El enorme lastre y la pesada mochila que tiene el desarrollo económico y social de nuestro país ha sido ocasionado, principalmente, por la falta de capacitación de los dirigentes de los gobiernos frenteamplistas. Voy a referirme a algunos hechos que avalan la afirmación que antecede.
UTE
UTE acordó la construcción en Punta del Tigre de una planta de ciclo combinado con una potencia de 540 megavatios y, a esos efectos, firmó con la compañía Hiunday un contrato por U$ 500 millones de dólares, Ahora alegando incumplimientos de la empresa estatal, Hiunday ha demandado al Uruguay por U$S 333 millones de dólares, aunque aparentemente habría habido un principio de acuerdo transaccional al respecto.
UTE y ANCAP
A esas empresas estatales se les ocurrió construir una planta regasificadora que se denominó Gas Sayago. UTE y ANCAP aportaron U$S 42 millones de dólares y se asumieron diversas deudas para comenzar con ese emprendimiento. Oportunamente, publiqué un modesto trabajo donde afirmé que si no estaba comprometida formalmente la venta del excedente del gas, este emprendimiento iba a fracasar y así fue. Las pérdidas por esta iniciativa mal planificada alcanzan, hasta la fecha, la suma de más de U$S 200 millones de dólares y pueden seguir subiendo, entre otras razones, porque se ha comenzado a retirar los pilotes que se colocaron en la bahía de Montevideo a un costo de U$S 9 millones y porque se sigue pagando una subvención a los pescadores que iban a ser afectados.
ANP
El puerto de aguas profundas, en el departamento de Rocha, ha sido uno de los emprendimientos más festinados del gobierno que presidía el Sr. Mujica. En un artículo del suscrito, publicado en la Revista Naval de abril de 2015, explicité todos los errores de ese proyecto, incluyendo los legislativos y afirmé que el mismo era inviable porque no existían las cargas que pudieran justificar la inversión que requería. Al asumir las autoridades de este período de gobierno, se dieron cuenta de ello y encajonaron esta iniciativa. Pero, ese error, nos has costado más de U$S 20 millones de dólares, a lo que habría que agregar lo gastado por la Comisión Interministerial creada a esos efectos, que gastó aproximadamente U$S 7 millones de dólares en consultas y otras fruslerías….
A lo que antecede y dando prueba evidente de la ineptitud de los responsables, en el acuerdo de inversión con UPM firmado el 7 de noviembre de 2017, se acordó , en el inciso (f) del apartado 3.5.5., que la A.N.P. realice “ a su costo todos los trabajos de dragado necesarios con respecto al canal de conexión entre el Río de la Plata y la dársena adyacente al área de Concesión del Puerto de Montevideo, según lo siguiente: i. 12.5 m de calado a nivel cero Wharton en un primera etapa y II. 13 m de calado a nivel cero Wharton a partir de no más allá de 5 (cinco) años desde el inicio de operaciones de la Planta de Celulosa y por el resto del período de concesión, una vez que se reciba la autorización solicitada a la Comisión Administradora del Río de la Plata”. Esta redacción es absurda porque la dársena adyacente al área que se pretende conceder se encuentra también el Río de la Plata, forma parte del mismo ámbito acuático, de modo que no se puede hablar de una eventual conexión. Pero además, lo acordado es lesivo de nuestra soberanía porque en definitiva se le ha solicitado autorización a la C.A.R.P., que requiere el consentimiento de la delegación argentina, para dragar dentro del puerto de Montevideo y es además violatoria del Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo que establece, en esa área, una franja de jurisdicción exclusiva y excluyente de 7 millas náuticas. Disparate total!!!
ARATIRÍ
El emprendimiento de la empresa Aratirí fue promocionado, impulsado y controlado de manera caótica. Esa empresa que tenía como Gerente General al ex Presidente de la ANP y ex Director del Departamento de Desarrollo Ambiental de la Intendencia de Montevideo, le ha promovido una demanda monumental a nuestro país. En efecto, Zamin Ferrous le reclama al Uruguay la suma de U$S 3.356 millones de dólares!!!, cuando en su momento prometió invertir U$S 3.000 millones de dólares y darle trabajo a 6000 personas. Esta demanda constituye la amenaza financiera más grave que ha recaído en la historia de nuestro país. Es una espada de Damocles que pende sobre la cabeza de las nuevas generaciones y ahora nos encontramos con que el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 2º. Turno, revocó la sentencia de Primera Instancia que hacía lugar a la solicitud formulada para que el gobierno liberase la información sobre este juicio. Los uruguayos tenemos derecho a saber todo lo referente al mismo. Un conflicto de esa envergadura no puede quedar circunscripto a la intimidad de los gabinetes y depender exclusivamente de la ineptocracia que nos gobierna. Me recibí de Doctor en Derecho y Ciencias Sociales hace 60 años y he ejercido la docencia en Derecho Internacional por más de cinco décadas y , realmente, no alcanzo a comprender como frente a los principios constitucionales y legales que consagran la libertad de información, este Tribunal haya declarado que, por ser confidenciales, los datos del juicio promovido por Aratirí no deben ser develados…
La ineptocracia
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