Culmina el año y reaparece la inevitable discusión sobre el aumento de las tarifas públicas. Para el caso específico del aumento en el precio de los combustibles, en esta oportunidad se entremezcla en el debate la desmonopolización de Ancap, complicando desde el punto de vista político una decisión que debería tomarse en función de argumentos económicos. El martes de tarde, finalmente, desde Presidencia se aclaró el panorama. El gasoil queda como está, mientras que las naftas suben 6.2% y el supergás 6.9%. “El presidente mandató que no haya un ajuste tarifario en el precio del gasoil”, dice el comunicado de prensa.
Con o sin monopolio, no deberían existir dudas que la suba en la cotización del dólar y la recuperación en el precio del crudo obligarían a Ancap a un aumento en el precio de los combustibles. Tampoco habría por qué dudar sobre los cálculos de la petrolera estatal, de los cuales se desprendió el aumento inicialmente propuesto de 12,28%, que se había dado a conocer el pasado lunes. Como era de esperar, algunos actores políticos y económicos reaccionaron de forma inmediata.
“Esto confirma la inviabilidad del monopolio de Ancap. Si estuviera en competencia estas medidas no se tomarían porque llevaría a la pérdida del mercado”, puso en su cuenta de Twitter el senador por el Partido Nacional, Sebastián da Silva. De sus comentarios se desprende que la existencia de dos competidores en el mercado de combustibles podría llegar a inmunizar los precios a variaciones en el precio del dólar y el petróleo, argumentación que parecería errónea desde el punto de vista conceptual. ¿Estaría dispuesto un competidor de Ancap a vender a pérdida con tal de capturar una cuota de mercado?
Claramente, en Uruguay no existe espacio para dos refinerías, y de existir un monopolio, los uruguayos, es probable, que sigan prefiriendo al monopolio estatal. Es posible que en un futuro, incluso nuestro país, no tenga la escala suficiente como para justificar siquiera una refinería. Justamente, en ese escenario es que cobran vital importancia estratégica los activos logísticos de Ancap, a los cuales hoy día se los considera como activos periféricos.
La verdad es que, a pesar del abaratamiento medido en dólares de este año, los combustibles siguen más caros que en el resto de la región, y un aumento mayor en este contexto económico hubiera resultado difícil de comprender por los agentes económicos. La disyuntiva a la que se enfrenta el gobierno en el corto plazo es entre equilibrar las cuentas públicas o contribuir a bajar los costos al sector privado. Si se privilegiaba el objetivo fiscal, Ancap hubiera mantenido la suba propuesta el día anterior al presupuesto. La alternativa era “anclar” el precio de los combustibles en un precio razonable en relación a nuestros países competidores, dándole a Ancap un horizonte de tiempo para lograr el equilibro. El gobierno optó, correctamente, por esta segunda alternativa en el caso del gasoil, señalizando que la prioridad es retornar el sector productivo a la competitividad.
Una cosa es equilibrar al Estado cortando costos y los indignantes derroches del periodo progresista. Otra muy diferente es transferir el ajuste subiéndole las tarifas a un sector privado ya seriamente debilitado antes de la pandemia.
Esto le dará, además, a la ciudadanía, tiempo suficiente para procesar una situación compleja de evaluar, no forzando al Estado a comprometerse con medidas apresuradas que puedan herir de muerte a la petrolera estatal. Paradojalmente, esta es la misma empresa que se fundó en 1931 con el objetivo de no dejar a nuestro país a la merced de la Standard Oil y la Shell.
El camino para que Ancap sea más eficiente no pasa por vender activos o posiciones estratégicas en base a informes contables que los sindiquen como “no rentables”. Tampoco por arrendarlos a la competencia. El problema que tiene nuestro país con los canales del Río de la Plata debería servirnos de alerta para comprender lo problemático que es no contar con una cadena logística propia.
No subir el gasoil tendrá claramente un impacto fiscal, pero dará mayores certezas a aquellos sectores productivos en los que este precio es un factor de costos relevante. Constituye también una señal inequívoca del gobierno de que se privilegia la baja del costo país, una de las reivindicaciones que colocó a la coalición multicolor en el gobierno.
Al final de cuentas, la decisión es política. Una cosa es equilibrar al Estado cortando costos y los indignantes derroches del periodo progresista. Otra muy diferente es transferir el ajuste subiéndole las tarifas a un sector privado que ya se encontraba seriamente debilitado antes de la pandemia. Como si el sector privado fuera una materia inorgánica, un ser estático que se mantendrá intacto hasta el día que el Estado decida aplicarle tarifas competitivas regionalmente.
Esta era una magnífica oportunidad de evidenciar apoyo al sector productivo, y el gobierno la aprovechó. Un muy buena señal para que el sector productivo arranque el 2021 con toda la fuerza.
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