Alguien podría decirnos que estos personajes de notoriedad política no tienen nada que ver entre sí. Sin embargo, ello es solo parcialmente cierto, ya que todos ellos son víctimas de un sistema de justicia penal caracterizado por su mal disimulada politización partidaria, la ausencia de algunas garantías mínimas de los involucrados, por lo que pueden estar indefinidamente en un limbo en el que no se define su responsabilidad, etcétera.
El caso Penadés es un caso curioso, que supuso implicar en un procedimiento penal al senador que era la figura central de la bancada del Partido Nacional. Denunciado por un travesti vinculado a su colectividad política, se desató una actuación fiscal que determinó un pedido de desafuero al Senado de la República. Cuando este se trató en el Senado, señalé que el pedido de desafuero no era acompañado de ninguna prueba incriminatoria, por lo que no estaba ese cuerpo en condiciones de resolver “si hay lugar a la formación de causa” como exige el artículo 114 de la Constitución. En dicha oportunidad señalé que votaba el desafuero a pedido del propio inculpado y de los colegas senadores representantes del Partido Nacional, pero observaba que no se cumplían las exigencias requeridas por la Constitución, ya que al no presentarse prueba de naturaleza alguna, con el pretexto de proteger a las supuestas víctimas, no nos era posible decir que había lugar a la formación de causa. A dos años y medio de dicho acontecimiento, los abogados de Penadés se agravian que aún no conocen la identidad de las supuestas víctimas, lo que obviamente, obsta a la defensa de su cliente y este hace dos años y medio que se encuentra privado de libertad. La causa da la impresión de estar suspendida en el tiempo a pesar que el inicial denunciante está privado de libertad por una falsa denuncia contra el presidente electo y su cómplice expresó en un programa televisivo que la trama había sido fraguada. Mientras tanto, el exsenador espera un pronunciamiento de la Justicia que confirme o desestime las denuncia, privado de libertad y masacrado mediáticamente. Concluyamos que el tiempo transcurrido parece exagerado para obtener un pronunciamiento judicial sobre un tema tan delicado y no es novedad que la justicia tardía huele más a inequidad que a justicia.
Si nos referimos al caso del exsenador Carrera, debemos señalar que ante la inminencia de un pedido de desafuero él mismo decidió renunciar, cometiendo a nuestro juicio un error al no articular su defensa en el ámbito parlamentario, pero ello no hace al hilo de nuestra reflexión, lo cierto es que Carrera renunció al Senado, fue eliminado de las listas de su partido como candidato y quedó a disposición de la Justicia, que hasta el momento se encuentra en una situación de indefinición, puesto que a pesar del tiempo transcurrido desde la aceptación de su renuncia, no ha recaído decisión alguna sobre si se lo formaliza o no. Lo cierto es que un pedido de desafuero genera enormes perjuicios en la reputación de cualquier legislador, por lo que perdidos o renunciados los fueros y en el entendido de que el pedido estuvo formulado por que había lugar a la formación de causa, debió recaer un inmediato pronunciamiento del sistema judicial en materia extremadamente delicada como la penal.
Vayamos a la situación de los militares y policías presos en la cárcel de Domingo Arena, que tenemos la convicción de que son motivo de una operación de venganza política, con consecuencias de concomitante provecho económico para las supuestas víctimas, a costa del erario, o sea de los sufridos contribuyentes. Nuestra convicción se funda en declaraciones de la exministra de Defensa Nacional, doctora Azucena Berruti, quien se desempeñó en tal concepto durante el primer gobierno del Frente Amplio, quien fue una de las primeras personas que desde dicho partido político señaló que se practicó una operación de venganza contra los militares presos. En el interín un pronunciamiento de un alto tribunal señalando que la fiscal actuante había fabricado pruebas, la absolución de un militar falsamente imputado por el color de sus ojos y otros varios exabruptos jurídicos culmina con las recientes declaraciones de la exvicepresidente Topolansky y del expresidente Mujica, que reconocen saber que ha habido falsos testimonios contra militares presos.
Por si fuera poco, tenemos referencias de numerosos encausamientos fundados exclusivamente en prueba testimonial, que es absolutamente insuficiente para acreditar hechos sucedidos hace 50 años y que normalmente deben acreditarse con otros medios de prueba menos sujetos a la subjetividad de las personas, cuyas declaraciones pueden estar afectadas por motivaciones de distinta naturaleza, ya sea de aversión política o personal. Ni que hablar de lo que sucede en cumplimiento de la Ley 19.580, que deroga el tradicional principio de inocencia y da lugar a que se trate al denunciado como culpable sin derecho a defensa alguna y a su vez exime de responsabilidad a las denunciantes mendaces. Un verdadero latrocinio absolutamente ilegítimo, que motivó un proyecto de modificación de la ley en cuestión, que como casi todas las iniciativas de Cabildo Abierto, fue ignorada por los partidos tradicionales, afectados por la nefasta ideología de género y su persistente retroceso electoral por jugar a la tibieza.
Una de las principales deficiencias del gobierno que fenece fue la de permanecer de manos cruzadas frente al despeñadero de un sistema judicial que en sectores particularmente delicados no ofrece garantías ni a tirios ni a troyanos. Si alguien tiene alguna duda, pidámosle su opinión a Penadés, Carrera, a los presos de Domingo Arena y a los padres y abuelas separados de sus hijos por aplicación de la Ley 19.580.
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