En este noviembre nos jugamos el destino como país. Si no nos detenemos a pensar, corremos el riesgo de rendirnos, una vez más, a encantadores y estaremos perdidos.
Hay realidades que no podemos soslayar y la inseguridad en que vivimos es una de ellas. Nuestro país está gravemente dañado por la criminalidad que se vive, así como por la percepción generalizada de peligro existente, ya no solo en Montevideo, sino en todo el país, el urbano y el rural.
Claro que no es culpa de este gobierno, pues esto viene de tiempo atrás y se ha agravado con los tres gobiernos del FA, que consideraron a los delincuentes “inocentes víctimas de la sociedad”. Abrieron las puertas de las cárceles y los liberaron en masa, con pago de pensión incluida. Pusieron sus dedos en la Fiscalía General de la Nación y, por si no alcanzara, hicieron leyes que consideran más al que delinque que al ciudadano honesto y trabajador. Como gobierno, fueron una vergüenza.
La coalición de gobierno, que integramos, hizo un esfuerzo importante en materia legislativa con la LUC, aunque lamentablemente en el orden práctico se logró muy poco. El resultado está a la vista con el aumento del número de homicidios y el accionar de las mafias de la droga que, a pesar del limitado esfuerzo de la Policía, lleva a que controlen parcelas importantes de territorio, dominando así las vidas de quienes allí residen.
La Justicia no ayuda y, en lugar de ser solución, muchas veces se convierte en parte del problema, con sentencias y criterios que están muy lejos de demostrar entereza, apego al sentido último de la ley, así como compromiso con la ciudadanía.
Es hora de asumir que, si seguimos por el camino recorrido hasta el momento, no se ha de llegar sino a peores resultados. Más de lo mismo, nunca podrá proporcionarnos algo diferente o mejor.
Es imperativo afrontar, con inteligencia, con valentía y con compromiso el meollo del problema. Por lo tanto, es hora de que los referentes de todos los partidos políticos dejen de mirar su ombligo, y las elecciones de noviembre, para de una vez por todas, sin importar de qué tienda viene la idea, acuerden de manera franca e incontestable sobre las herramientas y las vías necesarias para que la fuerza del Estado sea más disuasiva, más preventiva y más represiva en su accionar, de modo que literalmente combata la delincuencia que asola nuestro país.
Sabemos que la delincuencia es un fenómeno complejo, multicausal y con diversas aristas que a menudo no se tocan entre sí. También sabemos que, en la mesa de ese análisis profundo, paciente y acabado, que a mediano plazo intentará dar solución al problema, deberán tener su silla: la antropología –con todos sus estudios sobre la evolución de los valores y percepciones de la contemporaneidad–, la sociología, la psicología, el derecho, el sistema penitenciario y obviamente la Policía, la fuerza coercitiva del Estado.
De todos modos, debemos de ser conscientes de que el momento es crítico, motivo por el cual ninguna de estas esclarecedoras disciplinas puede estar por delante de la inteligente disuasión y eficaz represión que el trance impone.
Cuando una persona llega con un sangrado importante, que no amenaza su vida, a la puerta de emergencia de un hospital, es cierto que el paciente necesita ciertos análisis para determinar la severidad y la causa de la hemorragia, así como saber sus antecedentes clínicos, etcétera, en fin, un protocolo para determinar qué tratamientos son los adecuados para curar el mal o minimizarlo para prolongar la vida del paciente. Ahora bien, en la sala de primeros auxilios, en una situación de emergencia en la que la línea entre la vida y la muerte es muy delgada, mientras el tiempo corre y la sangre continúa perdiéndose, allí no hay lugar para vacilaciones ni cortesías, nada es más importante que detener la hemorragia. Luego vendrán los análisis para determinar las causas profundas de la enfermedad. El paralelismo con la delincuencia explica tal cual la situación: cortar la hemorragia para salvar la vida, equivale a reprimir el delito para evitar un mal mayor.
El delincuente, provenga de donde provenga, y sea del rubro y del nivel que sea, debe tener claro que en la República Oriental del Uruguay: la mayor fuerza es la del Estado, y está respaldada por la ley y por el Poder Ejecutivo, por lo que no le será fácil seguir haciendo de las suyas.
Cabildo Abierto, sin otro afán que el de colaborar con el gobierno, ha sido el socio de la coalición que más aportes ha hecho en materia de seguridad, siendo los primeros en la gestión del doctor Larrañaga y luego en la de Luis Alberto Heber. Ofrecimos un asesoramiento profesional, que proponía medidas prácticas y fáciles de instrumentar que incomprensiblemente nunca fueron consideradas.
Como no nos sometemos a la delincuencia, y menos nos afiliamos al “es bravo”, o al “no se puede”, aspiramos a ser gobierno para, entre otras cosas, responder a estos problemas y, de una vez por todas, ponerle fin a un tema del que pocos son conscientes de la importancia de sus derivaciones.
Ya lo dijo alguien: no hay libertad en el miedo.
Dr. Efraín Maciel Baraibar
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