La sentencia no cayó bien entre trabajadores y empresas que presentaron el recurso de amparo, habida cuenta de los elementos, contundentes a su entender, que demostraban los perjuicios que la rebaja del 12% al 6% para las harinas y del 16% al 8% para los aceites provenientes de Argentina, implicaría para la industria nacional. Los trabajadores hicieron un mea culpa entendiendo que “nosotros tal vez no fuimos lo suficientemente convincente con las pruebas” presentadas. En la resolución se argumenta que en un mes de aplicación de la medida no aumentaron las importaciones de harina. La doctora Ximena Muñiz presentó este lunes la apelación y en los próximos días se confirmará o desestimará este fallo.
Las noticias no eran buenas. Uno a uno, trabajadores y empresas afectadas fueron recibiendo la sentencia judicial que para muchos puede representar cambios drásticos y nada alentadores para sus vidas. Lejos de conformarse, su representante legal, la doctora Ximena Muñiz presentó este lunes la apelación al fallo y en los próximos días se conocerá el resultado. Consultada por La Mañana señaló que la apelación no contiene nuevos elementos más de los presentados en las instancias anteriores.
Aunque los ánimos siguen firmes, la decisión judicial no cayó bien entre los trabajadores que esperaban un resultado favorable tras haber presentado elementos y estudios contundentes sobre los perjuicios que implica la rebaja arancelaria decretada para las harinas y aceites provenientes del país vecino. De todos modos los mayores cuestionamientos van dirigidos al gobierno, en una decisión que afirman, va en detrimento del trabajo nacional.
Demasiada incertidumbre entre los trabajadores con mayor edad
La situación es compleja para varias empresas del sector en nuestro país. Los costos operativos y de los insumos se han incrementado exponencialmente en los últimos meses y en la mayoría de los casos no han sido trasladados al precio final para no perder competitividad frente a empresas más consolidadas. “De los molinos que vamos quedando, todavía que surja esto (baja arancelaria para empresas argentinas), nos va a achicar aún más la fuente de trabajo” dijo Dante Tortosa representante de los trabajadores del Molino Río Uruguay SA. Muchos de los funcionarios de estas empresas tienen su vida consolidada entorno a la actividad molinera y en las tantas ruedas de conversación entre compañeros se preguntan “dónde vamos a decir con veinte o treinta años de trabajo” que son especialistas en tal o cual sección del rubro molinero. Los temores por cierre de empresas o cortes de turnos son cada vez mayores porque sabemos “que donde se importe harina no competimos” dijo Tortosa. “No es de gusto que los trabajadores se han preocupado y hecho todas estas movilizaciones” sobre todo cuando estas medidas “siempre van en detrimento de la mano de obra”.
Respuesta llamativa del jerarca de Economía
Para el trabajador fue llamativo que el economista Juan Labraga, asesor en política comercial del Ministerio de Economía y uno de los autores del decreto, no supiera que iba a pasar luego de los seis meses de implementada la medida.
Tortosa fue más enfático y sostuvo que “cómo hemos hablado con los trabajadores, no solamente los harineros, en la medida que se liberen aranceles y se favorezca a las importaciones” se atacará a toda la industria nacional. Y por más que se rebajen aranceles a estos productos, entiende que estas medidas no se verán reflejadas en los precios al consumidor final.
Juez decidió en base a un solo mes
“Nosotros estamos con la conciencia tranquila que las cosas que había que hacer se fueron haciendo” reflexionó Carlos Reyes de la Cooperativa de Trabajadores del Molino Santa Rosa, quién además fue el encargado de declarar en la sede judicial.
“Nosotros seguimos preocupados, haciendo nuestros contactos y generando algunos informes técnicos para fin de este mes” y tener información más clara sobre el impacto que tendrá esta medida sobre el sector y ver “que tiene que hacer uno” para revertirla.
“El argumento del juez para no dar lugar fue que en un mes de aplicación de la medida no aumentaron la importación de harina”. Reyes indicó que este negocio no se puede medir en un periodo de un mes “y más con la realidad que hay en Argentina” dónde no se puede asegurar el suministro. Si bien el argumento no convenció a los trabajadores, Reyes coincide en que “el juez tampoco tiene porqué saber de los negocios” y asumió un mea culpa al reconocer que “nosotros tal vez no fuimos lo suficientemente convincente con las pruebas” presentadas.
Sigue insistiendo que “lo arriesgado que me llama la atención es que con las desventajas que tenemos los uruguayos frente a la devaluación argentina tomemos la iniciativa de bajar la tasas (arancelarias) nosotros y no ellos”. No descartan mantener contactos con el sistema político en los próximos días, aunque prefieren que esta etapa solo transite por los carriles judiciales.
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