Invertir en lo nuestro

Hace pocos días se dio a conocer por ANDE (Agencia Nacional de Desarrollo) que anualmente surgen 28 mil empresas en Uruguay, al tiempo que cierran 23 mil. Si bien estas cifras de mortandad empresarial pueden parecer altas, no lo son en comparación con otros países (aun los más desarrollados). En los EE.UU., por ejemplo, apenas 30% de los “start-ups” cumplen su décimo año de operativa según se desprende del cuadro que muestra los porcentajes de supervivencia de nuevas empresas:

Estos números comprenden a todo tipo de empresas en los EE.UU.; sin embargo, los resultados no difieren mucho por tamaño. Sí, en cambio, por rubro de actividad. Las áreas de salud y asistencia social logran las mejores cifras de supervivencia, mientras que los rubros de construcción, transporte y almacenamiento se sitúan en el extremo opuesto. Contra la creencia generalizada, los restaurantes no presentan un riesgo de supervivencia mayor al promedio.

Entre los principales motivos de fracaso de los nuevos emprendimientos, se citan la falta de capital, la no materialización de la demanda prevista e insuficiencias en la planificación y el gerenciamiento.

Lo chico

Otra información de ANDE señala que durante el año móvil a junio 2022 se crearon 36 mil puestos de trabajo en Uruguay resultantes de la puesta en marcha de 8,600 nuevas pymes (pequeñas y medianas empresas). Ello no solo refleja el potencial empleador de las pymes, sino que –en contraste a la visión estereotipada del pesimismo nacional– muestra una faceta entusiasta y emprendedora en la población, especialmente la joven.

Es por ello que se opina que –además del apoyo inicial que puedan recibir del Estado en su fase de diseño y lanzamiento– las pymes debieran recibir especial consideración a la hora de diseñar las políticas fiscales y laborales que han de guiar su fase operativa.

Los acuerdos arribados por el Gobierno con las grandes empresas y los más influyentes sindicatos no pueden aplicarse en forma generalizada a pequeñas y medianas empresas que luchan por su supervivencia.

Así como en el caso de las industrias nacientes, que durante sus primeros años gozan de protección arancelaria que luego se retira gradualmente, las pymes podrían recibir tratamiento preferencial en sus etapas iniciales, como ser flexibilización en la aplicación de normas laborales y previsionales que abarate la contratación de personal. El impacto positivo sobre el nivel de empleo seguramente justificaría un traslado de las prebendas otorgadas por la COMAP a empresas ya establecidas, hacia las que realmente necesitan un apoyo para despegar.    

Lo grande

En el otro extremo de las necesidades de financiamiento está el propio Estado. No tanto para cubrir su déficit corriente que da indicios de ir disminuyendo hacia un nivel aceptable, sino para encarar las grandes obras de infraestructura que el país necesita para ir construyendo un camino de crecimiento adecuado y sostenido.

La historia muestra que –a pesar de sus ineficiencias– la idiosincrasia nacional manifiesta una preferencia por el Estado como gestor de los monopolios naturales que abundan en una economía tan pequeña. No tanto por sus virtudes, quizás, sino por la sospecha que la explotación monopólica por parte de capitales privados sería algo menos contemplativa de los intereses del ciudadano común.    

Pero ello no tiene por qué excluir al capital privado del financiamiento de los servicios públicos, especialmente en la expansión o creación de infraestructura. Los entes autónomos, por ejemplo, podrían ampliar su capital y abrirlo al público, manteniendo el control. En muchos países avanzados se le permite al capital privado gestionar un monopolio regional (energía, agua, etc.) sujeto a regulación tarifaria y límites al rendimiento de su capital invertido. La modalidad de participación público-privada (PPP) ya se está utilizando en Uruguay, principalmente para obras viales y energía. Todo esto en atención a la supuesta falta de oportunidades de inversión para el capital privado que compone los fondos de inversión de las AFAP en Uruguay. 

Además de la inversión tradicional en infraestructura, el cambio climático impone una gestión nacional de aguas en apoyo a la actividad agropecuaria que seguramente requerirá importantes proyectos que permitan conservar aguas y administrar su uso.

Asimismo, es imperioso crear las condiciones que hagan revertir el flujo migratorio del campo hacia las áreas urbanas, con la consecuente degradación del nivel de vida de los habitantes de los asentamientos. Ello requiere de planes integrales que aborden diversos aspectos dirigidos a mejorar las condiciones de vida rural, incluyendo vivienda, caminería, comunicaciones digitales, educación, transportes escolares y proximidad de servicios de salud.

Requerirá además de estrecha coordinación entre intendencias y los respectivos ministerios, así como servicios de extensión y asesoramiento en actividades de producción y comercialización de producción granjera y demás rubros.  

En áreas costeras y corredores de alta intensidad hacia cercanías, es indudable que el tránsito colectivo puede jugar un importante papel en reducir los tiempos y costos del viaje diario y el estrés asociado, mejorar la calidad del medio ambiente con reducción de gases de invernadero, y descongestionar las rutas. Todo lo cual repercute positivamente en la productividad y salud del pasajero. 

Sera necesaria una intensa colaboración entre autoridades nacionales y departamentales para lograr una fluida ejecución de una mega inversión de la naturaleza prevista.

Lo feo

Pero lo más importante será que dichos proyectos –en caso de prosperar su realización– sean concebidos y diseñados mediante un proceso de planificación que nazca de las necesidades del país y su gente, y que se aliñe estrictamente a los procedimientos establecidos. De ser así, no habrá escasez de grupos interesados.  

Los proyectos que originen de trascendidos ya de entrada sugieren un trabajo de ablande a la opinión pública, de promotores locales entre bambalinas con perspectivas de suculentos honorarios por servicios legales, contables, etc., de pliegos de licitación hechos a la medida y de adjudicaciones con fórceps. Ese no es el Uruguay que queremos ni merecemos.

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