Como medidas urgentes se pide que el programa pase de la OPP al MTOP, lo que se podría hacer en con el actual Presupuesto a estudio, y una ley interpretativa del artículo 211 de la Constitución.
La Asociación Nacional de Control y Participación Ciudadana –ONG apartidaria y honoraria– fue recibida por la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Diputados, que preside la diputada Julieta Sierra (Frente Amplio).
El Ec. Jorge Núñez, presidente de la asociación, dijo a La Mañana que se pidió una reunión con la Comisión para hacer una presentación sobre las investigaciones que está realizando sobre la caminería rural. “Estamos haciendo tres investigaciones del programa de caminería rural y el fondo de incentivo a la gestión municipal, que forman parte de los programas que financia la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) en el área de descentralización”, que en el caso de la caminería involucra “casi US$ 800 millones entre lo que aporta el Banco Interamericano más US$ 200 millones que aporta Uruguay”.
Las propuestas concretas de la asociación son fundamentalmente tres. La primera es pasar el programa de la caminería rural desde la OPP al Ministerio de Trabajo y Obras Públicas (MTOP); segunda, formar una mesa de trabajo en la órbita de la Comisión de Hacienda y Presupuesto en el marco del Presupuesto Nacional que se está estudiando y se votará próximamente; y tercero, se planteó crear una ley interpretativa del artículo 211 de la Constitución.
El intercambio con los legisladores de todos los partidos “fue muy positivo” y la presentación que realizó la asociación tuvo “varias aristas”, dijo el entrevistado.
Se pretende que “no sean los propios contadores de las intendencias lo que hagan las veces de delegados del Tribunal de Cuentas”, proponiéndose a cambio “un sistema de trazabilidad con inteligencia artificial que en cada gasto haga el control preventivo automáticamente” y que si se presupuesta determinado monto se “siga la línea de acción en un software permitiendo realizar las licitaciones necesarias”.
Por parte de las intendencias, “faltan controles en los presupuestos”, incluso “no se hacen presupuestos por camino rural, lo que realmente preocupó a los legisladores” porque al hacer un pedido de acceso a información pública a las 19 intendencias, “lo que recogemos es que hay falta de elaboración de presupuestos por camino rural, y eso no es menor”.
En la parte operativa, “hay falta de control en lo que se llama la recarga de los materiales de tosca o de material granular para el camino” y “hemos identificado que no se está cumpliendo con la guía de mejores prácticas que propone la OPP para la caminería rural”. El método de trabajo que emplean consiste en aplicar el material y pasar el rodillo, pero no se hace la recarga, y de esa manera se va perdiendo la calidad de la caminería”. Eso “está probado y los cateos arrojan que están casi al nivel de la tierra, es decir, que no hay recarga de los materiales”.
A su vez, se identificaron duplicados: “En el mismo día, el mismo código del camino y para el mismo trabajo –si es bacheo, si es mantenimiento ordinario o extraordinario–, se cobran diferentes montos, pero en el mismo día, y eso también lo tenemos documentado”.
En otro orden, pero no menos importante, son “las carencias que encontramos en los informes de siniestros de tránsito, con pérdidas de US$ 1500 millones” y no se cuenta con la geolocalización para determinar si el accidente ocurrió en un camino rural o una ruta nacional.
Un error repetido desde 1988
En el año 1988 se tomó la iniciativa de trasladar el programa de caminería rural desde el Ministerio de Transporte y Obras Públicas a la OPP, “la pregunta que le hicimos a los diputados fue si les parecía lógico que un programa de caminería rural esté en Presidencia. Si todos los departamentos tienen una oficina del MTOP que se encarga de la ruta nacional, ¿por qué se le quitó la caminería rural y se pasó a la OPP?
No parece lógico tener un fondo de inversión a nivel de Presidencia, salvo que un intendente llame al presidente y le diga ‘necesito tanta plata’. Así no se puede disponer de los dineros públicos”, subrayó Núñez, y reclamó una trazabilidad del gasto porque “queremos transparencia, eficiencia y que los dineros públicos realmente nos den los resultados que nos merecemos quienes vivimos en el Uruguay profundo”.
