Finalmente, no habrá plebiscito “Contra la usura y por una Deuda Justa”. En las dos jornadas habilitadas por la Corte Electoral para la ratificación de las firmas que no coincidían con las que tiene registradas, no se alcanzó el número suficiente de adhesiones para llegar al 10% del padrón electoral (mínimo necesario para convocar al plebiscito). Esto no quita que estamos convencidos de que las firmas que no fueron validadas por la Corte responden a ciudadanos cuya voluntad no está siendo respetada. A más de tres semanas de ser publicada la nómina de los 45 mil ciudadanos cuya firma fue rechazada, no ha habido uno solo que afirmara que no había firmado. Desde Cabildo Abierto presentaremos un proyecto de ley para que las adhesiones a una consulta popular requieran en todos los casos de la huella dactilar (hoy solo se exige para referéndums y no para plebiscitos), de forma de que se respete la voluntad de los ciudadanos.
La pregunta que hoy cabe plantearnos es por qué no hubo mayor cantidad de firmas. ¿Por qué siendo casi un millón los uruguayos directamente afectados, solo 300 mil manifestaron su adhesión a la consulta popular?
Podemos ensayar múltiples respuestas. Una, evidente, es que Cabildo Abierto debió llevar a cabo en solitario la campaña de recolección de firmas, y lo hizo con su estructura y sus recursos demasiado escasos para la tarea emprendida. Es de resaltar el esfuerzo de la militancia que recorrió diversos puntos de nuestras ciudades, exposiciones, ferias y cuanto evento concitara aglomeración de público. Pero con eso no alcanza. No tuvimos los recursos para una campaña masiva que le llegara a todo el público, y eso se pagó caro.
La siguiente pregunta que cabe hacerse es por qué Cabildo Abierto quedó prácticamente solo en la recolección de firmas. Porque esa es la verdad: salvo el aporte de cientos de firmas del PERI y de algún legislador a título personal, Cabildo quedó solo en esta campaña. Fue claro el boicot que existió desde el resto de los partidos políticos hacia una propuesta que partía de Cabildo Abierto. A muchos no les interesó si la iniciativa era buena o mala, el problema era el origen…
Pero ¿es real o no que hoy se viola la Constitución de la República, que en su artículo 52 establece claramente que está prohibida la usura? ¿O no es usura el cobro de intereses superiores al 100% en un país con inflación inferior al 5%? Entonces, ¿a nadie le molesta la violación continua de la Constitución? El hecho de que la Ley 18.212 habilite el cobro de esos intereses excesivos no significa que no se viole nuestra Carta Magna. Será legal, pero claramente es inconstitucional. Sin embargo, el sistema político se puso del lado de los prestamistas y abandonó a quienes han sido sus víctimas durante tanto tiempo, incluso sabiendo que entre estos afectados hay adherentes a sus propios partidos. Los dirigentes políticos de diferentes pelos se llenan la boca pretendiendo defender a los más humildes, pero cuando tuvieron la oportunidad de encontrar una solución a uno de sus más graves problemas, miraron para el costado. Triunfó la presión del poder financiero. Podrán disfrazarlo de lo que quieran, pero esa es la verdad.
Si el problema era que no les gustaba realmente la solución que planteó Cabildo Abierto, podrían haber presentado modificaciones o alternativas cuando el proyecto de ley se trató en Comisión y en el plenario del Senado. Pero no, en realidad no se quiso afectar a un sector demasiado poderoso. ¿Y los deudores? ¡Mala suerte!
No pueden quedar dudas de que estamos ante una gran injusticia en la que se lucra con la desesperación y muchas veces con el desconocimiento de la gente. Hemos presentado numerosos casos documentados de compatriotas que a partir de un préstamo o crédito inicial de 30 o 40 mil pesos, luego de un incumplimiento forzado por situaciones imprevisibles, cuando pueden retomar el pago de sus cuotas se enfrentan a deudas de 300 mil pesos o mayores aún. Tampoco pueden quedar dudas de que son los más frágiles de nuestra sociedad, los que no tienen otra opción a la hora de acceder a un crédito, las principales víctimas de la usura legalizada en nuestro país.
Los uruguayos hemos perdido una oportunidad de oro para cambiar esta realidad de abuso en la que vivimos desde hace tanto tiempo. Los 700 mil compatriotas declarados deudores irrecuperables por el BCU deberán esperar, los trabajadores deberán seguir destinando mes a mes buena parte de su sueldo para aumentar el beneficio de los usureros ante el silencio cómplice de su sindicato que debería defenderlos, los jubilados volcarán sus esmirriados ingresos en saldar sus obligaciones con una variada fauna de prestamistas ávidos por aumentar sus ganancias, los micro y pequeños empresarios urbanos o rurales deberán destinar buena parte de su esfuerzo para cumplir con las condiciones leoninas que se les impone. Y así seguimos…
Por nuestro lado continuaremos alzando nuestra voz denunciando tamaña injusticia y recorreremos todos los caminos posibles para encontrar soluciones a un problema que no admite más demoras.
