En entrevista con La Mañana, el economista Gustavo Licandro advirtió que las pautas salariales que definió el gobierno “provocarán una caída de los puestos de trabajo respecto a los que el mercado habría generado si se permitiera una mayor libertad”. Se refirió también al aumento de los combustibles y explicó qué se puede esperar de la economía uruguaya a futuro.
¿Qué opinión le merecen las pautas salariales que presentó el gobierno?
Ya el anuncio del año pasado me había preocupado. Pandemia mediante se anunció o se confirmó la indexación salarial, siguiendo los pasos de 15 años del Frente Amplio, y se comprometía la indexación más la variación del PIB en los años futuros, confirmando la rigidez de la regla salarial.
Ahora los anuncios son en el mismo sentido. Se agrega un incremento de salarios a partir de julio, que no habría correspondido si se cumplía lo anunciado, más un compromiso de indexación y de recuperación, como le llaman, para asegurar salario real en el período que alcanzan estas negociaciones.
Esta rigidez solo pone en riesgo los puestos de trabajo. Si administramos el salario, lo que el mercado laboral ajustará será la cantidad de trabajo, tal como sucedió en los últimos años, incluso en este período, agravado por la situación sanitaria. Las pautas salariales provocarán una caída de los puestos de trabajo respecto a los que el mercado habría generado si se permitiera una mayor libertad.
El economista Gabriel Oddone dijo a El Observador que “los compromisos implícitos en la ronda salarial en las pautas por el Ministerio de Trabajo, requieren de una desinflación efectivamente si es que quieren evitar un correctivo importante en julio de 2023”. ¿Qué comentario puede hacer al respecto? ¿Cuál es el origen del problema? ¿Hay alguna solución alternativa?
Si el gobierno aspira a que no existan correctivos en 2023 en función de las pautas anunciadas, entonces la evolución del IPC tiene que cumplir con lo anunciado. El problema es que, para decirlo sin eufemismos, esto implica atraso cambiario. El gobierno no tiene muchos instrumentos a su mano para mantener la inflación controlada. Los precios de bienes transables, muchos alimentos, vestimenta, electrodomésticos, por ejemplo, dependerán del precio internacional y la variación del tipo de cambio.
La expectativa es una inflación internacional mayor para los próximos dos años, por lo que, para estos precios, el gobierno solo podrá actuar sobre los determinantes del tipo de cambio. La tentación de un dólar barato será grande en estos dos años. Un dólar débil en el mundo sumado a una apreciación de la moneda local es una receta fácil de proponer para contener la evolución del IPC.
La alternativa es retirar esta pauta anunciada, que es equivocada. Sin hablar de lo ideal sino de lo posible con el marco normativo actual, la pauta lógica es anunciar un piso de ajuste salarial equivalente al piso de la inflación proyectada en ese período. Por encima de eso, dependerá de lo que acuerden trabajadores y patrones. Eso se traducirá en una menor presión sobre precios de servicios y bienes no transables, con lo cual habrá menos apetito por generar atraso en el tipo de cambio. Y además se crearán más oportunidades de trabajo.
En entrevista con La Mañana, el presidente de la Cámara de Industrias, Alfredo Antía, afirmó que uno de los problemas de la negociación salarial es que no se reconocen las diferencias dentro de los sectores ni de las empresas, obligando así a todos los privados a pagar iguales salarios, sin considerar que existen realidades dispares. ¿Coincide con esa apreciación?
Tiene razón. Pero este problema es reflejo de la existencia de los Consejos de Salarios, casi sin importar la pauta. No consideran las diferencias entre las empresas ni entre trabajadores. Si la coyuntura es favorable se crean puestos de trabajo, pero si es adversa, se destruyen. Y la rigidez salarial acentúa esos picos. En caso de una fase negativa del ciclo económico, la contracción del trabajo se acentúa y la salida de esa situación es mucho más lenta, en comparación con un mercado laboral con mayor libertad.
¿Comparte el objetivo del gobierno de reducir la inflación?
Sí, pero no veo que la política fiscal esté alineada con ese objetivo. Hay una creencia generalizada que dice que la conducción fiscal es austera y con recortes de gasto. Yo no veo eso. El resultado fiscal es malo, lo aprobado en la Ley de Presupuesto mantiene la indexación salarial que se viene aplicando desde años anteriores, crea ministerios y nuevas oficinas. Han actuado sobre parte del gasto corriente, quizás aquellos que son muy aparentes e irritan a la sociedad, pero sobre el cerno del gasto público se hizo poco, y ya es tarde porque el Presupuesto es ley.
Se debieron congelar los salarios públicos por tres o cuatro años y de esa manera generar los recursos necesarios para financiar los gastos vinculados a la pandemia y corregir el desequilibrio heredado del anterior gobierno. Pero no se hizo. Seguiremos en una línea expansiva del endeudamiento público. El mercado internacional lo tolera por la tremenda expansión fiscal y monetaria de otros países. Hay dos drogas que disimulan los problemas: endeudarse y no corregir gasto público y el dólar barato que genera una falsa sensación de bienestar. Ambas drogas van de la mano.
El problema es que cuando la situación se corrija en Estados Unidos y otros países, y se revierta la política monetaria y fiscal de esos países, entonces Uruguay quedará con una elevada deuda, que pagarán quienes todavía ni tienen edad para votar. Y el mercado será más ácido para aceptar niveles de déficit y endeudamientos tan altos. Y eso llegará en algún momento.
Se aprobó un incremento de precio de los combustibles. ¿No es una medida tendiente a recaudar vía tarifas?
No comparto nada de la discusión pública que se instaló por este aumento. Una vez que se desestimó la desmonopolización del mercado de hidrocarburos –lo único interesante de la campaña electoral–, se aprobó este mecanismo de ajuste que pretende determinar una paridad de importación.
Arrancamos con un imposible porque no existe burócrata en el mundo que pueda resolver cuál habría sido el precio correcto, pero creo que el error en este caso fue sumar algunas ineficiencias y problemas de Ancap dentro del precio de naftas y gasoil.
El déficit generado por el subsidio al supergás es un problema de rentas generales y no de Ancap. Los automovilistas, los transportistas y las empresas no tienen por qué financiar ese subsidio. Esa es una decisión de gobierno, es parte de sus políticas sociales. Equivocada o no, eso no importa. Pero no debería ser parte del precio de los combustibles; eso lo debe financiar toda la sociedad y no los consumidores de combustibles.
El tema de fondo es otro. Si queremos que el pecio del mercado interno refleje el precio internacional, solo hay un camino: liberalizar el mercado de combustibles.
¿Qué perspectivas maneja para el futuro de la economía uruguaya?
Deberíamos esperar un crecimiento del orden del 2,5% para 2021. Commodities firmes por un tiempo razonablemente largo y un mercado financiero internacional amigable, pondrán las cosas fáciles para no corregir la política fiscal. Pero ello nos llevará a un país menos competitivo seguramente. El problema importante sigue siendo el empleo. La rigidez creciente del mercado laboral destruirá más puestos de trabajo en estos años. Es donde veo más dificultades y más dogma en las decisiones.
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