Casi sin mayor ruido se ha dictado una sentencia judicial sobre un tema que consideramos esencial a los efectos de la configuración de nuestra sociedad. La sentencia en cuestión reivindica el principio de libertad educativa que consagra la Constitución Nacional y que no es sino el reconocimiento de un principio de orden natural. Muchas son las críticas que recibe nuestro sistema de administración de justicia, reformado torpemente para desfigurarlo y transformarlo en una mueca de tal, con el ilegítimo propósito de manipularlo políticamente en el ámbito penal. Quienes tuvieron la oportunidad de enmendar la situación y devolver al sistema mínimas garantías de ecuanimidad, haciendo gárgaras de tibieza, se lavaron las manos y ahora resuellan por la herida de un pronunciamiento del sistema de justicia que los perjudica con presumible intencionalidad político-partidaria. No obstante, es evidente que el sistema guarda resabios de las virtudes que en el pasado lo ubicaron en un sitial prestigioso, ya que confería garantías razonables de pronunciamientos, libres de motivaciones espurias, quizás equivocadas, como cualquier decisión humana, pero no contaminadas por motivaciones político-partidarias. En esa respetable tradición se encuentra una sentencia dictada por la juez Noelia Martínez Gutiérrez Aguinaga, del Juzgado Letrado de Primera Instancia de Florida, que reconoce como de acuerdo a derecho la educación en el hogar de unos niños de una comunidad religiosa menonita de dicho departamento.
El fallo responde a una demanda judicial de la ANEP que denunció la práctica de educación en el hogar, conocida por la expresión inglesa homeschooling, por la citada comunidad religiosa. Dicha resolución contó en su momento con la oposición del consejero de ANEP, doctor Juan Gabito Zóbolli, y mereció nuestra crítica desde el Senado de la República.
Digamos que nuestra posición favorable a aceptar la legitimidad de la enseñanza y educación en el hogar obedece a varias razones de índole histórica, filosófica, política y jurídica. En tal sentido, digamos que Sócrates, en su Diálogo de la Ciencia, expresa con claridad su propósito de enseñar y recurre a la imagen de decir que pretende ser como su madre, que era partera, colaborando para alumbrar ideas. Aristóteles enseñaba caminando y sus alumnos lo escuchaban marchando a su lado, mereciendo el nombre de peripatéticos por hacerlo en un espacio techado llamado Peripatos. Jesús, nada menos que el Divino Maestro, predicó enseñando mientras recorría Judea y Galilea. Estos maestros, cuyas enseñanzas moldearon nuestra civilización, no estuvieron sometidos a directivas estatales para impartir sus enseñanzas que marcaron los principales perfiles culturales occidentales. Lamentablemente se pretende utilizar al estado para imponer con autoridad un modelo único y excluyente de enseñanza y, para colmo de males, sobre la base de un modelo absolutamente materialista que oculta deficientemente su aversión a toda manifestación religiosa y en las últimas décadas pretende irradiar una falsa versión de la historia, un desbordado hedonismo, una transmisión de conocimientos deficientes, desnudada por los resultados de pruebas de suficiencia que nos califican pobremente en el concierto internacional.
Afortunadamente, nuestra Constitución contiene disposiciones que abonan la buena doctrina y en tal sentido, preservan el orden natural de las cosas, por lo que rogamos que estas disposiciones de viejo arraigo en nuestro ordenamiento jurídico mantengan vigencia en futuras reformas que podrían arrasar con estas garantías institucionales. Así, el artículo 41 de la Constitución dice: “El cuidado y educación de los hijos, para que estos alcancen su plena capacidad corporal, intelectual y social, es un deber y un derecho de los padres”, la disposición constitucional, de acuerdo al orden natural de las cosas, reconoce a los padres el derecho y el deber de la educación de los hijos, por lo que es contrario a derecho que se les pretenda arrebatar ese derecho-deber para adjudicárselo al Estado, como pretenden las autoridades de la ANEP. Los impulsos estatistas en materia educativa, que miran con recelo todo tipo de educación privada, a la que sólo toleran si la someten a su molde, imponiéndole habilitaciones para reconocerla, desvirtúan el texto constitucional con solapada perfidia, ya que se pretenden extender los malos resultados de la educación estatal a la privada. ¿Qué se ha logrado? Que los niveles educativos del país hayan ido en descenso y hasta nuestra universidad pública, antiguamente prestigiosa, hoy no califique a nivel internacional. Así es que, para tener una buena proyección profesional, hoy es necesario contar con estudios de posgrado en universidades de los EE. UU. o de Europa. Nadie viene del extranjero a hacerlos en nuestro país.
