Comencemos por preguntar, ¿qué es lo políticamente correcto? ¿Y quién determina lo que es políticamente correcto?
Con toda razón, el Prof. Oscar Botinelli afirma, “en toda sociedad, por más hegemónica que sea, existen diversidades”, aunque se compartan la lengua, la raza, la educación, la cultura, el laicismo, las costumbres y los valores.
Nuestra sociedad, aun compartiendo ciertos valores, hoy dista de ser hegemónica por las razones que se dirán.
Cuando se analiza el relato que los historiadores, los periodistas militantes y los seudointelectuales han instalado en nuestra sociedad con claros fines proselitistas, y que se incluye en los textos de enseñanza pública y hasta se ha consagrado en la legislación (Ley 18.596), se advierte la imperiosa necesidad de terminar con la falsedad y emprender la defensa de la verdad histórica para dejar en evidencia las mentiras.
Desde que, en el año 1985, salieron en libertad –amnistía mediante– los presos sediciosos, comenzaron a falsear la historia para entronizar su falso relato.
Como primer embuste, afirmaron que los tupamaros lucharon contra el golpe de Estado heroicamente en defensa de la democracia. Nada más falso; como tampoco lo hicieron las fuerzas sindicales, que en un principio llegaron hasta apoyar a los militares golpistas, entusiasmados por la falsa ilusión de los Comunicados 4 y 7 con cierto sesgo de la izquierda peruanista del Gral. Velasco Alvarado. Ya a esa altura ni se hablaba de las fechorías de los “tupas” ni la prensa se ocupaba de los secuestros, asesinatos, rapiñas y extorsiones que acapararon sus titulares desde los años 1965 hasta 1971, dando cuenta de los homicidios salvajes, las impiadosas ejecuciones, los crímenes de guerra, los actos de terrorismo y los delitos de lesa humanidad perpetrados.
Ante una juventud desinformada, ya que habían pasado muchos años, la tarea era fácil: condenar a la dictadura y todos sus excesos represivos contra los “valientes” tupamaros que la enfrentaron con sus armas y fueron derrotados por la superioridad del ejército, que además los sometió a torturas, vejámenes y desapariciones.
Entonces, al mejor estilo gramsciano, comenzó la tarea de distorsión informativa, infiltrando los formadores de opinión, la educación, los medios, los sindicatos, en su mayoría copados por los comunistas y que culmina con el exitoso triunfo del FA en 2005; y ya desde el poder, buscar el apoyo en la Justicia, la Policía y las Fuerzas Armadas.
Ahora bien, Cabildo Abierto viene siendo atacado sistemáticamente, de diversas tiendas, por actuar de forma políticamente incorrecta. Se supone que todas las numerosas iniciativas que ha formulado son incorrectas o aberrantes, así se trate de eliminar usura, apoyar a las pymes, legislar sobre el enriquecimiento ilegal de los gobernantes, sobre la tenencia compartida de los menores, sobre las correcciones a la legislación sobre la forestación o la defensa del sector lechero, el incremento de fondos para una mejor política de vivienda o auspiciar medidas para radicar la gente que trabaja en el campo.
Por el contrario, creemos en el valioso aporte de Cabildo Abierto, cuyas iniciativas pueden no gustar a quienes tienen intereses o responden a grupos de presión, o a factores de poder corporativos de los que está enteramente libre su conductor el general Manini, figura de intachable transparencia y de un quehacer de indiscutible corrección política.
También integra lo que es políticamente correcto el ideario artiguista. En aspectos en los que no ha sido suficientemente destacado, como en su magnanimidad. Justo es decirlo; frente al despiadado apóstrofe de Breno, rey de los bárbaros que después de una batalla dijo: “Ay de los vencidos!”, se levanta majestuosa la nobleza del prócer, contestando al jefe argentino que le había mandado rehenes para que dispusiera de ellos como quisiera, con la frase histórica: “El general Artigas no es verdugo”.
También por eso son inadecuadas las críticas que se hacen a Cabildo, cuando propicia medidas destinadas a sellar la paz entre los orientales, desestimando el desatinado propósito de venganza infinita que anima a ciertos colectivos que han logrado muy jugosas remuneraciones y cuantiosos resarcimientos, cuyo millonario monto nadie ha pedido informar a los contribuyentes.
¿Quiénes, entonces, imponen la corrección política? Porque nunca podrá serlo el partido que en el gobierno sufrió el procesamiento y la condena del vicepresidente de la República, del ministro de Economía y Finanzas y del presidente del BROU, que son los tres cargos de mayor importancia de cualquier gobierno, sin duda alguna.
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