La posibilidad de modificar la Carta Magna por voto popular, se introduce en 1934 y se comienza a utilizar desde entonces, como reflejo de aquel principio artiguista que señalaba “mi autoridad emana de vosotros y ella cesa ante vuestra presencia soberana”. En diferentes instancias el pueblo ha sido convocado para que exprese su opinión sobre propuestas de diversa índole, y los resultados no se han cuestionado y se consideran un mensaje del pueblo hacia sus representantes. Los plebiscitos para modificar la Constitución se aplicaron desde 1934 en 13 ocasiones. En otras tantas existieron referéndums (o sea para dar el Si o él No a una ley existente).
Algunas de estas consultas populares son muy recordadas, como la de 1952 cuando se instaló el colegiado, o la de 1966 cuando anuló ese colegiado y se volvió a que el Poder Ejecutivo tuviera a su frente un Presidente. Cuando los temas son polémicos y controvertidos, siempre se ha consultado al soberano, para que decida cuál es la decisión que se debe adoptar. Y eso es precisamente lo que plantea Cabildo Abierto con su proyecto de recolección de firmas. Habilitar un plebiscito con las elecciones de 2024, dónde quede estampado en la Constitución no solo una regulación en materia de tasas de interés, sino también normas que permitan una reestructuración razonable de las deudas de los particulares. Existen en la actualidad un millón de uruguayos que están en el Clearing de Informes y 633 mil en Categoría 5 (incobrables) en la Central de Riesgo del Banco Central. Con este proyecto se pretendía socorrer a los endeudados que tuvieran ingresos anuales que no superaran las 120 mil Unidades Indexadas (unos 49 mil pesos por mes).
Estar en el Clering y ser Categoría 5 significa no poder acceder a ningún crédito. Transformarse en un verdadero “paria económico”. Y lo que es más grave, ni tan siquiera acceder a los servicios públicos, de los cuales a esos uruguayos se les ha dicho que también son dueños, porque las empresas estatales como ser UTE, Antel y Ose (entre otras) para dar un servicio se fijan si quién lo solicita está en el Clering de Informes, y de figurar en esa lista, no pueden acceder al mismo. O sea que aquel ciudadano que tuvo la desgracia de caer en las garras de los usureros legales, encima le niegan contratar un servicio de una empresa que le han dicho que es “de todos los uruguayos”. Cabildo Abierto propuso una solución a toda esta problemática con un amplio proyecto de reestructura de deudas, el cual fue aprobado en la Comisión de Constitución y Legislación del Senado por todos los partidos políticos. Pero al llegar al Plenario, el Frente Amplio, un pequeño grupo de legisladores del Partido Nacional, y una senadora del Partido Colorado, hizo que la iniciativa fracasara de manera inesperada. En vez de apoyar lo ya acordado, votaron que volviera a la Comisión, y así para iniciar de casi cero un proyecto que llevó un proceso de dos años de consultas con expertos en el tema financiero.
El líder de CA, senador Guido Manini Ríos dijo días después de esta votación que “si los cambios que se introducen en la Comisión desnaturalizan al proyecto y no significan una solución para esos centenares de miles de uruguayos, estamos dispuestos a recorrer todos los caminos para incluir en la Constitución cláusulas que permitan reestructuras, y le pongan límites a esta usura desmedida”. El plazo dado es antes de fin de año para que surja un nuevo acuerdo dentro de la coalición y se vote un proyecto que logre reestructurar las deudas de las personas físicas.
De no ser así, Cabildo Abierto comenzará después de Semana Santa la recolección de firmas para impulsar un plebiscito que deje plasmado en la Constitución, normas que protejan a los ciudadanos de las prácticas de usura que se llevan adelante en todo el territorio nacional, por unas 50 financieras, dónde por lo menos cuatro de ellas están ligadas a grandes bancos privados. También lograr que los endeudados, que por diversas razones no pudieron cumplir con sus compromisos financieros, estén amparados por la Constitución y puedan acceder a una solución legal, que permita, dentro de sus posibilidades, cumplir con el pago de sus deudas.
Será, por lo tanto, el propio pueblo, guiados por el pensamiento Artiguista, quienes decidirán, en una primera instancia con las firmas y en una segunda con su voto, si desean o no plasmar en la Carta Magna, lo que algunos legisladores de la coalición y la totalidad de los del Frente Amplio, se negaron a hacer en el Parlamento. Por eso el año próximo, será el pueblo quién tenga la palabra.
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