En su desaforada carrera contra la LUC, el Frente Amplio ensaya todas las críticas y acomete contra todos los organismos estatales, acusando sin razones y falseando los hechos. Ahora la emprende contra INISA, un servicio tuitivo y de inclusión que bajo la presidencia de la socióloga Rossana de Olivera está llevando a cabo con eficiencia y honestidad acrisolada, una ímproba y delicada labor.
No obstante esa evidencia, que no empañan las críticas ni el absurdo reclamo de que abandone su tarea, dos representantes frenteamplistas, las Sras. Bettiana Díaz y Cecilia Cairo cuyas especializaciones de orden académico ignoramos, ensayando sus respectivas catilinarias, formulan críticas sin fundamento.
Es explicable. Un Frente Amplio acorralado por gravísimas denuncias de corrupción, que ya dejó por el camino en su trayectoria gubernamental a un vicepresidente, un ministro de Economía y un presidente del BROU, ha dejado la imagen de una fuerza política muy deteriorada y por eso se lanza intentando, de cualquier manera, desprestigiar al gobierno actual.
Quizás no adviertan que han perdido autoridad para criticar, pues como decía la semana pasada un distinguido analista político, para que prenda el mensaje en la opinión pública debe ser creíble y sobre todo vencer el contraste de lo que pueden recordarle de la época en que estuvieron en el gobierno.
Por supuesto que las mencionadas diputadas tienen todo el derecho a discrepar; ahora si quieren buscar corruptelas que revisen en la anterior administración en el MIDES los millones pagados a quienes no tenían ningún derecho al cobro o al INAU a que les explique cómo una modesta construcción de cuatro habitaciones le costó US$ 620.000 dólares.
Pero vayamos ahora a las preguntas con las que cuestionan a la Presidencia del INISA, a pesar de que ya lo hizo en la Comisión de Presupuesto y Hacienda el 4 de agosto pasado.
Adolescentes en conflicto con la ley penal
En primer lugar, una precisión terminológica: las diputadas Díaz y Cairo se refieren a los internados como “chiquilines” y “gurises”, en un tono plañidero que busca motivar sentimientos de desprotección en seres desvalidos. Sin negar el drama de la pobreza y la desintegración familiar, según la Ley N°19.367 son “adolescentes en conflicto con la ley penal”; algunos tienen más de 18 años y otros son capaces de crear reales situaciones de violencia, como amotinarse, romper vidrios, lastimar a los guardias de seguridad y hasta tomar como rehén a una educadora que estaba embarazada. Por algo hay, desde hace tiempo, tres centros de máxima seguridad.
Para resumir el alcance de las dudas y preguntas planteadas diremos que son las siguientes:
- Las dudas sobre el mantenimiento de la institucionalidad
- La falta de tratamiento por faltar un médico siquiatra
- La reclusión demasiado extensa durante el día
- El control de las llamadas telefónicas
- La contratación de Sandra Mérida como asesora de seguridad
- La falta de alimentación adecuada
Si bien la Dra. De Olivera dio las respuestas, a continuación y a los efectos informativos y de divulgación, las reiteraremos.
La institucionalidad ni está ni estuvo nunca en peligro y alguna decisión tomada por la presidente, al amparo de lo que dice la ley orgánica, se somete luego a la consideración del Directorio.
El médico siquiatra será cubierto con el llamado para la contratación de cuatro profesionales, que ya está en curso, pues el anterior llamado quedó desierto. Dejamos constancia de que en la Administración anterior había un solo siquiatra y ocho (8) arquitectos.
No es cierto que la reclusión diurna sea de 9 horas, pues es de seis (6) horas promedialmente. El control de las llamadas telefónicas se hace con el propósito de que se comuniquen con las personas habilitadas (familiares, profesionales, etc.) y no con quienes puedan inducirlos a inconductas o desviaciones de carácter ilícito, pero sin interferir en las llamadas normales.
La falta de alimentación adecuada es simplemente mentira, pues existen nutricionistas que aseguran que sea suficiente, de buena calidad y de apropiado nivel vitamínico. Lo que en este rubro se ha hecho es poner un poco de orden y control, pues como también se alimenta a parte del personal, existían abusos que se debían corregir.
Finalmente, el caso de la contratación de la asesora en seguridad, Sandra Mérida, nada tiene de irregular pues nunca fue declarada destituida, lo que hubiera impedido su contratación, sino que, según registra la Oficina de Servicio Civil, su cese fue debido al cumplimiento del plazo de la contratación.
Todas estas razones determinan que Cabildo Abierto ratifique su plena confianza en la actual presidente y su correcta y exitosa gestión.
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