“El problema es que las sentencias de liquidación en un concurso no tienen efecto suspensivo, y cuando se llegue a la sentencia de segunda instancia ya pasó la zafra y se habrá desmantelado la empresa” con un enorme perjuicio para la empresa y el entramado laboral y social de la región”, dijo el Dr. Olivera.
El viernes 15 de mayo se resolvió la liquidación de la Citrícola Salteña (CSSA), un fallo que “es absolutamente irregular”, y que afecta a miles de puestos de trabajo directos e indirectos por tratarse de la “principal proveedora de trabajo de Salto y tal vez del norte del río Negro”, dijo el Dr. Ricardo Olivera García, abogado que lleva adelante el procedimiento de la empresa, además es catedrático de Derecho Comercial de la Universidad de la República y autor de la Ley de Concurso, norma que se está aplicando en este tema.
Los antecedentes se remontan a febrero de 2019 cuando CSSA solicitó un concurso voluntario a efectos poder iniciar las inversiones de la zafra creándose un fondo citrícola que implicó un préstamo que se pagó totalmente. “De forma paralela comenzó a circular el concurso dándose una situación bastante extraña con el principal acreedor que es el Banco República (BROU). El concurso es un mecanismo que organiza la empresa a través de un acuerdo entre el deudor (CSSA) y los acreedores quirografarios comunes”, categoría que excluye a los acreedores prendarios o hipotecarios, explicó el profesional a La Mañana.
El BROU era un acreedor hipotecario con inmuebles dados en garantía, cuyo gravamen supera largamente el monto de la deuda. No obstante, en el concurso de Citrícola Salteña el BROU dividió su crédito: por una parte como acreedor privilegiado hipotecario y por otra parte como quirografario por un porcentaje del 63 % del pasivo quirografario total. Con esto, si CSSA quería llegar a un acuerdo con los acreedores, que se obtiene con la mayoría de los quirografarios, era indispensable un acuerdo con el BROU, que declaraba reunir esa mayoría. Nunca fue posible saber el criterio que movió al BROU en esta presentación, ya que no pudimos nunca saber si había renunciado a parte de su crédito hipotecario.
La empresa presentó al Banco República una propuesta de convenio, que nunca tuvo respuesta de parte del BROU.
Sin perjuicio de esto, poco tiempo después, cuando todavía estaba en plazo para ello, el BROU se presentó diciendo que había padecido un error, que se crédito hipotecario era mayor y que el pasivo quirografario ascendía tan solo al 43% del total.
Ante esta nueva realidad, CSSA buscó la adhesión del resto de los acreedores quirografarios, logrando la adhesión de aproximadamente 100 proveedores y prestadores de servicios, alcanzando una mayoría del 50, 40% del pasivo quirografario; más del 52% si sumamos acreedores de los cuales la Liga de Defensa Comercial (LIDECO) tiene la verificación trancada. Este convenio se negoció en la sede de LIDECO y se presentó al Juzgado el lunes 25 de noviembre pasado.
La decisión judicial no solo matará la actividad productiva, sino que además, lo que se recupere, “va a ser muy poquito, no va a dar ni siquiera para pagar una parte de los despidos”
El viernes 22 de noviembre, el día hábil anterior, cuando ya se conocía que las mayorías habían sido obtenidas, sin que CSSA tuviera conocimiento de ello, LIDECO presentó una observación al crédito del BROU presentado en julio (4 meses antes), para cuya opinión la Juez le había dado vista por el plazo de tres días y respecto del cual nada había dicho. Con una velocidad llamativa, con fecha 29 de noviembre, el BROU presentó al Juzgado una nueva distribución de su crédito (la tercera), de la cual surgía su titularidad del 49% del pasivo quirografario, dejando el convenio de CSSA fuera de los porcentajes requeridos para ser aprobado.
En este juego de presentaciones del BROU y en la forma en que las mismas inciden en la formación de las mayorías, es que se apoyó LIDECO para cuestionar que el convenio presentado por CSSA reuniera las mayorías exigidas por la ley. Sosteniendo que esto era una maniobra de LIDECO para impedir la aprobación del convenio, CSSA recusó y pidió la remoción de LIDECO, diciendo que no defendía los intereses del concurso.
Posteriormente comenzó la feria, luego la pandemia y el último día de la feria sanitaria especial, el 15 de mayo, la jueza decreta la liquidación de forma sorpresiva, sosteniendo que el convenio debía considerarse como no presentado por no reunir las mayorías previstas por la ley.
El principal esfuerzo es “evitar que se desmantele la empresa”
El Dr. Olivera afirmo que “el fallo de la jueza es absolutamente irregular porque las mayorías (para acordar una salida) estaban, y porque desde el punto de vista del procedimiento la jueza tenía que haberlo puesto de manifiesto y haberle dado oportunidad a los demás acreedores para que opinen. Pudo haber habido más adhesiones de acreedores que se hubieran sumado al convenio, se pudo haber adherido el propio BROU que hasta ahora se mantiene callado. La jueza no tramitó esto como debía”, destacó.
