A pesar de que la vacuna de Pfizer-BioNTech ya se aplica en varios países, a raíz de las negociaciones con distintos gobiernos latinoamericanos comenzaron a salir a la luz las condiciones exigidas por el laboratorio.
En momentos en que los gobernantes de todos los colores políticos y de todas partes del mundo se aprestan a cerrar acuerdos con los laboratorios que producen la vacuna que busca poner fin a la pandemia de coronavirus, y que azota al mundo desde hace cerca de un año, comienza otro debate donde se cuestionan los términos y las condiciones que imponen los fabricantes a los países.
En el caso uruguayo, tanto el presidente Luis Lacalle Pou como el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, declararon en conferencia de prensa el día miércoles 6 de enero que el gobierno se encuentra en proceso de negociaciones con varios laboratorios, proceso que se realiza bajo estricta confidencialidad.
Mientras tanto los jerarcas, junto al grupo de científicos, ya tienen diseñado el plan de vacunación que prioriza a los trabajadores esenciales de primera línea y a las personas de riesgo, para comenzar a vacunar ni bien se cierren los acuerdos en proceso, a la espera también de la llegada de las dosis estipuladas por la iniciativa Covax para nuestro país.
Países latinoamericanos estudian condiciones de Pfizer
Durante la presentación ante la Comisión Especial COVID-19 del Congreso de Perú, la ministra de Salud del país andino, Pilar Mazzetti, indicó que el contrato con el laboratorio Pfizer para la compra de la vacuna contra el coronavirus presenta demoras debido a que hay “detalles” en los que no existe consenso. Precisó que estos tienen que ver con los precios y el cronograma de entrega; sin embargo, dijo que no podía dar más información debido a que debe existir confidencialidad, informó el diario El Comercio de Perú.
Entre los detalles mencionados por la ministra surge uno de los temas más controversiales de la vacuna de la farmacéutica norteamericana, referido a las exenciones de responsabilidad del fabricante frente a la inoculación de la población, preocupación expresada por jerarcas de otros países como Brasil y Argentina.
Según detalla El Cronista de Argentina, la ministra de Salud de Perú informó que se ha generado una “controversia” sobre una exención de responsabilidad en las negociaciones del país para obtener las vacunas de Pfizer para tratar el coronavirus. La funcionaria no ahondó en detalles de las negociaciones por acuerdos de confidencialidad pactados, pero aseguró que “en todos los acuerdos tomamos en cuenta que hay aspectos de nuestra soberanía que el país tiene que cautelar, que sirve para las próximas generaciones”.
Perú, al igual que la mayoría de los países latinoamericanos, espera recibir más de trece millones de dosis de vacunas a través de COVAX, una alianza liderada por la Organización Mundial de la Salud para equilibrar la distribución de vacunas en el mundo. A través de dicha alianza, Uruguay pretende recibir 750.000 dosis que, según se informó en el día de hoy, probablemente comiencen a llegar antes de lo previsto, puesto que se esperaban para el segundo trimestre y ahora se esperan para finales de enero o febrero las primeras partidas.
Es importante destacar que en el caso de la vacuna de Pfizer-BioNTech se deben garantizar las condiciones de almacenamiento entre -80 °C y -60 °C por 6 meses, o entre 2 °C y 8 °C por un máximo de 5 días. Otros países latinoamericanos, Chile y México, comenzaron a inocular a los grupos de riesgo y trabajadores esenciales con dicha vacuna, aunque presentan retrasos en las entregas de nuevas dosis. El país trasandino lleva vacunadas a 10.436 personas al 6 de enero, y México 48.236 personas hasta el 5 de enero, según el relevamiento de Our World in Data de la Universidad de Oxford.
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