El 4 de diciembre del año pasado escribí la columna “Grupo Larrarte y República Ganadera, el dominó de los bonos ganaderos”, pero realmente me involucré con el tema, y especialmente con Conexión Ganadera (CG), el sábado 11 de enero, cuando me llamó Augusto, quien tenía US$ 12.000 en CG, fruto de la venta de su auto, sus únicos ahorros. Como escribí antes, en el entorno de CG me dijeron que le trasmitiera que iba a cobrar y que Pablo Carrasco decía que estaban “mejor que nunca, los atrasos son porque estamos poniendo en orden la parte financiera que la manejaba mi socio”.
Parece que pasó una vida y también un huracán que se llevó US$ 400 millones en cabezas de ganado, la franquicia de Stradivarius de los EE. UU., al “zar de la carne”, la memoria de Martín Bartol en el juzgado, y más. Todo esto luego de haberse llevado de la peor forma a Gustavo Basso, socio fundador de CG y el mayor receptor de inversión para la empresa y satélites.
El “zar”, como se autoproclamaba Pablo Carrasco, y su esposa están en su casa, sin medidas cautelares, sin tobilleras. Lo mismo la viuda e hijas de Gustavo Basso. La defensa de ambas familias tomó en estos días como estrategia atacar a los inversores, sí, a las 4300 víctimas de la estafa más grande de este siglo. “Que justifiquen de dónde sacaron el dinero que invirtieron”, dijo Pablo Carrasco, algo que ellos deberían de saber porque al recibir una transferencia, cheque, efectivo o un depósito están obligados a pedir el origen de los fondos.
Ayer anunciaron los abogados de la familia Basso que hay “intrusiones a la intimidad con total impunidad” de la familia Basso, esto es debido a que los inversores o damnificados de CG salieron a buscar los bienes que tienen las familias que los estafaron y se encontraron con una publicación en la web de que se vendía la casa donde vivían en Florida Agustina Basso y Alfredo Rava. Estos abogados, Pablo Donnangelo y Eduardo Sasson, no descartan denunciar a los ahorristas por esto. Así que hay que avisarles a los jubilados, trabajadores, jóvenes, enfermos que necesitan su dinero para un tratamiento y que hasta ahora perdieron sus ahorros que también pueden ser denunciados por querer encontrar su dinero.
Efectivamente, la casa está a nombre de Badimar Ltda., empresa de los hijos del Pompeyo Alexander de Florida, prestamista que hipotecaba propiedades y las remataba si no le pagabas. Como también sabemos que Gustavo Basso y su viuda son los titulares (desde 2017) de la constructora Lerosur SA en Lavalleja, que hace casas que luego no se alquilan ni habitan. Es una forma más de blanquear dinero que recibía Basso de origen dudoso y lo transformaba en un activo. Que hay sobrinos de Carrasco con empresas y cuentas en el exterior. Que las hijas de Basso tienen campos en Florida y Durazno, en algunos casos quizás sin saber, a medias con inversores que le daban efectivo a su padre para ser transformado en activos. Todo esto es parte de lo que venimos averiguando con un grupo de damnificados. Reuniones presenciales y vía Zoom, kilómetros recorridos, llamadas a colegas del exterior. Relatos de trabajadores de CG y Escritorio Basso arrepentidos, gente cercana a las familias Basso y especialmente Carrasco y muchos más. Vecinos de la calle 19 de Abril, etc. Es que en 4300 damnificados hay profesionales, empleados, políticos, gente con tiempo libre, empleados públicos. Cuando ves que está todo perdido tenés dos caminos, te rendís o peleás por lo que te robaron. Cada vez son más los que están tomando la segunda opción.
Volviendo a los abogados de la familia Basso, a la hora de pedir el cierre de fronteras de Daniela Cabral, viuda de Gustavo Basso, el Dr. Pablo Donnangelo dijo que no tenía sentido porque “ella no quiere viajar a ningún lado en estos días”.
