El narcotráfico en América Latina se ha diversificado a lo largo de los años, con mercados que integran microtráfico violento con grandes operaciones logísticas controladas por redes internacionales. En este complejo escenario, Uruguay enfrenta desafíos sobre todo relacionados con el lavado de activos y el microtráfico, este último vinculado a conflictos territoriales entre bandas locales. Para profundizar al respecto y analizar la situación actual y los riesgos a futuro, La Mañana entrevistó al politólogo uruguayo radicado en Chile Juan Pablo Luna, especialista en la materia, docente e investigador, quien recientemente publicó su libro titulado ¿Democracia muerta?, disponible en formato electrónico para Uruguay.
¿Cómo ha evolucionado el panorama del narcotráfico en América Latina en los últimos años?
El narcotráfico es un negocio diverso. En principio, hay que distinguir entre microtráfico, el gran tráfico internacional, la producción y las actividades de lavado asociadas a cada una de esas actividades, las que no siempre se integran verticalmente. En otras palabras, muchas veces pensamos en narcotráfico e inmediatamente imaginamos grandes organizaciones que controlan toda la cadena del negocio. Ese imaginario cuadra bien con algunos casos (Colombia, México, las bandas brasileras), pero no aterriza bien en mercados más fragmentados como el de la mayoría de los países del resto de la región. Un caso que cambia drásticamente de estado, en cuanto a la integración vertical del negocio, es Ecuador. Allí había bandas locales dedicadas esencialmente a la extorsión. Pero en función de distintas condiciones que cambian en Venezuela y Colombia, los puertos del Pacífico ecuatoriano comienzan a ser atractivos para grandes organizaciones que buscan alianzas con los grupos locales preexistentes. Eso explica la explosión de violencia que uno ve surgir allí en poco tiempo, pero es un caso por ahora particular.
A su vez, es importante pensar que la economía política de cada negocio es diferente. Si yo vendo droga en una boca, en general gano poca plata en términos relativos y al mismo tiempo requiero grados de control territorial relevantes, lo que implica ejercer violencia para mantener mi negocio. Si yo trafico grandes embarques por la cadena logística, no necesariamente requiero control territorial ni coerción abierta, opero más bien eludiendo el control o comprando voluntades para que miren para el costado. Y el retorno económico es mucho mayor. Entonces, tenés narcotráfico intenso en coerción y con bajos niveles de capital en las bocas y tenés un narcotráfico que genera y mueve mucha plata y no requiere altas dosis de coerción sobre la población. Ese último es el que genera más riqueza y nadie lo ve. Ese mercado lo operan sin necesariamente pelear por territorio grandes organizaciones internacionales como los brasileros, la ‘Ndrangheta, la mafia albanesa u organizaciones mexicanas, quienes se asocian a veces de forma ocasional con operadores locales (entre los que también hay organizaciones que operan en la economía legal) que apoyan la logística y seguridad de los embarques.
¿Cómo se encuentra Uruguay en este contexto?
Con este trasfondo, la situación de Uruguay ha cambiado fundamentalmente en torno a su posición respecto al mercado de importación y reexportación de droga hacia Europa. Uruguay también tiene un rol relevante como mercado de lavado y como zona de residencia para miembros de organizaciones internacionales, por lo que también es una plaza que se ha mantenido relativamente tranquila. Esa tranquilidad responde, más allá de los méritos del país, a decisiones estratégicas de los grandes jugadores del mercado. Respecto al microtráfico, los hitos fundamentales fueron la introducción de la pasta base en torno a la crisis de 2001-2002 y la legalización de la marihuana, que eventualmente saca de las bocas a sectores medios y altos. Más allá de eso, lo que vemos en cuanto a violencia homicida tiene que ver con la puja territorial entre pequeñas organizaciones que luchan por controlar mercados barriales. Y en cuanto a consumo, es un mercado donde todavía se ve menos innovación que en otros en que han proliferado nuevos tipos de productos, especialmente drogas químicas, algunas cocinadas localmente y que entran con mucha fuerza.
¿Cuáles son las principales rutas de narcotráfico en América del Sur y qué papel juega Uruguay en ellas?
Las rutas cambian continuamente y se diversifican, habiéndose desplazado hacia el sur, al igual que la producción, como resultado del cierre de la ruta del Caribe en los 80 y 90, así como con el Plan Colombia en los 90 y 2000. En ese marco, Uruguay y Montevideo en particular tienen una posición relevante en la hidrovía, al igual que Rosario en Argentina. La hidrovía conecta enclaves de producción en Bolivia, Perú y Paraguay, con destinos de consumo y reexportación en Brasil (especialmente a través del puerto de Santos), Argentina (Rosario y Buenos Aires) y Uruguay. A su vez, la ruta 5 conecta la frontera brasilera con el puerto, así como campos en que también es frecuente la circulación de avionetas que traen embarques de cocaína desde Perú, Bolivia y Paraguay. Desde el puerto esa droga viaja hacía puertos europeos, en los que en los últimos años también se ha vivido una escalada de violencia (en Holanda, en Bélgica, en Suecia), causada por la competencia entre distintas organizaciones internacionales por el control del mercado de destino.
