Con estas palabras iniciaba el contador Danilo Astori su información sobre el acuerdo de Pluna con Leadgate, la empresa dirigida por el contador Matías Campiani que, simulando la apariencia de un poderoso grupo inversor, logró quedarse con el 75 por ciento del capital y la gerencia de la línea aérea uruguaya. Era el año 2007, bajo la presidencia de Tabaré Vázquez.
En esa instancia se anunciaba la capitalización de la compañía en el orden de unos 155 millones de dólares en dos años y un plan de desarrollo empresarial que incluía la incorporación de una flota de aviones, la extensión de los vuelos a Europa y Estados Unidos, y la ampliación de los vuelos regionales.
O sea que el plan de la nueva compañía, en la que la participación nacional era solo del veinticinco por ciento (a pesar de haber garantizado el pago de la compra de los aviones) era de una transformación total, y Astori destacaba “la profesionalidad con que se llevó a cabo el proceso de selección” (sic).
El resultado, al cabo de unos años, quedó a la vista: Campiani era un falso inversor que terminó procesado y Uruguay asumió el ruinoso negocio, por haber salido de garantía de la compra de los aviones, debiendo pagar su precio multimillonario a un banco canadiense, que recién pudo cancelar a mediados de 2023.
Ahora resulta condenado también al pago de una suma cercana a los sesenta millones de dólares, que se suma a las pérdidas anteriores del cierre de Pluna, en un procedimiento irregular y funambulesco que terminó con el procesamiento y condena del ministro de Economía Fernando Lorenzo y el presidente del BROU Fernando Calloia. Si no alcanzaran los desaguisados del gobierno de Mujica, se remató la cadena de desaciertos creando ALUR para perder otros quince millones de dólares. Como justificación, el frenteamplismo, incluidos Mujica y Orsi, ha salido a decir que también antes Uruguay había perdido dinero en su alianza con Varig, justificando el extravagante cierre de Pluna con sus colosales errores y visibles maniobras que quedaron al descubierto. Parece que le da lo mismo a los frentachos haber hecho tratos con el aventurero insolvente de Campiani que con la empresa de línea brasileña, que era en aquel momento una de las compañías aéreas más importantes y prestigiosas del mundo.
Pero ¿a qué vamos con todo esto que es tan conocido por todos? A la falta de autocrítica del Frente Amplio, al gigantesco despilfarro de los recursos del Estado por gestiones equivocadas, pues a lo de Pluna se suma Gas Sayago, Aratirí, el puerto de aguas profundas, los oscuros negociados con Venezuela, las empresas autogestionadas o “velitas al socialismo” y otras brillantes iniciativas, todas de negativos resultados. Con esos antecedentes, que son solo algunos de una gestión desastrosa, el señor Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio, no cesa de atacar al gobierno en todos y cada uno de sus pasos. Así se despacha contra la inseguridad, pero omite la generosa liberación de presos que dispuso el ministro del Interior doctor José Díaz para combatir el “hacinamiento carcelario”, que dio comienzo al aumento de la criminalidad. Del mismo modo critica la reforma educativa, que se hace para reconducir los planes de la enseñanza hacia un verdadero laicismo, o denuncia la falta de remedios en el área de la salud, o la falta de poder adquisitivo de los salarios, o el aumento de los asentamientos y en forma general a lo que califica como el fracaso del proyecto de la Coalición Republicana y de toda su gestión gubernativa.
A tanto llega la crítica de minucias inconcebibles, que el diputado frentista Sebastián Valdomir, del MPP, pidió informes sobre la visita del presidente Lacalle a la Antártida y sus acompañantes, como si se tratara de un serio problema de Estado. Fue por lana y salió trasquilado: entre tantas y tantas vistas estuvo el presidente Vázquez con sus tres hijos y su amigo Juan Salgado, presidente de Cutcsa, el asesor Ariel Bergamino y su hijo y la esposa de Rodolfo Nin Novoa, entre otros tantos invitados.
Son otros los problemas que llegan y comprometen seriamente la gestión del Frente Amplio, como la dura investigación judicial que se está haciendo en Estados Unidos sobre la empresa Trafigura y la corrupción existente en Petroecuador durante el gobierno de Rafael Correa, donde aparece mencionado Uruguay y la empresa estatal Ancap.
El Frente Amplio deberá explicar a la Justicia de Estados Unidos todos los pormenores del acuerdo de Ancap con Trafigura, los términos del contrato, si fue directo o hubo licitación, por quién y dónde se redactó, el volumen de los embarques, dónde se refinó el crudo y cuál fue su costo, a quiénes contrataron o quiénes intervinieron como consultores y asesores contables y jurídicos, cuánto se pagó por los honorarios profesionales de esos servicios, las actas de directorio que le dieron aprobación y el voto de sus directores.
Todo eso es de interés para el conocimiento del público, que sin dudas tiene derecho a saber por qué razón el nombre de Uruguay aparece mencionado en ingrata compañía de turbias sociedades asiáticas, en lo que se anuncia como un escándalo de proporciones internacionales.
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