El jueves pasado fue la audiencia de la primera imputación de Conexión Ganadera. Por primera vez en más de seis meses hay una persona en prisión. Pablo Carrasco pasó la noche en Punta de Rieles y se está por definir en qué cárcel seguirá al menos hasta noviembre próximo.
La jueza de Crimen Organizado de segundo turno, Diovanet Olivera, aprobó las imputaciones que pidió el fiscal de Lavado de Activos, Dr. Enrique Rodríguez. A Pablo Carrasco, por un delito de estafa y lavado de activos, disponiendo 180 días de prisión preventiva, mientras que Ana Iewdiukow y Daniela Cabral fueron imputados por un delito continuado de estafa en calidad de autoras, con prisión domiciliaria como medida cautelar.
Mucha gente cree que fueron imputaciones leves, pero hay que tener en cuenta varias cosas. Primero, los tiempos que tiene un fiscal para pedir la imputación y luego presentar las pruebas con toda la burocracia que existe. Segundo, y para mí más importante, en la Justicia Penal se puede pagar con cárcel o con plata. Si todos los responsables de Conexión Ganadera van presos pagarían de esa forma los US$ 220 millones que deben hoy a los inversores. También tengamos en cuenta que estas imputaciones se pueden ampliar, hay varios delitos como ser apropiación indebida y lavado de activos por imputar.
Hoy sabemos que hubo muchos contratos falsos, prestanombres e incluso gente que no sabía que tenía a su nombre un contrato. Esto, como dijimos antes, se utilizaba para justificar la entrada de dinero a la cuenta de Conexión Ganadera. Sabemos que la deuda con los inversores es de US$ 220 millones y no de US$ 400 millones.
Por otro lado, sabemos que el síndico, Dr. Alfredo Ciavattone, ha encontrado ganado por US$ 80 millones, que la sucesión de Basso arrojó US$ 50 millones y que el fiscal acaba de embargar bienes por U$S 16 millones. Todo esto sumaría US$ 146 millones –no cuento el dinero y bienes del exterior, como ser el departamento de Madrid de la familia Carrasco–. Esto es un 66% de lo que se debe. Hay campos en Rocha, Florida, viviendas en Lavalleja. No todo es líquido, pero ya se ha vendido parte del ganado y está en una cuenta para pagar acreedores, entre ellos a la masa concursal, los inversores.
Un detalle no menor, es que tanto BPS como DGI no van a reclamar de ese dinero ya que fueron omisos y en algunos casos colaboraron con la estafa de Conexión Ganadera. Aquí hubo consenso político.
¿Qué sucedería si empezamos a vender los activos y a medida que se llegue, por ejemplo, a un 30% de lo adeudado, se le entrega a cada damnificado un 30% de la deuda que se tiene con él, y así hasta vender todos los activos? Hay gente que necesita el dinero hoy para vivir y quizás recibir un 30% de los ahorros que le deben le pueda solucionar su coyuntura actual.
¿Estarían los damnificados de acuerdo? ¿Quién debe de plantearlo, los abogados de los inversores, el síndico, el fiscal, el gobierno, el Parlamento? El tiempo pasa, los inversores se enferman, endeudan y pierden las esperanzas. Por otro lado, vender todos los activos ayudaría a bajar los costos de mantenimiento (sueldos, veterinaria, etcétera).
Los tiempos de la Justicia son lentos y eso es por dos razones: por falta de recursos y para poder darnos garantías a todos. Hay que seguir apoyando y proponiendo. Quizás llegó la hora de ayudar a repartir el dinero robado. Se habla de un año o año y medio para cobrar. Es mucho tiempo, ayudemos a que esto sea más rápido.
