La innovación es hoy una de las herramientas más relevantes para el crecimiento y desarrollo económico y social. Para que prospere y avance generando impactos reales en las comunidades, es necesario no solo la promoción e inversión a través de procesos que se dan desde lo público y desde lo privado. También es necesario generar un conjunto de instrumentos y regulaciones que se concreten como las estructuras para los procesos de innovación en sí mismos y las externalidades que tienen sobre las diferentes realidades económicas y sociales. Uno de estos instrumentos son las patentes, componentes fundamentales para apuntalar la innovación en cualquier área del conocimiento y en las diferentes actividades.
Con el propio avance de la tecnología a nivel digital, científico y en la propia actividad económica de las patentes, los procesos de innovación se han consolidado como pilares fundamentales de las políticas públicas, trascendiendo fronteras. Cualquier proceso de innovación para salvaguardar la propiedad intelectual, potenciar impactos y fomentar su potenciación requiere de claridad en el proceso. En nuestro país existe un marco normativo en materia de patentes, pero a la vez que se viene dando un debate sobre la relevancia de potenciar los instrumentos de investigación e innovación se ha planteado la importancia de avanzar en forma más profunda en este tema.
Instrumento que se potencia
Los primeros mecanismos de protección de invenciones datan del siglo XV y desde entonces no ha dejado de evolucionar concretando un sistema no solo a nivel nacional, sino a escala global. Las patentes y la protección de los derechos de propiedad garantizan la recuperación de lo invertido y parte de las ganancias a quienes realizan el aporte como retribución e incentivo para promover la propia innovación. Si bien hoy existe un sistema internacional de patentes en que se puede destacar la Organización Mundial para la Propiedad Intelectual[i] (OMPI), organismo que “impulsa el desarrollo de un ecosistema mundial de propiedad intelectual equilibrado y eficaz que promueve la innovación y la creatividad en aras de un futuro mejor y más sostenible”. También existen otras organizaciones y acuerdos que regulan a escala internacional este tema.
Pero en los diferentes países no existe uniformidad en los avances de estos sistemas, por el contrario son los países más avanzados y de mayor poderío los que disponen de sistemas más sólidos y completos que tienden a seguir potenciando las asimetrías, más cuando la innovación y desarrollo y sus efectos van mucho más allá de las fronteras. La propia OMPI destaca que es una materia urgente desarrollar los recursos y la infraestructura de los países, así como su capacidad de beneficiarse del rápido crecimiento de la propiedad intelectual como activo económico de valor en la economía mundial. Esto se profundiza en la nueva era de las tecnologías y digitalización, transversalizando todas las áreas del conocimiento, actividades científicas y sus aplicaciones en todos los sectores. Se encuentran diferentes estudios de tipo económico que evidencian que las patentes como medida de la innovación y generación de nuevas ideas es una fuente de crecimiento económico en el largo plazo[ii] y que es necesario que a nivel de lo público se avance en políticas claras en estos temas.
Uruguay requiere una política clara en materia de patentes y profundizar en el instrumento
Como país pequeño y con limitaciones enormes en materia de crecimiento, Uruguay depende totalmente de sus capacidades de innovación para poder alcanzar más y mejores niveles de desarrollo. Existen problemáticas que a la escala de Uruguay es impensable que tengamos, como los niveles de pobreza infantil, los grados de segregación residencial, las problemáticas en materia educativa y de aprendizaje, las dificultades para apuntalar el crecimiento de sectores con importantes potenciales a nivel global, entre muchos otros. Al mismo tiempo, disponemos de activos muy relevantes tanto en materia de conocimiento como de potenciales institucionales que han destacado a nuestro país, sin dejar de destacar la existencia de muchas herramientas a nivel regulatorio, de investigación, que son sumamente relevantes como la propia academia, la existencia de sectores destacados, institutos como el Pasteur de referencia mundial, una agencia nacional de innovación ya instalada. Solamente más y mejores procesos de innovación van a ser los que puedan, junto con una política pública con mirada estratégica, potenciar el desarrollo económico y social de los uruguayos y trascender de nuestras limitadas fronteras. Alcanza con identificar algunos ejemplos pasados, que no son objeto de este análisis.
En Uruguay, siguiendo el concepto global, una patente es un derecho exclusivo concedido por el Estado al titular de una invención que es nueva, implica una actividad inventiva y es susceptible de tener aplicación industrial. Para que se dé este reconocimiento, se debe divulgar toda la información relativa a la solicitud de patente para apoyar los procesos de transferencia. Se concreta como un derecho de exclusión en la medida que limita que otros individuos diferentes al titular exploten los derechos.
Las patentes se encuentran reguladas en nuestro país por la Ley 17.164 de 1999 (que fue modificada por las 18.172 de 2007 y 19.149 de 2013) y por el Decreto Reglamentario 11/000, de fecha 13 de enero de 2000. A la vez, existe adhesión a diversos acuerdos internacionales que regulan globalmente y unifican criterios, como el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial y el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (Adpic).
En nuestro país existen muchos deberes en materia de propiedad intelectual. Se hace necesario atender planteos puntuales de los sectores y seguir avanzado en materia institucional. Algunos rubros clave, como los laboratorios, han sido enfáticos en las lagunas que presenta la normativa actual y muchos referentes científicos se manifiestan en forma reiterada en la materia. Como recientes intentos de modificaciones, vemos que en julio pasado fue propuesta la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), lo que implica modificaciones al sistema actual y se concreta como uno de los requisitos para avanzar en la integración al Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico.
La realidad es que la propiedad intelectual es uno de los activos claves para el desarrollo y está sujeta a un importante debate que se cruza con la necesidad de innovación y su promoción, así como la transferencia de los desarrollos que se realizan en medio de otros dilemas como son los monopolios y competencias. Se trata de un tópico fundamental de la política pública, donde hay muchos modelos para revisar y dar un profundo análisis, no actual en Uruguay, sino de cara al futuro y al desarrollo.
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[i] https://www.wipo.int/patent-law/es/developments/economic.html
[ii] https://revistas.uniandes.edu.co/index.php/dys/article/view/6683/6881
