Es un valor admitido e imposible de negar que durante la administración anterior desde Cabildo Abierto se propusieron medidas de indiscutible conveniencia y hasta de necesidad para mejorar la vida de la gente.
Fomentar la natalidad, combatir la usura, luchar contra el narcotráfico y el consumo de drogas, mejorar la seguridad pública, imponer el trabajo obligatorio en las cárceles, atender las necesidades de la niñez desvalida, promover soluciones habitacionales, acentuar la ayuda social a los más vulnerables han sido entre otras medidas propuestas por Cabildo Abierto y hasta en algunos casos acompañadas por un proyecto articulado para facilitar su discusión y tratamiento.
Sin embargo, esas propuestas, sensatas y razonables nunca fueron atendidas.
Obsérvese, por ejemplo, la importancia que, en forma exclusiva, le dio el general Guido Manini al tema demográfico, preocupado por el bajo índice de natalidad, que ahora señala el Instituto Nacional de Estadísticas anunciando la tendencia que desde el año 2024 hasta el año 2070 se operará una reducción de nuestra población del orden de las 400.000 personas y que crecerá el envejecimiento de la población, al aumentar los mayores de 65 años y disminuir los menores de 15 años. Recién ahora cunde la alarma, sobre lo que hace varios años viene advirtiendo el general Manini.
Del mismo modo, rompen los ojos esos préstamos usurarios que tienen atados al Clearing de deudores incobrables a unos 800.000 ciudadanos, que han quedado sufriendo una verdadera y ominosa capitis deminutio, como la llamaban los romanos, que les amputa toda posibilidad de obtener una compra a crédito.
O pretender una reforma del sistema carcelario, ya impostergable, sin imponer el trabajo obligatorio y moderadamente rentado de los reclusos para evitar el ocio y con el propósito de tengan algún recurso monetario al recobrar su libertad, pues negarlo es lo mismo que favorecer la reincidencia.
Y así podemos enumerar una serie de iniciativas de Cabildo Abierto rechazados por la Coalición Republicana, ninguneando a uno de sus integrantes sin permitirle participar o capitalizar su acción de gobierno, aunque algunas de sus propuestas fueron aceptadas y llevadas adelante con pequeños cambios por ciertos actores políticos. Esto fue lo que lo destacamos en nuestra columna hace unos meses bajo el título “Las ideas no se matan, pero se roban”.
Ese desdén hacia las iniciativas de Cabildo, nunca acompañadas y alguna vez vetadas, fue uno de los motivos de su rotunda caída electoral y, como consecuencia, la pérdida de votos para la Coalición Republicana, con el consiguiente triunfo del Frente Amplio.
No escapa a su condición de ser el gran “mariscal de la derrota” el presidente Luis Lacalle Pou, que nunca actuó como el jefe de una coalición de partidos –pues nunca convocó a sus aliados para decidir medidas de gobierno– sino como un presidente que recibía el apoyo de otros partidos. Esa conducta le permitió sin duda construir su poder dentro del Partido Nacional, hoy indiscutible; pero fue la causa decisiva en la derrota,
Hoy en día Cabildo Abierto lucha, con lo que tiene, por los postulados a los que nunca renunció y que abrevan en la doctrina artiguista, iluminado por sus ideas rectoras. Pero en lo diario, debe atender los problemas acuciantes que refieren a la necesidad del correcto funcionamiento de los poderes del Estado, y el caso de la Justicia Penal está reclamando una urgente solución.
Son realmente tres leyes que hay que derogar, el triángulo legislativo sobre el que se vertebra la fracasada arquitectura de un modelo de justicia procesal penal cuya demostrada ineficiencia trajo aparejado el mayor desprestigio para el sistema.
Desprestigio tan notorio, que justifica la apreciación de que, con el Código del Proceso anterior, semiacusatorio o acusatorio atenuado, la Justicia Penal funcionaba mucho mejor.
La primera a derogar es la Ley 19.293 que aprobó el Código del Proceso Penal, verdadero engendro que bajo el pretexto de implantar un sistema acusatorio lo que hizo fue trasladar la administración de la Justicia de los jueces a los fiscales, lo que constituye una clara inconstitucionalidad y ha generado un funcionamiento tan inconveniente como determinante de un descrédito generalizado que hoy urge solucionar.
En segundo lugar, la Ley 19.334 tuvo la perversa sanción de la idea de convertir a la Fiscalía de Corte, órgano unipersonal e independiente, de impecable funcionamiento hasta que al gobierno del Frente Amplio se le ocurrió convertirlo en un servicio descentralizado.
La inconstitucionalidad de esta medida es evidente, desde que la Carta Magna dispone que tanto los entes autónomos como los servicios descentralizados “están destinados a administrar el dominio comercial e industrial del Estado”, en su artículo 185, a lo que agrega en su artículo 190 que “no podrán realizar negocios extraños al giro que preceptivamente le asignen las leyes”. Esas disposiciones han sido desconocidas y, sin duda, significan una reforma constitucional solapada y totalmente negativa, pues sus efectos están a la vista. Que la Constitución ha sido modificada por una simple ley es evidente y no es de extrañarse , pues proviene de quienes lograron, sin que se les corrigiera ni se declarase nula la ley que se permitió derogar un plebiscito y un referéndum, como si los representantes pudieran más que los auténticos titulares de la soberanía y su mera voluntad de mandatarios, se empine por encima de la voluntad de quienes los mandatan, aun cuando estos la hubieren expresado en forma de ejercicio directo con su voto.
Finalmente se debe derogar la Ley 19.483 que impuso a los señores fiscales la aplicación de unas Reglas Generales que deben respetar en el ejercicio de sus funciones. Esto, que puede parecer de escasa importante para los legos, es decididamente grave, pues contraviene la independencia técnica de los fiscales que debe ser sagrada y les presiona inequívocamente en el orden psicológico.
La conclusión es que las normas legales referidas no solo no han mejorado la gestión de los organismos comprometidos, sino que las han perjudicado notoriamente en su funcionamiento, han creado caos y confusión, desdibujado su perfil y propiciado desacuerdos y discusiones, por lo que su derogación se hace indispensable para mantener el respeto a las sabias disposiciones de la Constitución nacional.
Una Justicia Penal independiente, un proceso penal garantista, los fiscales en su tarea de representar los intereses de la sociedad y los jueces como quienes disponen de la privativa función de dictar las sentencias es lo que corresponde restituirle al país, después de los procedimientos fracasados debidos a un voluntarismo político sin fundamentos académicos que hay que suprimir de raíz.
