“La libertad ha marcado el rumbo de las decisiones del gobierno, excepto para fijar salarios, donde solo hay obligaciones”, manifestó Alfredo Antía en diálogo con La Mañana. Sobre su posición contraria a las pautas salariales presentadas por el gobierno dijo que el gran problema de la negociación colectiva es que no reconoce las realidades dispares que existen dentro de los sectores y las empresas. En tanto, detalló los factores que explican la caída de puestos de trabajo de los últimos años.
Se ha manifestado en forma contraria a las pautas salariales presentadas por el gobierno. ¿A qué se debe esa postura?
El gobierno presentó unas pautas donde de algún modo se están vulnerando los acuerdos que se firmaron en la octava ronda, según la cual los próximos ajustes se iban a hacer en enero de 2022 en la medida que la economía se recuperara, pero se adelantaron a julio de 2021.
Asimismo, si bien nos parece positivo que se establezca una consideración para las microempresas en cuanto al proceso de recuperación del salario perdido, entendemos que debió haberse aplicado para todas las pymes, dado que han sido quienes más han sufrido a lo largo de la pandemia y el quinquenio anterior.
En el período prepandemia en Uruguay se destruyeron 55000 puestos de trabajo y esencialmente eso ocurrió en las pymes, que se vieron obligadas a pagar salarios y beneficios por encima de sus posibilidades y de su productividad media. Eso fue fruto de la acumulación de crecimientos salariales generados en épocas de vacas gordas, que después las empresas no lograron sostener.
¿Cuáles son las dificultades que presenta el sector industrial para el cumplimiento de dichas pautas?
El problema que tiene la negociación salarial es que no mira dentro de los sectores ni de las empresas. En la industria hay sectores que no solamente están mal fruto de la pandemia, sino que ya venían mal de antes. Sin embargo, no están incluidos dentro del puente del 3% y van a estar obligados a ingresar en rondas con ajustes salariales. Entonces, si no se reconocen las diferencias, las posibilidades de desarrollo de las empresas seguirán siendo limitadas.
Recientemente, la libertad ha marcado el rumbo de las decisiones del gobierno: para la inclusión financiera, para la cuarentena obligatoria, hasta para vacunarnos tenemos libertad. Incluso estamos planteando que para el Mercosur queremos libertad. Ahora, para fijar salarios no hay libertad, ahí lo que hay son obligaciones, compromisos que no reconocen las diferencias entre las empresas, ejerciendo un trato igualitario a quienes no son iguales, porque no se distingue su tamaño, su locación o si los mercados para los que trabajan están en buenas condiciones.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, no es lo mismo los hoteles de las Termas del Daymán que los grandes hoteles con casinos que tenemos en el país. No es lo mismo una fábrica embotelladora de refrescos de uso masivo que una fábrica que se inicia produciendo cerveza artesanal. Sin embargo, están obligados a pagar los mismos salarios.
¿Qué debe hacer el Estado en ese sentido?
Primero, cumplir con los mandatos y los convenios internacionales que ha firmado en materia de trabajo. La negociación debe ser, de acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo, libre, voluntaria y bipartita. Y tienen que existir mecanismos de descuelgue para aquellos que se ven impedidos de continuar pagando los salarios que se definen.
Esos mecanismos deben ser simples, sencillos, casi que automáticos, presentando variables objetivas de reducción de empleo, de ventas y de producción, de cierre de mercados, porque en la medida que el sistema obliga a las empresas a cumplir con variables que no puede dominar, se achican y finalmente cierran. En los últimos 18 meses cerraron 6000 empresas, y en la pandemia se perdieron 45000 puestos de trabajo.
Por lo que dice, si estas pautas se mantienen y no se considera la realidad de cada empresa, va a seguir habiendo destrucción de empleo.
Nosotros creemos que hay que ser cautos en los incrementos que se den y establecer un mecanismo muy simple de descuelgue, porque el actual es muy complejo. Habría que investigar cuántos se han realizado desde que existe esta normativa, porque para una empresa y particularmente para una pyme, es una suerte de auditoría donde tiene que disponer de profesionales de toda naturaleza para poder explicar su situación. Si el sistema no funciona hay que ir por algo que sí funcione. De lo contrario, las empresas no van a poder cumplir y se van a terminar achicando.
Además, en la medida que se fijan salarios en épocas de expansión económica y después los mismos se sostienen y se agregan beneficios y se mantienen, también se generan barreras de entrada a nuevos emprendedores, porque el que quiera ingresar en alguna de estas ramas va a tener que pagar esos salarios y esos beneficios. Esa es una dificultad en un momento en el que la economía está viviendo la contracción y signada por el desempleo.
¿A qué factores adjudica la caída de puestos de trabajo en el país en los últimos años?
El tema salarial es uno de los elementos más importantes, no el único.
El país se ha vuelto caro para competir, particularmente, los sectores industriales que producen y venden bienes transables, que compiten en el mercado interno y en el mercado externo con productos que se fabrican en otros países.
Tenemos un desequilibrio muy grande en el tipo de cambio real con los vecinos. Ese es un llamado de atención y no sabemos qué va a pasar cuando se abran las fronteras, porque hoy su cierre está impidiendo el contrabando.
Al mismo tiempo, tenemos costos energéticos por encima de los de nuestros competidores. No me refiero solo a energía eléctrica, sino también a combustibles.
La carga fiscal del Estado, los costos logísticos y burocráticos, determinan que el Estado está prácticamente en todos lados y para que una empresa abra debe dar muchísimos pasos.
Una de las dificultades graves que tiene el Uruguay es el nivel de preparación del capital humano: seis de cada 10 jóvenes no terminan el liceo, entonces, ahí hay una gran limitante que va a haber que trabajar muchísimo para tratar de mejorar.
Por último, si vemos que los grandes emprendimientos que se instalan en el país lo hacen en zonas francas, significa que realmente hay una carga importante de costos que quienes no estamos en ese régimen debemos sostener, y eso demuestra que el país está caro para producir.
“Compartimos el criterio del gobierno de salir a buscar nuevos mercados libres de aranceles para nuestros productos primarios, pero debemos cuidar los bienes industriales que estamos exportando al Mercosur”
Alfredo Antía
¿Cómo ve la flexibilización del Mercosur solicitada por Uruguay y sus efectos sobre el comercio de bienes?
Tenemos una preocupación, porque si bien compartimos el criterio del gobierno de salir a buscar nuevos mercados libres de aranceles para nuestros productos primarios, debemos cuidar los bienes industriales que estamos exportando al Mercosur, que en 2020 rondaron los 1500 millones de dólares.
Esa es una corriente comercial que se ha construido con las herramientas que el Mercosur nos ha dado, como el arancel externo común y la posibilidad de importar materias primas mediante el mecanismo de admisión temporaria, es decir, pagando arancel cero para agregarles valor, transformarlas en productos y exportarlas al Mercosur.
Necesitamos nuevos mercados, pero hay que buscarlos cuidando mucho lo que ya tenemos, evitando tener pérdidas que nos generen perjuicios.
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