La Fiscalía de Corte, como la llama la Constitución, ha sido siempre un órgano en el sistema jurisdiccional del país, que ha contado con la ilustre presencia de magistrados como los doctores Melitón Romero y Guido Berro Oribe o Antonio Camaño Rosa o Miguel Langón, entre otros juristas destacados, profesores y catedráticos del más alto nivel, que integraron los cuadros del Ministerio Público.
Actualmente, como es notorio, el servicio está en crisis.
El problema comienza cuando en 1997 Sanguinetti en su segunda presidencia propone al Dr. Miguel Langón, quien no logra la aceptación de todo el frente político por considerarlo profundamente ideologizado, lo mismo que ocurre con la Dra. Mirtha Guianze por las mismas razones, pero del signo político opuesto. Se opta entonces por el Dr. Óscar Peri Valdéz, quien transcurrido un tiempo en ejercicio del cargo, cesa por sus conflictos con los Ministros de Educación y Cultura.
Llega a la Fiscalía de Corte, entonces, con la unanimidad de los votos del Senado el Dr. Rafael Ubiría, quien ya en pleno gobierno frentista dictamina en contra del proyecto impositivo del Cr. Astori, sellando así su suerte, pues a partir de ese momento Felipe Michelini, que era subsecretario de Educación y Cultura, en forma clara y visible le traba su gestión.
De ahí en adelante, se busca para el Dr. Ubiría una salida elegante al designarlo Procurador del Estado en el Contencioso Administrativo, la misma solución que se tuvo para el Dr. Miguel Langón, ya que ese cargo no necesita la aprobación del Senado. Y se comienza la negociación, que se realiza entre la senadora Lucía Topolansky y el Dr. Gustavo Penadés, según la información de varios medios de prensa.
Se elige finalmente al Dr. Jorge Díaz, que es aprobado en forma unánime por el Senado, no obstante ser ajeno a la carrera en el Ministerio Público, ya que era Juez Letrado en Montevideo, y tampoco tenía méritos académicos relevantes.
Desde ese momento se desnudan y agudizan, los dos problemas que hoy afectan el sistema y son la judicialización de la política y la politización de la justicia. Como ya hemos dicho, se trata de dos cosas diferentes: a) la judicialización de la política se produce cuando se traban los mecanismos constitucionales de control, como son las comisiones investigadoras legislativas, a las que se opuso siempre el Frente Amplio (FA), lo que determinó que se debiera recurrir a la actuación de la Justicia; y b) la politización del sistema judicial, es una perversión que se da cuando sus integrantes, sean Jueces o Fiscales, asumen la condición de actores políticos.
La actuación del Dr. Jorge Díaz, como Fiscal de Corte, contando con el apoyo de todo el FA llevó al extremo la politización del servicio, que además se fortaleció con el nuevo Código del Proceso Penal (Ley N° 19.293) , la Ley que convirtió a la Fiscalía de Corte en un Servicio Descentralizado (Ley N° 19.334) y la Ley 19.843, de lo que se llamó Instrucciones Generales, que por la vía de una sutil presión sicológica, han quitado independencia a los Fiscales.
El nuevo Código del Proceso Penal, aprobado con el propósito de sustituir el viejo proceso inquisitivo por el proceso acusatorio, con su oralidad (brevedad), inmediatez (presencia indelegable del Juez en todas las audiencias) concentración (agilidad y rapidez) y publicidad (transparencia del sistema), en su aplicación práctica diaria ha desnaturalizado su finalidad y más del 90% de los casos, opta por el “proceso abreviado” que excluye al Juez y se reduce a un regateo cuasi comercial entre el Fiscal y la Defensa, que resulta un verdadero trámite administrativo. O sea instaló un proceso penal sin el Juez como garantía estatal de imparcialidad (“Tertius inter pares”) y conocimiento.
En el momento actual, anuncia El Observador que en el mes próximo se comenzará a negociar la designación del nuevo Fiscal de Corte o Fiscal General de la Nación, que necesita venia del Senado y durará 10 años en el cargo.
En la anterior negociación, en la que habrían intervenido el Dr. Penadés y la senadora Topolansky, se trataba de dos cargos: la Fiscalía de Corte y un Ministro de la Suprema Corte de Justicia. Según afirmó el periodista del semanario Búsqueda Raúl Ronzoni en su columna, el resultado fue: ganador Mujica por 2 a 0, o sea que el F. Amplio se llevó ambos cargos. Lo que supone que Penadés o el que haya sido, negoció mal, comenzando porque no debió admitir como Fiscal de Corte un paracaidista, que no estaba en el Ministerio Público, traído desde el Poder Judicial, despreciando la posibilidad de que entre los señores Fiscales hubiera quien tuviera las mismas o mejores condiciones que Díaz y una menor ideologización, es decir mayor grado de independencia política.
El estado actual de la situación favorable a los intereses del FA, hace imposible que esté dispuesto a ceder su posición de fuerza en el sistema judicial. Basta simplemente recordar el alevoso ataque contra el Gral. Manini por el fiscal Morosoli Díaz, en un caso en el que eran insoslayables las responsabilidades jurídicas del expresidente Dr. Tabaré Vázquez y el Secretario de la presidencia Dr. Toma, a los que alegremente dejaba de lado.
También se intentó un enroque pretendiendo, al vencer el período del Dr. Díaz llevarlo a la S. Corte como Ministro y designar a la Dra. Graciela Gatti en la Fiscalía General que quedaba vacante. La firme oposición de Cabildo Abierto desbarató el absurdo propósito.
Ahora se apresta una nueva negociación, y hasta se habla de la posibilidad de ampliar a tres el número de Fiscales Generales. No es la más adecuada solución para ese cargo, como tampoco optar por el de mayor antigüedad, que nunca asegura la mejor selección.
Lo que es más seguro, es que Cabildo Abierto no estaría dispuesto a votar a un candidato que esté por fuera de los cuadros del Ministerio Público, donde existen juristas con capacidad, conocimiento y altísimo grado de independencia política para garantizar el mejor ejercicio de ese elevado Magisterio.
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