Estamos ante un “agravio” porque “tengo la mayoría y no me la reconocen”, pero además “hay efectos formales que hacen que este fallo sea nulo” y con “vicios en el procedimiento”. Lo que acaba de suceder es “como que yo demandara al lector y antes que el lector conteste el juez falle y lo condene. No se observa el tracto procesal que se tiene que dar que es lo que da la garantía a todas las partes intervinientes”, explicó.
Por todo eso anunció que se va a presentar el recurso que “vence el miércoles (hoy), vamos a pedir que se dé marcha atrás, y estamos seguros que el tribunal de apelación lo va a revocar porque tiene defectos de todo tipo y color”. “Sería importante que la propia Juez tuviera también la sensibilidad y la humildad suficiente para hacerlo”, opinó.
El BROU tiene la posibilidad y la obligación de cuidar su crédito porque el primer perjudicado en lo que se está haciendo es el propio Banco República
Sin embargo el problema grave es que “las sentencias de liquidación en un concurso no tienen efecto suspensivo, entonces cuando tengamos la sentencia de segunda instancia que estamos seguro que va a revocar la decisión, ya va haber pasado toda esta zafra” y “ya se habrá desmantelado la empresa”. Ese extremo implica un perjuicio enorme para la empresa y el entramado laboral y social de la región.
Por eso, el principal esfuerzo de las actuaciones que se hagan de ahora en más consiste en “evitar que se desmantele la empresa” al menos “hasta que tengamos certeza de las cosas”, porque la Liga tratará “de sacar toda la fruta que se pueda, venderla, no hacer ningún mantenimiento, bajar todo lo que se pueda el personal y los gastos, hacer caja, repartir, y terminar con la historia”. Eso “puede suceder en el correr del año, pero significa que se va a destruir una estructura y se pierde la fuente de trabajo”, advirtió.
Además “la mayoría de los activos están afectados con garantías reales, quiere decir que lo que se termina recuperando del margen de las hipotecas de los bancos o créditos garantizados que puedan tener otros acreedores como garantías reales va a ser muy poquito, no va a dar ni siquiera para pagar una parte de los despidos, aparte de matar la actividad productiva”.
Es un procedimiento en que todos pierden y que lleva a que se pierda una importante fuente de trabajo de Salto. Para evitar eso es que la solución pasaría por que el fondo citrícola siga financiando durante la zafra y que la empresa logre las adhesiones para suspender la liquidación de la empresa y se pueda llegar a una solución razonable.
Uno de los objetivos fundamentales debería ser el de la venta de la empresa funcionando y con toda la estructura operativa ya que así es como tiene más valor. “Las empresas no valen por el valor a martillo de remate y liquidación de sus bienes. Las empresas valen como unidades productivas que generar recursos, riquezas y un flujo que es lo que determina su valor”, sintetizó el Dr. Olivera.
El BROU está obligado a evitar la destrucción de su propio crédito
Uno de los caminos hacia una salida adecuada “sería que el BROU compareciera y por lo menos pidiera la suspensión de la sentencia. El BROU es un acreedor y tiene todo derecho como tal. Es un acreedor quirografario y más allá de su porcentaje tiene la posibilidad y creo que tiene la obligación de cuidar su crédito porque el primer perjudicado en lo que se está haciendo es el propio BROU que tomó una decisión de comparecer en el concurso, presentar parte de su crédito como quirografario, que nunca acompañó ni tuvo ningún diálogo con la empresa respecto a las soluciones a tomar, que compareció a última hora frustrando el convenio celebrado y que ahora por lo menos debería tratar de evitar la destrucción de valor de su propio crédito. O sea que tiene la posibilidad y la obligación funcional de hacerlo”, consideró el Dr. Olivera.
Otra cosa esencial es que la administración de la unidad productiva esté en manos de quien “tenga idea de lo que es manejar una empresa. La Liga no puede ser el administrador de Citrícola Salteña” porque “no está hecha para eso, no está capacitada, no sabe hacerlo. La Liga sabe liquidar, rematar, vender y repartir, entonces me parece que los acreedores deberían tratar de lograr que se designara a alguien que tuviera idoneidad para seguir manejando esta unidad productiva compleja en todo este período”, reclamó.
Estamos hablando una empresa que tiene valor “porque las quintas están en su proceso productivo, porque es una empresa que tiene un packing, una estructura de frío, mercados internacionales en 40 países, ofrece 1.500 puestos de trabajo en plena zafra y 2.000 puestos indirectos, es el principal proveedor de trabajo del departamento de Salto y tal vez del norte del río Negro. Es un operador muy importante para la economía, ante lo cual no podemos cerrar los ojos y decir que esto se reparta en pedacitos porque un juez lo dijo”. Tenemos que “buscar soluciones positivas”, concluyó el profesional.
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