Por otro lado, señaló que se “debe considerar que el sector agropecuario uruguayo aporta entre el 16% o 18% del PIB, y si queremos que haya más inversiones hay que dar accesos y seguridad en el tránsito, y garantizar que la producción del país pueda salir de forma eficiente”, asumiendo que los vehículos que circulan son cada vez más exigentes con los caminos y es imposible transitar si caen 10 milímetros de lluvia. Se hace un mantenimiento igual o similar los que se realizaban cuando el tránsito pesado era menor en cantidad y volumen de carga.
“Nuestra propuesta no es para los 50.000 kilómetros de la caminería rural que tiene todo el país, pero sí tener un estándar diferente para los caminos que se identifican con un deterioro importante por el uso intensivo, y que no sean de tosca sino de pavimentación” a cargo de una empresa privada que “por lo menos garantice siete años y medio de una obra terminada”.
Irregularidades, clientelismo y eventuales delitos
Núñez advirtió que todas esas situaciones podrían ir más allá de lo irregular pasando “inclusive a eventuales delitos, porque hay un tema de clientelismo político, invitando a amigos a hacer trabajos que no tienen por qué hacer, porque las intendencias carecen de capacidad de maquinaria”.
Uruguay tiene una estructura pronta con la que se hacen rutas nacionales por la vía de licitaciones, y si está el Ministerio de Transporte, “¿por qué no volver a donde siempre debió estar, porque es en el Ministerio donde están los ingenieros, no en la OPP, que hacen una tarea administrativa enviando dineros sin ningún tipo de control?”. El MTOP “tiene la estructura necesaria, no hay que crear nada nuevo, para hacer una licitación para pavimentar un camino rural”, insistió.
Falta de control y un patrón de acción
Núñez consideró que, de acuerdo con las investigaciones de la asociación, “hay un patrón de falta de control en las diferentes dependencias y los diferentes fondos que maneja la OPP”.
“Cuando fuimos a estudiar el Fondo de Incentivo para la Gestión Municipal, que es el fondo más importante que reciben los alcaldes, encontramos que ahí también hay una falta de control en las obras o proyectos”, y en todo el Uruguay hay 136 municipios con su alcalde.
En cinco años “se presupuestaron US$ 170 millones para las alcaldías y en ese tiempo se desembolsaron US$ 250 millones. Quiere decir que hubo un desfasaje, un descalce de US$ 80 millones entre lo que se presupuestó y lo que realmente se desembolsó”, observó. ¿Hay controles y una explicación sobre qué pasó y qué destino tuvo ese dinero?
Ley interpretativa del artículo 211
Núñez profundizó en la propuesta de una ley interpretativa del artículo 211 de la Constitución, que refiere a las competencias de Tribunal de Cuentas, a quien le corresponde el control del gasto. “El tema es que los contadores de las intendencias son quienes hacen las veces de contadores delegados y ellos no se van a pelear con los intendentes porque no hay independencia y en muchos casos son funcionarios de confianza”.
La ley interpretativa garantizaría “el respeto a los cinco principios fundamentales del Organismo Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai) que ahora están siendo violentados” porque no hay independencia ni profesionalidad. “No puedes estar trabajando y auditándote tú mismo y eso pasa desde hace 38 años” con el pasaje de la caminería rural a la OPP y el resultado es que “la caminería rural está en una situación desastrosa”.
Pasan las décadas y la caminería rural sigue sin solución
En resumen, la propuesta concreta de la asociación es la ley interpretativa del artículo 211, regresar el programa de caminería al MTOP, y mejorar los controles con un diseño y elaboración de un sistema de trazabilidad de la inversión pública por la vía de inteligencia artificial, que garantice la independencia de los contadores, y que exista un sistema automatizado de control “para que ya no se permita a los intendentes o al director de área hacer cualquier cosa con los dineros públicos”.
Así no se puede seguir, porque pasan las décadas y “seguimos teniendo el mismo desastre en la caminería rural, a pesar de que se ha destinado mucha obra pública a ella. Si no tenemos calidad y tampoco garantía, es porque se hizo cualquier cosa”, subrayó el economista.
Finalmente, Núñez dijo que el tema ha sido planteado a diferentes actores políticos de todos los partidos, porque “no es un tema partidario, es ineficiencia en el uso de los dineros públicos, y en algún momento la imagen del país se verá reflejada” en estas cosas que estamos haciendo mal.
