La pandemia lleva ya más de catorce meses, lo que implica que la actividad en vastos sectores de la economía se mantiene significativamente por debajo de los niveles existentes prepandemia, fenómeno que impacta al sector de servicios y pymes en general. En un inicio, los esfuerzos de las autoridades gubernamentales a lo largo y ancho de todo el mundo se concentraron en apuntalar la liquidez de las empresas, en un intento de evitar los cierres de empresas que eran viables y solventes antes de que se instalara la realidad impuesta por el covid-19.
Estas medidas incluyeron desde créditos bancarios con garantías del Estado –el caso del SIGA en nuestro país– hasta moratorias de pago a deudas anteriores. Sin embargo, según el economista Alexander Lehmann (1), asesor de varios gobiernos y bancos centrales europeos, las mismas “fueron muy eficaces en la fase más aguda de la crisis, pero solo abordaron los déficits de liquidez a corto plazo”.
Con el tiempo los problemas de liquidez se van convirtiendo en problemas de solvencia
En la medida en que la pandemia y sus efectos económicos se extienden, lo que en un inicio constituía para las empresas un problema de liquidez se va transmutando hacia un problema de solvencia. Esto no solo impone límites a la capacidad de las empresas para seguirse endeudando, sino que atenta contra su capacidad de realizar inversiones y contratar personal, ya que los empresarios buscarán reducir sus niveles de deuda antes de emprender nuevos proyectos. “Con los actuales niveles de apalancamiento, muchas empresas ya no tienen margen de error”, acota Lehmann. ¿Cómo hacer entonces para asistir financieramente a las empresas sin que su solvencia se continúe deteriorando?
Para muchos países en Europa, la respuesta pasa por la emisión de deuda subordinada u otras formas de “deuda híbrida”. Este concepto hace referencia a instrumentos representativos de deuda a largo plazo que se encuentran subordinados en la jerarquía crediticia –“deuda junior”– respecto a las obligaciones contraídas anteriormente. Si bien lo ideal sería recapitalizar las empresas, para la mayoría de ellas esta no es una opción ya que no tienen acceso a los mercados de capitales o mecanismos similares. Adicionalmente, resulta difícil para una pyme aceptar la incorporación de nuevos socios en un momento de incertidumbre ya que, ante la imposibilidad de evaluar la situación del emprendimiento de forma razonable, los potenciales compradores exigirían una excesiva compensación por el riesgo, lo que deprimiría las valuaciones y licuaría más de lo necesario a los socios originales.
La deuda subordinada como alternativa al capital común
Los compradores de deuda subordinada quedan expuestos ante un mayor deterioro en la salud económica y financiera de la empresa, escenario en el cual podrían verse forzados a aceptar quitas o convertirse en accionistas comunes, dependiendo del régimen legal del país. De esta manera, absorben en la segunda línea –luego de los accionistas comunes- los riesgos de la empresa, actuando como “colchón” de protección antes de que los acreedores comunes o “senior” se vean enfrentados a la perspectiva de tener que asumir pérdidas. De este modo, la emisión de deuda subordinada –u otras formas de deuda híbrida– ayuda a destrabar el otorgamiento de préstamos por parte de bancos y otras instituciones financieras.
Desarrollar un mercado de deuda subordinada es un esfuerzo difícil, ya que resulta necesario crear una base de inversionistas profesionales con capacidad para evaluar los riesgos. Por tal motivo, muchos países europeos han encomendado a sus bancos de desarrollo la implementación de mecanismos que faciliten la formación de mercados viables para este tipo de instrumentos.
El modelo francés para asistir a las pymes
En ese sentido en Francia el ministro de Economía, Bruno Le Maire, presentó hace un par de meses los prêts participatifs –préstamos participativos– , medida cuyo objetivo es reforzar el balance de las empresas francesas, movilizando hasta EUR 20.000 millones de fondos privados. “Apoyará la capacidad de inversión de las empresas y, por tanto, les ayudará a recuperarse de la crisis. También facilitará la obtención de financiación adicional”, dice la página del French Tresor que anuncia el programa.
Los préstamos y bonos participativos otorgados a pymes serán empaquetados en portafolios de préstamos, pasibles de ser securitizados y vendidos a inversores institucionales como las AFAP y las compañías de seguros. Además, y para mitigar los riesgos, el Estado francés garantizará el primer 30% de pérdidas. Esto facilitará que sean los propios bancos comerciales –los más preparados para evaluar el estado de salud de las pymes– quienes otorguen los préstamos, los que podrán ser descargados en el fideicomiso en la medida que se queden con al menos un 10% del riesgo para mitigar el “riesgo moral”.
(1) Lehmann, A. (2021) “Confronting the risks: corporate debt in the wake of the pandemic”, Bruegel Blog, 28 de abril
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