Motivan estas líneas dos iniciativas de Cabildo Abierto (CA) que por ahora no han prosperado en la Cámara de Senadores. Más allá de su suerte legislativa, no deja de poner de relieve los temas que enfocan.
Cabildo Abierto, desde su primer momento, ha dejado en claro que no es un partido “meramente testimonial” o un vagón de otras locomotoras. Tiene su identidad y su razón de ser en su irrupción en la arena política uruguaya.
El novel partido da sobradas muestras de que no surgió para convalidar el statu quo imperante y, por eso mismo, sus planteos centrales son sobre cuestiones muy sensibles al país y su gente. Por ejemplo, el flagelo de la usura y los abusos de las tarjetas de crédito que afectan a casi un millón de compatriotas endeudados, y los mega contratos del Estado, cuyos efectos afectarán (o harán padecer) a varias administraciones futuras de gobierno, incluso hasta dos o tres generaciones supervinientes.
Fuera de las especificidades de cada proyecto de ley, lo medular es la finalidad de cada uno, o su ratio legis, por decirlo más jurídicamente. Más allá de la letra chica, perfectible como toda obra normativa (y humana), es tremendamente loable que CA, una fuerza política con 11% de la representación legislativa, venga a poner en agenda estos temas, que curiosamente hayan gozado de un trato omisivo del resto del espectro.
Con respecto a las mega contrataciones estatales, a esa ansiedad por querer comprometer al fisco (ya sea mediante inversiones o resignaciones fiscales) la historia muy reciente –con sus alternancias– ha abundado en ejemplos de controversiales emprendimientos. En estos casos las oposiciones políticas, de signo cambiado, han reprochado con singular énfasis tanto el secretismo, la falta de un nítido plan de negocios, de auditorías, la necesidad de obras, los plazos de extensión poco habituales, etc… Es decir que eventos de consecuencias extendibles, de cifras inusuales para el país y comprometedoras a muy largo plazo, es más que razonable que requieran de un mayor consenso general para su concreción. Pues bien, a tal iniciativa, en su contra, no faltaron aquellas voces contraponiendo la idea de que exigir una aquiescencia parlamentaria afectaría la iniciativa privada, que frenaría la proactividad gobernante, la ejecutividad, razones de celeridad, etc… todos argumentos con algo de validez, pero que en el fondo no ocultan la poca avidez por generar controles y contrapesos necesarios, máxime cuando no estamos hablando de “dos pesos” como una compra común y silvestre de lapiceras para un organismo, sino de cuestiones muy del chasis de la economía nacional.
Es curioso, que quienes andan con un republicanómetro abajo del brazo, exhibiendo tal republicanismo como su excelsa virtud, frente al crucial tema prioricen más corrientes y técnicas de managment, que el proverbial aforismo de Montesquieu –control y equilibrio entre los poderes– para evitar abusos de los mismos.
Darle más facultades al Poder Legislativo sería, al menos, mitigar en algo que el Poder Ejecutivo, más allá del signo que coyunturalmente sea, pueda cortarse solo y al menos obligarlo a dar más públicas explicaciones al respecto. Y, exigirlo a ser más persuasivo. Consideramos que si queremos que ese espíritu de vanguardia que tuvo el Uruguay un siglo atrás –y que lo hizo reconocido globalmente– vuelva a suceder en este siglo, pues bien, un Estado democrático (y hasta social) de derecho debería recorrer en ese sentido; de brindar mayores explicaciones, más demostración de la real necesidad de comprometer el dinero público en las “mega obras”, en definitiva: de requerir más consensos en los casos en los que una administración quinquenal de gobierno nos pueda dejar obligaciones por varios lustros.
Vale consignar aquello tan viejo –y tan artiguista– de extremar la probidad en el manejo de los fondos públicos.
La reestructuración de las deudas de las personas físicas es suficiente tema para otro escrito. No obstante, no se puede dejar de mencionar la singularidad de las argumentaciones progresistas en el Senado, dándole preeminencia a la seguridad jurídica (de la ganancia) de las instituciones prestamistas, exaltando la libre contratación, en fin, particularismos de una izquierda que gustosamente se aggiornó demasiado al globalismo, perdiendo el eje de su mentada sensibilidad social, la cual se la llevó puesta con la inercia del converso.
Cabildo Abierto, una vez más, cumple su rol de partido distinto, con más sustancia que marketing, enfocando al sistema político en los temas más necesarios a la cosa pública.
TE PUEDE INTERESAR
