En sus “Vidas Paralelas”, al historiar Plutarco la vida de Julio César deja una reflexión de vigencia universal y, por tanto, aplicable también al proceso llevado a cabo en nuestro país por los gobiernos frentistas.
Sostiene el historiador de la antigüedad clásica, al relatar la vida de aquel popular caudillo romano, que “nunca es tan pequeño el principio de cualquier empresa que la continuidad no lo haga grande…”.
Acá, mutatis mutandi y con perdón del latinazgo barato, como diría el doctor Martín Echegoyen, ha ocurrido algo similar en la versión sesgada de la historia reciente.
Resulta que, en un principio tímidamente y poco a poco, hasta contar con el apoyo de aquellos cronistas o comentaristas a los que no se puede llamar historiadores, fueron armando un relato falso y así presentarse como las víctimas idealistas y luchadoras por la justicia social, contra las que las fuerzas armadas con una violencia innecesaria e implacable encarceló, torturó o asesinó y luego hizo desaparecer.
Comencemos por la verdad: la lucha armada no la comenzó el Ejército, sino que la inició la guerrilla tupamara, que en su criminal designio cometió los crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad, torturas, actos de terrorismo y todos los delitos comunes contra la vida humana y la propiedad que legisla el Código Penal.
Los ángeles liberadores violaban las “leyes de la guerra” (asesinar rehenes o a civiles ajenos al conflicto), “torturaban” en fétidas mazmorras como la hoy visible Cárcel del Pueblo (Frick Davies, Pereira Reverbel, G. Jackson, embajador inglés) desaparecían y asesinaban civiles en claros “delitos de lesa humanidad” (Pascasio Báez), cometían “actos de terrorismo” (bowling de Carrasco, con una obrera lisiada de por vida), mataban “alevosamente o sobreseguro”, como a los cuatros soldados dormidos o agazapados desde el templo protestante de la calle Constituyente (Acosta y Lara), o por la espalda y en la calle (como al Cap. Moto, o el guardia de Punta Carretas, Leoncino) y todos los delitos contra la propiedad y la fe pública que dicta el Código Penal: hurto, rapiña, extorsión, secuestro, falsificación documentaria, uso de documento falso, usurpación, etc.
Pero resulta, que estos ángeles liberadores, lejos de ser desinteresados, son codiciosos y les gusta el dinero más que a “El avaro” de Moliere o que al “Shylock el mercader de Venecia” de William Shakespeare, y procedieron a nutrir sus faltriqueras con la plata de todos los uruguayos.
Para esa finalidad, lo mejor era anticipar el comienzo del régimen de facto lo antes posible y maliciosamente lo fijaron en plena democracia el mes de junio de 1968, bajo la Presidencia de Pacheco Areco. Ese no es un error histórico, sino la gruesa falsedad para retrotraer los resarcimientos e indemnizaciones a esa fecha ampliando su monto y aumentar la cantidad de beneficiados.
Es tan claro lo que estamos diciendo, que Pacheco Areco, viendo el asalto armado desatado contra las instituciones democráticas del país por aquellos “Iluminados” que querían instalar otra Cuba en el Uruguay, actuando siempre dentro de los marcos constitucionales, aplicó las medidas de seguridad y propuso el “estado de guerra interno” que aprobó el Parlamento por amplísima mayoría.
Luego llamó a elecciones, en las que recibió el apoyo de 490.000 voluntades, derrotando con amplitud al Frente Amplio que quedó 200.000 votos más abajo y entregó las instituciones intactas, sin el menor menoscabo y con la más honesta conducta que puede tener un gobernante. Salió del poder sin dejar riquezas ni bienes a sus herederos.
Preguntamos: ¿qué les deben los uruguayos a los exguerilleros para tener que pagarles esas jugosas indemnizaciones vitalicias y ser el único país del planeta que asiste de por vida con resarcimientos a quienes intentaron voltear sus instituciones?
¿Cuánto es el monto que se ha pagado? ¿Cuál es la suma que se debe seguir pagando? ¿Y hasta cuando hay que pagarla?
¿En qué porcentaje afecta y grava las finanzas del BPS? ¿Se ha tenido en cuenta esa sangría, ahora que se está reformulando un sistema previsional al borde del colapso, pero que sigue pagando a quienes nunca aportaron?
¿Quién y por qué medio, ley o decreto ha autorizado el mantenimiento y la sucesión vitalicia de esas pensiones hasta la tercera generación de los beneficiados?
¿En qué medida siguen los causahabientes de los guerrilleros recibiendo los pagos por afuera del sistema previsto para los casos normales que rigen nuestras leyes de previsión?
Se ha dado el caso de quienes han cobrado acá y en la Argentina, donde hubo la mayor cantidad de desaparecidos uruguayos, existiendo a este respecto denuncias penales que están tramitando.
También se sabe que hay quienes viven en el exterior o nunca estuvieron detenidos y cobran resarcimientos sin que nadie controle una aceptación de reclamos que se hizo con una tolerancia de “manga ancha”, sin reparar en el altísimo costo para nuestros contribuyentes.
¿Es justo que exista un tratamiento especial y más favorable para los exguerrilleros y sus sucesores, que al jubilado normal con muchos años de sacrificio aportando por su trabajo con el salario?
Todas esas preguntas requieren respuestas que la gente trabajadora, el ciudadano normal y laburante, está esperando y seguirá esperando, siempre que las autoridades decidan mantener una situación injusta sin siquiera analizarla con vistas a su revisión o reconsideración.
A quienes consideren inexactas las manifestaciones precedentes, les recuerdo las palabras sabias y sensatas de quien fuera el fundador del Frente Amplio, el general Líber Seregni, que en una entrevista grabada con el periodista Neber Araújo, que está a disposición de todos, dijo lo siguiente: “Yo, Líber Seregni, me he reprochado no haber condenado con suficiente energía los desbordes del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros de aquel momento, que eran también una violación a los derechos humanos” (sic).
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