La derrota de la Coalición Republicana no se debe a que durante estos cinco años se hayan descuidado gravemente aspectos materiales de la vida nacional, con relación a los que también hemos tenido diferencias sobre cómo estos se encararon. Así se introdujo a la Coalición en el campo minado de la seguridad social, la prórroga por varios años de contratos relacionados con bienes esenciales del país que han definido su economía, sin que ello se hiciera con la debida transparencia, lo que motivó que presentáramos un proyecto requiriendo la anuencia del Senado para ese tipo de negocios. Más vale no hablar del asunto Astesiano, las mentiras vertidas en el ambiente parlamentario por altos funcionarios del gobierno en el caso Marset, que no han tenido repercusiones judiciales, pero sí políticas.
La verdadera causa de la derrota es la de no advertir que era imprescindible dar la batalla cultural o ideológica, iniciada por el marxismo en la enseñanza a todos sus niveles, hace ya décadas. Se permitió, a su vez, que el marxismo encaramado en sectores claves de la administración de Justicia desarrollara una inequívoca tarea de venganza contra los hoy viejos integrantes de las Fuerzas Armadas. Acciones que fueron calificadas de esa manera por una exministra del Frente Amplio, reconociéndose, además, recientemente, ni más ni menos por dirigentes claves de la hasta hoy oposición, como el expresidente Mujica y la exsenadora Topolansky, que existieron procedimientos basados en testimonios falaces. Se permitió que se continuara irradiando la ideología de género en diversos estamentos del Estado, desde la educación a la administración pública, donde pulularon las oficinas de género de una gestión absolutamente inútil.
La confusión ideológica de ciertos sectores de los partidos tradicionales los hace enarbolar las consignas que en ciertas materias levantó el marxismo cultural, realizando actividades afines a la citada ideología, colocando en sus sedes distintivos de los movimientos más significativos que la impulsan, o bien protagonizando actividades dirigidas a promover la confusión que esta ideología pretende imponer en la mente de los jóvenes.
Esta penetración ideológica solo prepara a sectores de dichos partidos para migrar al marxismo y es una de las explicaciones del creciente deshilachamiento de los partidos tradicionales, que elección tras elección se baten en retirada en materia de sufragios y parecen más interesados en destruir a sus eventuales socios que en parar la sangría que sufren elección tras elección, como consecuencia de una inadvertida penetración ideológica. Tan es así, que desde el Senado aparecieron figuras de los partidos tradicionales que impulsaron un proyecto de representación política que imponía la paridad de sexos en la distribución de cargos políticos electorales, repartiendo los mismos por mitades. Criterio que no tiene respaldo constitucional, ya que el texto no admite otra diferencia que la de los talentos y virtudes. En definitiva, se pretende imponer la representación de un grupo de interés, a despecho de que también podrían repartirse dichos cargos por raza, convicciones religiosas, profesiones u oficios, etcétera, lo que no se compadece con nuestra organización institucional. Este proyecto no prosperó, pero llegó a plantearse en el plenario del Senado, donde fue rechazado, pero es de destacar que lo impulsaron sectores de dichos partidos que consciente o inconscientemente favorecen la migración de sectores de la población hacia el marxismo cultural. En definitiva, no se trata solo de procurar mejoras de orden material de la naturaleza que sea, sino de hacerlo de manera transparente, pero sobre todo se trata de librar la batalla ideológica, procurando afirmar los valores que hicieron a la sociedad occidental y cristiana, como la más exitosa de la historia universal, pero por sobre todo debemos defender el patrimonio cultural del Uruguay frente a agendas promovidas desde el extranjero, que pretenden desdibujar nuestras características nacionales para arrojarnos a un saco informe de pueblos manipulados y sometidos a poderes ajenos a las autoridades emanadas de la soberanía de los pueblos.
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