El llamado a sala de los ministros la semana pasada dejó en evidencia la magnitud del compromiso económico asumido por nuestro país para lograr convencer a la multinacional finlandesa que construya una segunda planta de celulosa.
El triunvirato progresista que negoció el contrato comprometió el presupuesto nacional por muchos años. Esto a cambio de la construcción de una planta, que además de pagar pocos impuestos, posiblemente produzca tantas externalidades negativas como positivas. Este compromiso, encima del gasto irresponsable que se acumuló por más de una década, deja al gobierno actual con limitadas posibilidades de hacer una política fiscal activa para hacer frente a la crisis actual. Esto contrasta con la magnitud de la expansión presupuestal implementada por países como Chile y Perú, que gozaron de conducciones más responsables durante los años de expansión.
El contrato con UPM nos fue “vendido” en el contexto de medidas “transformadoras”, que colocaban a Uruguay en la ruta del verdadero desarrollo. Es así que la OPP -cuyas unidades y departamentos proliferaron como hongos- llamó pomposamente a una de sus creaciones, “Estrategia Nacional Uruguay 2050”. La izquierda caviar no podía admitir que había cerrado un negocio con una multinacional, por lo cual había que elevarlo al nivel de cruzada patriótica. Y para que no existieran dudas, sentaron al “Maestro” Tabárez en la primera fila de la función.
“Uruguay lleva adelante complejos estratégicos, con mirada hacia los próximos 30 años, vinculados a la producción de alimentos, la bioeconomía, el sector forestal, tecnologías de información y comunicación, turismo, energías renovables e industrias creativas”, expresaba el Cr. Alvaro García en 2019, un par de meses antes de las elecciones nacionales. ¿Se guardarán en la OPP archivos secretos sobre la demanda de papel en 2050? ¿O estos pobres archivos habrán sufrido la misma suerte que sus parientes de la URSEC?
La OPP creyó haber encontrado la máquina generadora de riqueza, cuando en realidad lo que estaba haciendo era otorgar concesiones económicas a privados con sellos de goma. Se ve que como a Ponce de León en la Florida, esto entusiasmó a varios. Algunos probablemente detrás de la fuente de la eterna juventud…
Para poder ocultar el desproporcionado compromiso fiscal, se llegó incluso a deformar el significado del instrumento de PPP, que por definición es un instrumento de “participación público-privada”. El caso emblemático es el de la vía de tren. A pesar de que será construida por privados, el Estado asume el 100% del pago y, tal como fue estructurado, será de uso casi exclusivo de UPM. La parte “pública” quedó en el compromiso de pago por quince años. Del lado privado quedaron la construcción y el uso, por el cual el Estado recibirá un precio irrisorio. Y gran parte del financiamiento recae en las AFAP, así que ya sabemos quién terminará pagando si algo sale mal…
Cuando fue quedando en claro lo asimétrico de este contrato, el mismo fue justificado aduciendo que generaría “mano de obra uruguaya”. Sin embargo, cuando una empresa argentina arrancó con los trabajos en el norte y empezaron a llegar ingenieros y técnicos del país vecino, los uruguayos se dieron cuenta que más que un contrato, esto se parecía a una tomadura de pelo. ¿Se sentía tan segura la empresa con el triunvirato progresista para dejarlo expuesto en forma tan flagrante ante la opinión pública?
Por la misma época del año pasado, la Dinatel y la URSEC celebraban en Presidencia una jornada titulada: “Desafíos en telecomunicaciones en 2050”. Cualquiera que entienda el mínimo de tecnología sabe que planificar telecomunicaciones treinta años hacia adelante es un ejercicio mental de dudosa utilidad, sobre todo para un país como Uruguay que importa hasta los cables. ¿Será que pensaban que estaban dentro de los Bell Labs? El tema es demasiado serio como para tomarlo en la clave carnavalera que parecía marcar el ritmo en OPP.
La inflexibilidad alcanza también al campo energético, habiendo comprometido compras de energía por dos décadas a precios que hoy están fuera de mercado. Es verdad que nadie sabía que los precios de la electricidad iban a caer en tal magnitud. Pero es igualmente cierto que el gobierno anterior fue advertido por consultoras internacionales sobre la inconveniencia de incorporar tanta energía renovable a la matriz energética, ya que entre otras cosas, le quitó flexibilidad. El resultado es que resulta virtualmente imposible que los compradores de electricidad se beneficien de la caída en el precio de la energía, ya que UTE quedó atada de manos con contratos de largo plazo.
La consecuencia de todas estas contrataciones hacia el “2050” es que la economía uruguaya perdió flexibilidad. Nuestra ventaja histórica siempre fue que como país pequeño podíamos reaccionar más rápidamente que nuestros vecinos. Esto ya no es así. Sin mediar una alteración de los contratos, por al menos una década no podremos bajar sustancialmente el costo promedio de generación eléctrica. Y así con muchos otros rubros que hacen al costo país, que resolverlo constituye la clave del desarrollo nacional. El margen de maniobra para el nuevo gobierno es muy limitado y los riesgos aumentaron sustancialmente.
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