¿De qué manera afecta el narcotráfico a las instituciones uruguayas, especialmente en términos de corrupción?
Es difícil ser muy específico respecto a este tema. Junto a mis colegas lo que logramos hacer es más bien análisis forense. Una vez que se destapa un caso judicialmente, entendemos mejor las lógicas de infiltración de la institucionalidad estatal y política en cada caso particular. Pero en términos generales, uno debería mirar instituciones y actores clave para el tipo de negocio que se desarrolla en Uruguay. ¿Quién regula, mediante qué instituciones, las actividades claves para aquellas actividades que generan más retorno económico para la industria de la ilegalidad? Esas son las instituciones y actores que están en riesgo.
¿Qué lectura hace de la relación entre el crecimiento del narcotráfico y el aumento de la violencia en Uruguay?
Más allá del narcotráfico y de los ajustes de cuentas que generan las pujas territoriales entre grupos barriales, Uruguay tiene una serie de factores de riesgo que usualmente nos gusta olvidar. Tenemos las tasas más altas de encarcelamiento en América Latina luego de El Salvador y Cuba, aunadas a tasas bajas de reinserción. Son cárceles hacinadas y criminógenas. Tenemos, a su vez, niveles de infantilización de la pobreza que son altísimos a nivel global. Y a eso hay que sumarle tasas de deserción de la educación secundaria que son centroamericanas y no se condicen con el relato de integración social que nos gusta contarnos. Todos estos factores contribuyen, en mi impresión, al aumento de la violencia que hemos visto en el país. Esto no significa que la dinámica de los mercados ilegales no influya en la violencia. Pero con ese sustrato social es difícil esperar resultados diferentes.
¿Qué papel juegan los jóvenes uruguayos en el sistema del narcotráfico y cómo se pueden implementar políticas para evitar su captación?
Es difícil y es una tragedia. Estamos muriendo con los ojos abiertos. Cada vez más, los jóvenes de sectores vulnerables, pero no solo ellos, ven en la actividad ilegal un futuro que no encuentran en la promesa de la movilidad social vía el logro educativo. Muchos de ellos prefieren ese futuro, aun cuando saben que tendrán una vida corta, porque perciben esa trayectoria de vida como mejor y más atractiva que una larga vida de esfuerzo incierto. En ese contexto y en una sociedad en que el consumo se ha vuelto el único asignador de estatus, siento que el sistema educativo, así como las oportunidades que generan los mercados legales en el contexto de bajo crecimiento actual, se nos están quedando muy cortos. A su vez, estoy comenzando ahora una investigación con maestros de contextos vulnerables en Chile y Uruguay. Lo que veo es un sistema cada vez más asediado por la violencia en el que la narcocultura ha avanzado mucho. Eso cambia fundamentalmente las condiciones respecto a lo que el sistema educativo puede hacer como palanca de desarrollo y movilidad social.
¿Cuáles son los mecanismos más comunes de lavado de activos en Uruguay y cómo se vinculan con el narcotráfico?
Nuevamente, vamos corriendo siempre de atrás. Los instrumentos para el lavado de dinero son múltiples, son cada vez más sofisticados y cambian todo el tiempo. Cualquier negocio u actividad formal con precios intangibles y con ventas difíciles de cuantificar puede ser un instrumento de lavado. A eso hay que añadir transacciones financieras cada vez más sofisticadas, así como instrumentos como las criptomonedas. Más allá de eso, el problema de Uruguay, en mi impresión, es la escasa intención y capacidad de perseguirlo. Existe un consenso tácito: el lavado de dinero no mata a nadie y además genera dinámica económica y trae crecimiento, porque llegan y se reparten recursos que eventualmente contribuyen al bienestar social. Cuánto de la economía vive de derrames del lavado es algo que no sabemos, pero es una proporción que se vuelve más relevante y políticamente más “necesaria” en contextos de bajo crecimiento económico. El problema es que en algún momento también llegan los muertos, irrumpen los escándalos de corrupción y se termina derrumbando la confianza en las instituciones y los actores del sistema democrático. El mirar para el costado a cambio de los beneficios de corto plazo parece racional, pero termina creando una trampa cuyas consecuencias las pagaremos todos.
