El Senado intervino a través de una comisión. Los productores pierden, pero también los consumidores que deben pagar más convencidos de que son precios justos y equitativos con el costo de producción.
En Australia los supermercados están bajo sospecha e investigación por posibles maniobras para desvirtuar el mercado de productos agropecuarios, incluso el Senado trabajó en una comisión investigadora y emitió un documento final con algunas recomendaciones, el que elevó a la Comisión Australiana de Competencia y Consumo.
La información no especifica qué tipo de maniobras se realizan, pero consistiría en pagar menos al productor y cobrar más al consumidor.
Por otro lado, los productores de granja, que suelen ser uno de los eslabones más finos en la cadena comercial, temen represalias por parte de los grandes comercios.
David Jochinke, presidente de la Federación Nacional de Agricultores (NFF), hizo comentarios positivos sobre el informe del Senado australiano.
“Durante mucho tiempo hemos argumentado que la cadena de suministro de alimentos y comestibles australiana carece de una competencia adecuada. Vemos que los supermercados y los minoristas utilizan su poder de mercado para perjudicar a los agricultores a través de precios más bajos, una carga de riesgo injusta y la incertidumbre en el suministro. Esto ejerce una presión significativa sobre las pequeñas empresas familiares”, expresó el gremialista en declaraciones que publicó hoy Beef Central, un sitio web de información cárnica de ese país.
Agregó que el informe “es otra prueba que respalda los retos a los que se enfrentan miles de agricultores australianos, en particular los que suministran productos perecederos”.
La NFF da la “bienvenida” a las “recomendaciones” que “se alinean estrechamente con los llamamientos del sector”, por ejemplo al plantear “la obligatoriedad del Código de Conducta de Alimentos y Comestibles, la ampliación del Código para que abarque a los principales minoristas de productos ecológicos y el establecimiento de sanciones significativas en caso de incumplimiento”, dijo Jochinke.
Temor y preocupación en los productores
Pero el tema no se agota ahí. Medios australianos han informado que los granjeros temen sufrir represalias por parte de los supermercados si colaboran con las investigaciones que se están desarrollando.
ABC Rural publicó a fines de marzo pasado un artículo en el que recoge expresiones del sector granjero: “Existe este miedo a las represalias de nuestros grandes compradores, donde básicamente puedes ponerte de vacaciones” si te manifiestas en un sentido que a las grandes superficies no les gusta, dijo Dale Williams, productor.
Agregó que si no hay un amparo legar para los acuerdos de suministros que proteja a los granjeros hay riesgo de represalias: “Dependemos de estos negocios, por lo que no podemos darnos el lujo de arriesgarnos a dañar o poner en riesgo esas ventas”.
Raquel Chambers, directora de Queensland Fruit and Vegetable Growers (QFVG), un organismo estatal de la industria que representa a los productores comerciales de frutas, verduras y nueces de Queensland, dijo que “los productores estaban legítimamente muertos de miedo” y que “no pueden hablar”, y al no hacerlo es probable que los consumidores -los ciudadanos- nunca conozcan el alcance total de los problemas, algunos de ellos de índole “legal”.
Por otra parte valoró la actual como una “oportunidad única” de “hacer esto bien”.
Jolyon Burnett, del consejo de horticultura de la Federación Nacional de Agricultores, dijo que la renuencia de algunos productores a hablar no debe interpretarse como que el sistema funciona, por el contrario “debe entenderse que se trata de un temor real por sus medios de vida”.
Advirtió que los consumidores también están en desventaja porque “a menudo pagan más de lo que deben, o se les engaña para que piensen que el precio que están pagando es un precio sostenible que recompensa de manera justa y equitativa a quien produce” los alimentos.
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