Se habla mucho del interés superior del niño, que se pretende que sea el Estado el que interprete cuál es el mismo y no sus padres, cuando la experiencia nos muestra que éstos son quienes más los aman y no sus docentes o tutores y ni que decir las instituciones como el INAU. Como no podía ser de otra manera, la pléyade de funcionarios internacionales, por cierto que bien pagos, así como presuntos técnicos nacionales, propenden a interferir en la educación de los hijos, a los que no se puede llamar “menores” porque los inferioriza o cosifica, y hay que referirse a los mismos como “niños, niñas y adolescentes”. Con cara seria y aspecto circunspecto, hemos escuchado a los presuntos técnicos efectuar estas sesudas afirmaciones. A nuestro juicio, parecería que la estupidez campea, cuando no la mala intención de apartar a los padres de la educación de los hijos para sustituirlos por el Estado, al que se representa como custodio de las buenas prácticas educativas. Tal es el fracaso de la educación pública que se ha transformado en una educación para pobres, de la que huyen todos los que tienen medios para hacerlo, incluyendo prohombres de la llamada izquierda que pretenden un futuro mejor para sus hijos. Esta es una verdad descarnada, que nadie enfrenta porque no es políticamente correcto, y así asistimos a pedidos de fondos para una facultad que pretende formar cientos de aspirantes a psicólogo que el país no necesita, lo que supondrá distraer dinero de necesidades reales para generar ilustrados desempleados, a los que le ganará la frustración cuando comprueben la falta de oportunidades laborales. Nos preguntamos si la Universidad no se enteró que las necesidades del país pasan por otros campos de formación, como la informática, para poner un ejemplo. Por lo menos deberían instrumentarse servicios de orientación vocacional que colaboren con los estudiantes a elegir su orientación profesional, como sucede en otros países.
La política suele ignorar otra disposición constitucional como lo es el artículo 68, que consagra: “La ley reglamentará la intervención del estado al solo efecto de mantener la higiene, la moralidad, la seguridad y el orden públicos”. La enseñanza en el hogar no transgrede ninguno de estos aspectos y su prohibición vulnera los límites constitucionales de intervención del Estado y el ejercicio del derecho y deber de los padres de elegir la educación de sus hijos.
Jiménez de Aréchaga, al comentar la Constitución Nacional, en cuanto al hecho de poder los padres elegir a los maestros para sus hijos, afirma que siempre es mejor que sean los padres de los hijos y no los padres de otros hijos los que elijan a los maestros de sus hijos. Esto es de una lógica incuestionable. No obstante, persiste en algunos agentes políticos la idea de sustituir a los padres como educadores, separándolos lo más temprano posible de sus hijos. Cierto es que hay padres que no están en condiciones de educar a sus hijos, pero esta no es una verdad absoluta, sino que se verifica en casos excepcionales. La idea de privar a los padres del derecho a elegir la educación de sus hijos se practicó en la Unión Soviética con rotundo fracaso. El socialismo del siglo XXI lo expuso en la Venezuela bolivariana, pero no lo pudo poner en práctica. En nuestro país, el estatismo generalizado hasta en amplios sectores de los partidos tradicionales, pretende avanzar sobre la libertad de enseñanza y educación, a despecho del fracaso lamentable en que se ha hundido la educación pública. No obstante, es alentador que quedan jueces que reivindican las libertades clásicas sobre las que se construyó nuestra civilización. Es de esperar que ello también suceda en la política, donde se necesitan mentes abiertas que sepan afirmar la libertad frente a los que pretenden imponer un modelo único de educación, para colmo de males, anclado en ideas fracasadas.