¿Cómo evalúa las políticas de seguridad en relación con el narcotráfico?
Hoy en América Latina lo único que rinde electoralmente es la “mano dura”. Esa no es solución. Termina generando, en los casos en que ha sido implementada, espirales de violencia y corrupción. Esto lo muestra la evidencia que tenemos desde hace años sobre los casos de Colombia, México y Brasil. El caso de El Salvador, que hoy es visto como un modelo, no tiene condiciones de replicabilidad en países más grandes y con presencia de otro tipo de organización criminal, por ejemplo, organizaciones menos jerárquicas que las maras. Estas, a su vez, se dedicaban a un negocio muy alto en coerción y bajo en capital. No es el caso del tipo de estructuras criminales que operan en otros países. A pesar de todo esto, tampoco tenemos políticas alternativas que funcionen y puedan ser implementadas más allá de contextos y períodos específicos. Los pactos, muchos de ellos tácitos, logran pacificar territorios a costa de ceder soberanía. Y eventualmente esos pactos se quiebran, como muestra el caso de Rosario desde 2007. A su vez, los pactos nos parecen normativamente execrables y son electoralmente costosos. Entonces, se requiere tiempo para desarrollar enfoques complementarios, apuntalados en una mayor capacidad estatal de llenar el territorio desplegando múltiples políticas públicas coordinadas, con una lógica de prueba y error que pase por la capacidad de evaluar éxitos y fracasos y decidir en consecuencia. El problema es que los tiempos electorales y los niveles de fragmentación política que hoy vemos en la región, así como la baja capacidad estatal con la que contamos, vuelven muy difícil lograr implementar ese tipo de enfoque. La política debe pactar en torno a una estrategia de seguridad de 15-20 años. Esa debería ser nuestra principal política de Estado. Tal vez Uruguay tenga posibilidades de cuadrar algo así en el próximo período, pero en el resto de la región no se ven muchos otros casos con la capacidad de fraguarlo en el corto y mediano plazo.
¿Se podría decir que las iniciativas o propuestas actuales se están enfocando demasiado en el control y la represión en lugar de buscar soluciones de índole social?
Se requieren ambos tipos de solución, coordinadas. Lo social es fundamental, pero llevará tiempo. La apuesta tiene que ser a los niños que hoy están naciendo.
¿Conoce medidas efectivas de otros países que podrían adaptarse a la realidad uruguaya para enfrentar mejor el crimen organizado?
Hay políticas aquí y allá, con éxitos y con fracasos. El caso de Medellín es interesante como ejemplo del despliegue de infraestructura estatal en los peores contextos. Pero su éxito también radica en el pacto fraguado por Don Berna (la donbernabilidad) entre los combos criminales. Y esos combos hoy administran y utilizan la infraestructura estatal para extraer rentas. La política de descriminalización y prevención/rehabilitación de Portugal es sumamente exitosa, pero sobre todo para reducir la demanda. Los interruptores de violencia han funcionado bien en varios casos para reducir homicidios en contextos de pujas territoriales entre bandas, veremos cómo funcionan en Uruguay.
En cuanto a la cooperación internacional, ¿qué tipo de alianzas o acuerdos serían estratégicos para que Uruguay enfrente mejor estos problemas?
Estamos en un momento de creciente fragmentación y tensión a nivel internacional. No es buen escenario para lograr grandes acuerdos de cooperación. América Latina, por lo demás, es tomador de precios en este sentido. En todo caso, yo diría que puede ayudar mirar un poco menos a Estados Unidos y sus políticas de guerra a las drogas, e intentar cooperar más con pares europeos, como los italianos, quienes poseen una experiencia única en lidiar con esquemas complejos de crimen organizado.
El futuro del narcotráfico y las posibles amenazas
La mayor preocupación actual, para el experto, es la expansión de mercados ilegales y especialmente de múltiples esquemas de extorsión. “El negocio extorsivo termina descomponiendo completamente el entramado social, al tiempo que coloniza la política y múltiples arenas institucionales”, explicó en ese sentido.
Más allá de eso, alertó que “el riesgo está en que Uruguay y su territorio pasen a ser escenario de pujas entre grandes operadores del negocio internacional”. En eso, lo que juega a favor de nuestro país, de acuerdo con el entrevistado, es su tamaño, aunque dejó en claro que en cualquier caso dependemos de decisiones estratégicas de otros, como las bandas brasileras.
“El otro riesgo es político. Si el sistema político no logra cooperar más activamente en este tema, evitando la chicana fácil para buscar rentas electorales de corto plazo, la profundización del deterioro está garantizada”, afirmó Luna.
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