A pesar de los continuos llamados de un “allegado” de una empresa que es parte del Grupo Vía Central, en los que denuncia una “campaña” en contra del grupo, se sigue informando sobre los inconvenientes que genera la obra del tren en favor de UPM 2, que cubrirá el trayecto de Florida a Paso de los Toros. A los atrasos en pagos y la situación de vecinos que aguardan la resolución de las expropiaciones, se suman los problemas sanitarios y, en los últimos tiempos, las dificultades económicas que por lógica complican el avance de las obras.
Pagos que se atrasan
Las diferentes empresas que han sido contratadas para prestar distintos servicios en el desarrollo de la obra han pasado por distintas realidades. En tanto algunas, luego de cumplir con los requisitos solicitados, han logrado financiar su presupuesto durante los 150 días de demora estimada para recibir los pagos correspondientes a los servicios que prestan, otras pequeñas empresas, a pesar de lograr asociarse, han desistido continuar trabajando ante el riesgo de tener que cerrar sus puertas.
Los empresarios entrevistados por La Mañana confirmaron las demoras en los pagos en oportunidades de más de 150 días, a la vez que solicitaron mantener su anonimato por el temor de “no cobrar o de que nunca más nos vuelvan a llamar. Pero es cierto, a veces no responden llamados y ni te contestan los correos”.
Vecinos que esperan
En ediciones anteriores hemos publicado las denuncias realizadas por vecinos del departamento de Durazno, en las que afirman haberse “enterado por la prensa” de que las zonas en las que habitan –la gran mayoría cercanas al centro de la capital departamental– sufrirían la expropiación de buena parte de sus terrenos para la obra de la vía. Desde un primer momento señalaron que tanto el MTOP como la empresa constructora evitaron dar la información sobre el plazo para expropiar ni el dinero que recibirían como pago, lo que es fundamental para algunos de los vecinos ya que afirmaron que “debemos gran parte de nuestra casa y no sabemos qué vamos a hacer”. Ante la consulta de La Mañana en las últimas horas, expresaron que “en ningún momento se comunicaron con nosotros, parece que hubieran dejado todo tapado”.
Problemas sanitarios
Como fue de público conocimiento, la empresa ha sido objeto de planteos por parte de los representantes sindicales de SUNCA que trabajan en la obra. La aparición de 140 casos de covid-19 entre los funcionarios con más de 400 en cuarentena derivó en una reunión entre los sindicalistas y los representantes de la empresa.
En el momento nos comunicamos con Fernando Rodríguez, representante gremial y funcionario de la empresa por el sector de Canteras quien, ante la consulta, expresó que no estuvo en la reunión y resaltó la buena relación que mantiene el personal con las jerarquías: “Cobramos en fecha quincenalmente con adelantos incluidos y no hay inconvenientes para realizar reuniones informativas cuando son necesarias”. Se intentó contactar al principal del SUNCA en Florida, Cono Aguiar, quien no atendió ni respondió nuestros llamados y mensajes. Por último, logramos comunicarnos con uno de los principales dirigentes del SUNCA a nivel nacional, Pedro Porley, quien se excusó de hacer declaraciones, indicando que no había participado en la reunión por ser también funcionario de UPM 2 y estar trabajando en la obra.
La realidad marca que en la obra no hay control sanitario por parte del MSP y a la empresa le es imposible mantener un estricto protocolo por el tipo de trabajo que se realiza, además de carecer de una estructura adecuada para poder resguardar a las personas que deben permanecer en cuarentena y así evitar contacto con las personas afectadas. Esto fue lo que originó una serie de medidas de paralización que se fueron incrementando con el paso de los días.
Según manifestó el presidente de SUNCA, Daniel Diverio, al medio Duraznodigital.uy, “se instaló una mesa de diálogo de la que participaron el SUNCA, UPM, las cámaras empresariales y el Ministerio de Trabajo” y además señaló que “en el caso del protocolo de covid no hemos tenido avances”. Considera que esto es una dificultad porque involucra a 3500 trabajadores pertenecientes a diferentes empresas conocidas como “islas”. Los sindicalistas han manifestado que hay dificultades para hacer el seguimiento respectivo para lograr un control efectivo de la situación.
Pedro Porley, uno de los principales dirigentes del SUNCA, se excusó de hacer declaraciones, indicando que no había participado en la reunión por ser también funcionario de UPM 2 y estar trabajando en la obra.
Créditos demorados
El financiamiento de la imponente obra parece ser la principal dificultad para poder cumplir con los compromisos asumidos. De acuerdo a información que obra en nuestro poder, el contrato de construcción de la vía se pasó a una empresa privada, la que es responsable de conseguir los fondos. Esto fue confirmado a La Mañana por el diputado Eduardo Lust quien expresó que “la empresa privada está teniendo problemas para conseguir los fondos a través de los préstamos por una serie de dificultades a nivel bancario y producto de la realidad actual, pero fundamental es el incumplimiento de los plazos y por ello los préstamos están retenidos. Esto es porque el proyecto de vía férrea fue mal estudiado y por tanto mal aprobado”.
Lust agregó que “todo esto se nos fue informado personalmente por las propias autoridades del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, quienes están haciendo una gestión tratando de hacer ver a los bancos que prestarían los fondos que el gobierno uruguayo está detrás de la obra, lo que prácticamente sería garantizar la inversión… Todos los inconvenientes que se denunciaron fueron los que generaron atrasos y por tanto el incumplimiento de los contratos”, dijo el diputado por Cabildo Abierto.
En los últimos días el presidente Lacalle y el ministro de Transporte y Obras Públicas, Luis Alberto Heber, firmaron un documento en el que autorizan un plazo de prórroga para la finalización de las obras.
Según información de fuentes calificadas, desde un primer momento se comenzaron a pagar costos exorbitantes por los predios expropiados, lo que puso al gobierno en una situación económica complicada por tener que hacer frente a estos costos no previstos. En la actualidad los fondos están disponibles, pero de acuerdo a lo informado anteriormente, todavía hay un número importante de vecinos de Durazno que aguardan una respuesta de las autoridades o de la empresa.
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