ALUR: Una gran inversión desaprovechada

La economía de un país, como la de una familia, es el resultado de un cúmulo de decisiones que se toman en el correr del tiempo. Cuando se logran combinar condiciones económicas favorables con una buena conducción, los países logran buenos resultados.

Cuando el Frente Amplio entró al gobierno en 2005, encontró un país que comenzaba a recuperarse de la grave crisis del 2002. El año anterior el PBI había crecido un 5% y la economía se encaminaba a crecer un 7,5% durante el 2005. El déficit fiscal había descendido al mínimo en décadas, y el peso de la deuda sobre el PBI se encontraba en franca trayectoria descendente. Con estos indicadores, Uruguay había ya recuperado el acceso a los mercados de financiamiento y gozaba de la aprobación de la comunidad internacional.

Pero si el balance del país era sólido, encontraría condiciones externas extraordinariamente favorables.

Para tomar una referencia -un cultivo que todavía no se había difundido en el Uruguay-, al asumir el gobierno en 2005, la soja operaba a USD 210 por tonelada, ya para el 2008 el país se beneficiaba de precios que superaban los USD 500, algo que sucedió con casi todos los commodities. Una duplicación de precios en dólares en una economía que tenía un tipo de cambio competitivo motivó al sector privado a hacer inversiones que permitieron aprovechar la oportunidad para aumentar nuestras exportaciones.

La dinámica del sector privado provocó un incremento de la recaudación, lo que permitió al Ec. Astori aumentar el gasto sin que esto tuviera un impacto visible en el déficit, acuñando en el proceso el concepto de “espacio fiscal”, lo que en buen romance significaba gastarse el dividendo del crecimiento. Esta política dejó el flanco expuesto a los impulsos más creativos del gobierno, promovidos por entusiastas ingenieros ansiosos por aplicar ideas que habían aprendido durante años confinados dentro de la Universidad.

No había pasado un día desde su asunción, que el presidente Vázquez le puso la firma a un acuerdo de cooperación energética con la Venezuela de Hugo Chávez. Ese acuerdo tuvo varios aspectos. Ancap empezó a comprar su petróleo en Venezuela con pago diferido, lo que le permitió financiar varios proyectos. Uno de ellos fue la planta de etanol, proyecto concebido no solo para producir combustibles de fuente renovable, sino también para fomentar cultivos en una región de nuestro país históricamente relegada.

La intención era buena y la planta de ALUR estaba preparada para procesar, como punto de partida, la producción de 50.000 hectáreas de sorgo. La planta se hizo y no se pensó en dar los estímulos para que en la zona de influencia (al norte del Río Negro y hacia el litoral) se desarrollara la superficie de cultivo para abastecer la planta. Hoy, en todo Uruguay, se siembran menos de 29.000 hectáreas, por lo que esta planta está subutilizada. Esto sin hablar de los sobrecostos.

Las inversiones de UTE sin dudas fueron bien ejecutadas, en gran parte gracias a que la empresa estatal supo mantener su gerenciamiento profesional. En este caso la raíz del problema se encontraba en la Dirección de Energía, que entusiasmada por las posibilidades que ofrecía Aratirí, se apuró en la incorporación de nuevas fuentes de generación a la matriz energética. Aratirí nunca se concretó, pero esta gente, poco habituada a admitir errores, siguió a toda velocidad. Cuando estaban previstos 300 MW de energía eólica, terminaron instalando cinco veces más capacidad. Mientras opiniones autorizadas indicaban que venderle gas natural a Argentina no era algo sostenible, siguieron adelante a todo vapor con la regasificadora. Como resultado nos quedó una planta de ciclo combinado que costó más de USD 500 millones y rara vez se prende.

Como a todos los impulsos de este gobierno, le llegó su propio freno. Los altos niveles de endeudamiento y déficit fiscal actuales limitan severamente la capacidad del Estado de realizar inversiones que permitan absorber toda esta energía excedente, y que terminamos exportando por debajo del costo de producción. A esto se agrega la falta de competitividad de la producción nacional, que necesita de tarifas públicas competitivas, pero que termina de hecho subsidiando los errores de una política energética mal concebida.

Resulta paradójico que una política que supuestamente nos iba a traer “soberanía energética” de la mano de la “transformación de la matriz energética”, terminara en los hechos con tarifas eléctricas que afectan severamente la competitividad de las empresas nacionales. Y resulta inaceptable que en un escenario de exceso de energía en el mediano plazo, el Ejecutivo haya negociado directamente con UPM una compra de energía en condiciones que no parecen ser consistentes con el interés de nuestro país, y que imponen a UTE absorber de hecho un subsidio más a la empresa finlandesa.

Lamentablemente, el gobierno del Frente Amplio, a pesar de su vocación refundacional, no logró superar las buenas intenciones. Lo del título: El impulso y su freno, como describe Carlos Real de Azúa la raíz de la crisis uruguaya.