El programa “La Voz de La Mañana en Estado de Situación” entrevistó hoy al Ec. Adolfo Díaz Solsona. Con más de treinta años de experiencia en la industria financiera, el economista graduado en la Udelar realizó sus estudios doctorales en la Universidad de Columbia, de donde es PhD(c). Díaz Solsona se refirió a la Ley de Inversiones, identificando algunos aspectos que a su entender deberían modificarse para que el régimen actual sea menos regresivo. El tema estuvo presente esta semana durante la interpelación a la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, cuando el diputado Alvaro Perrone (Cabildo Abierto) planteó reparos similares que su partido tiene con el régimen actual de promoción de inversiones, especialmente algunos aspectos de su aplicación por parte de los gobiernos del Frente Amplio.
Según Díaz, con más de veinte años de vigencia, “la Ley de Promoción de Inversiones del Uruguay es una ley que ya está anticuada”, y por tanto no “condice” con lo que constituye la discusión en la actualidad sobre cómo tratar este tipo de incentivos. Destacó que es importante distinguir entre la rentabilidad privada de un proyecto y su rentabilidad social, que tiene en cuenta lo que los economistas llaman externalidades o “efecto derrame”.
Como ejemplo de éxito de los programas de promoción de inversiones, Díaz destacó especialmente el del complejo arrocero uruguayo, un “caso de estudio en las universidades más prestigiosas del mundo”. Para premiar a alguien con exoneraciones y subsidios es necesario estudiar muy bien la rentabilidad para la sociedad de ese sacrificio fiscal. “Si usted toma el artículo 11 de la Ley de Promoción de Inversiones, hay una cantidad de indicadores y de exigencias para otorgar beneficios que están muy bien intencionados”, explicó Díaz, centrando uno de los problemas en las dificultades para el Estado de asegurarse el cumplimiento de las contrapartidas a las que se comprometen las empresas.
Al igual que el diputado Perrone durante la interpelación, Díaz sentenció que otro tema importante es que estas exoneraciones “llegan a las grandes empresas que tienen acceso, pero el pequeño empresario no tiene acceso, por diferentes razones”. Como forma de mitigar este sesgo en contra de las pymes, Díaz afirmó que “hay políticas de promoción que pueden ser transversales a toda la economía”, como por ejemplo bajar los costos de crear una empresa, o identificar sectores específicos, beneficiando a todas las empresas de ese sector.
El economista se refirió luego al concepto del gasto tributario, que en su opinión está “fuera de todo control”, al ser el doble que en el resto de los países de América Latina en relación al PIB. “Con esa plata se resuelve una enorme cantidad de problemas sociales”, según Díaz, que la considera una “cifra escandalosa”. Díaz considera que Uruguay debería afrontar rápidamente este tema, solicitando apoyo a los organismos multilaterales para reformular el plan de promoción de inversiones y adecuarlo a las “mejores prácticas” del mundo.
Frente al argumento habitual de que las inversiones no llegarían al Uruguay si no se otorgaran este tipo de exoneraciones, Díaz expresó su discrepancia. Constituiría una “pésima política” que el Estado otorgara exoneraciones para hacer rentables inversiones privadas que de otra manera no lo serían. Ello implicaría en la práctica admitir que nuestro país no hay inversión viable sin subsidios.
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