Más de una vez hemos dicho que gobernar desde el conflicto es imposible en una democracia, ya que esta es un sistema de consensos. ¿Cómo instrumentar, entonces, una política de Estado cuando el enfrentamiento y la confrontación son las modalidades de una oposición que no se resigna a la derrota?
¿Cómo acordar una política de relaciones exteriores con quienes siempre apoyan a Cuba, Venezuela o Nicaragua en todos los foros internacionales?
¿Cómo compartir la política económica, monetaria y fiscal con los principios del astoribergarismo, de alta presión fiscal, gastos, despilfarro, endeudamiento y déficit permanentes, que fue analizada pormenorizadamente y disecada por nuestra redacción con fundado artículo, publicado en el número anterior?
¿Cómo participar de una política de seguridad cuyo sideral fracaso era lógico esperar, ante el supina ignorancia de sus dos responsables?
¿Cómo ser coautores del daño feroz inflingido a la enseñanza, tergiversando la historia, alejándola de la laicidad para embanderarla en su propia ideología, con el ejemplo de las admitidas y toleradas corruptelas del Fenapes de los docentes que cobraban sin trabajar, cuyo daño costará una generación en reparar?
¿Cómo admitir los desbordes sindicales que afectan el trabajo del obrero que quiere ganar su salario y trabajar, y lesionan el derecho de propiedad de los empresarios que son físicamente impedidos de entrar en sus locales?
¿Cómo buscar la reconciliación nacional con quienes pretenden el castigo infinito que, por supuesto, les depara el cobro por varias generaciones de suculentos resarcimientos, que pagamos todos los contribuyentes y son otra de las costosas consecuencias de la interminable y nefasta aventura guerrillera?
La actitud de los frenteamplistas es de una clara irresponsabilidad demagógica, que se demuestra en cada crítica, en cada intervención que llevan impresas la clara intención de obstaculizar o directamente impedir la ejecución del modelo de gobierno que eligió la gente.
Naturalmente que el trasvasamiento generacional que se ha operado en el Frente Amplio con la deserción o el retiro de la vieja dirigencia y su legado de desaciertos y dilapidaciones, de endeudamiento y corruptelas, dejado a los sucesores, es toda una argumentación trajinada, sobada, marchita y acuosa, por eso le decimos que toda ella es pólvora mojada, sin poder de fuego.
Son tan débiles los argumentos para derogar la LUC que han tenido que recurrir a la mentira, a la falsedad abierta y sin rubor. Así hemos visto al Dr. Sanguinetti, hombre de diálogo si los hay, y de amplia tolerancia en su vasta y larga experiencia, salir indignado expresando que lamenta tener que ocuparse, no de rebatir argumentos, sino en denunciar la mentira.
Hay que tener muy en claro las denuncias que se tramitan ante la Justicia con respecto al Antel Arena, la regasificadora y su cuantiosa inversión a pura pérdida, los enjuagues nada limpios de ASSE, la denuncia de UTE, los oscuros negociados con Venezuela y todo lo que aún se ignora del Bandes.
Ahora, alguno de estos historiadores militantes que enseñan cambiando la historia, aún a costa de su pretendida seriedad científica, al afirmar que el golpe empezó en el año 1968 cuando gobernaba Pacheco –quien salió del poder acompañado por 490.000 votos– en estos mismos momentos acusan al presidente Lacalle Pou de hacer un gobierno “claramente empresista” o sea en beneficio exclusivo de los empresarios, en la vana búsqueda de calificar a la Ley de Urgente Consideración como el ladino instrumento para legislar en perjuicio de los trabajadores.
Entonces les preguntamos, ¿empresista al estilo Astori, que trajo al señor Matías Campiani y lo respaldó, con el resultado de una estafa que le facilitó, dándole la garantía del Estado para la compra de los aviones y que costó al erario público más de 100 millones de dólares?
¿O empresista a lo Sendic, que manejó el contrato con Petroecuador por la compra de petróleo en favorables condiciones para ANCAP, pero que incluyó –sin llamado a Licitación en esa operativa contractual– a la firma Trafigura, una empresa holandesa que se llevó junto a sus asesores uruguayos alrededor de 200 millones de dólares, con mísera ganancia para Ancap, lo que le costó a Sendic, entre otras maniobras, su procesamiento y renuncia, siendo al final condenado benignamente por un simple delito de “abuso de funciones” .
También tenemos los ejemplos frentistas de las empresas autogestionadas, las de las “velitas al socialismo”, como Envidrio, Urutransfor, Cerámicas Olmos y otras similares, asistidas con decenas de millones de dólares que nunca devolvieron un solo peso. ¿Es éste de Lacalle, entonces, el gobierno empresarial que se le critica y esgrime como argumento contra la LUC?
Esos pocos ejemplos, solamente, alcanzan para desvirtuar la acusación de “gobierno empresista”, pero además demuestran la total falta de autoridad del frenteamplismo para criticar un gobierno cuyo presidente cuenta al día de hoy con el apoyo de un 55% de la ciudadanía.
Y además descubre y pone al desnudo la fragilidad de los argumentos contra la LUC, que se dan de frente con lo que hicieron cuando gobernaron los que hoy la combaten y quieren derogar. Por eso decimos y repetimos: sus desvalidas afirmaciones y aguados razonamientos son desechables por falsos y siempre terminan siendo una simple pólvora mojada.
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