienes venden protección social a cambio de presionar para que el alimento llegue a los más necesitados se ha convertido en un “negocio” intocable por la Justicia, ya que “hiere la sensibilidad social”.
No detener estos abusos extremos con los más infelices es un doble abuso desde el poder político y judicial, que no se anima a enfrentar los titulares de los diarios proclives a estos personajes siniestros. Una vez más quedan expuestos y la pretendida sensibilidad social queda reducida a un grupúsculo de delincuentes a los que se concedió impunidad y se le dio ínfulas de poder desde la izquierda.
Revival de la era soviética en nuestro tiempo. Debimos haber aprendido.
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