La empresa portuaria considera que “son claramente inaceptables las consideraciones formuladas” por el presidente del Directorio de Montecon y señaló una “transparente intención de presionar a los poderes públicos al margen de la recta aplicación de la normativa legal y administrativa”.
La empresa belga Katoen Natie emitió un comunicado en el que contesta las afirmaciones del presidente de Montecon SA, Richard von Appen, en el semanario Búsqueda, publicadas el jueves 27 de enero. Sus expresiones son “claramente inaceptables”, afirma.
En la entrevista Von Appen comenta la revocación que el Ministerio de Economía (MEF) realizó a la admisión de la denuncia que Montecon hizo ante la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia (CPDC) a raíz de la decisión del Gobierno de extender la concesión de la terminal del puerto a su competencia Katoen Natie.
Es un “cambio repentino”, una “mala señal”, una “interferencia que nos llama la atención” que “atenta sobre los derechos”, un “error”, un “cambio de reglas relevante”, una “mala política pública”, dijo el empresario.
En el comunicado Katoen Natie explica que el 21 de enero el MEF revocó la resolución de la CPDC que aceptaba la denuncia de Montecon S.A. contra el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), la Administración Nacional de Puertos (ANP) y la propia Katoen Natie, por prácticas y “conductas anticompetitivas”, partiendo de los decretos 114 y 115/021.
“Hemos alegado que el camino elegido por Montecon a fin de impugnar normas regularmente dictadas no era, ni lo es, el de recurrir a las normas de defensa de la competencia (Ley 18.159)” sino que “la vía abierta lo era y es la impugnación administrativa, y el reclamo anulatorio”, hecho del cual “Montecon está totalmente al tanto al punto de haber transitado también el camino administrativo impugnatorio de esas normas, culminado con su presentación de una acción anulatoria de las mismas ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo el 1 de diciembre de 2021, en ambas instancias empleando idénticos argumentos y fundamentos jurídicos”, expresa la empresa belga que a su vez es la principal accionista de Terminal Cuenca del Plata (TCP).
A su vez, Katoen Natie recuerda que en 2017 Montecon optó “por el mismo, errado, camino de pretender impugnar el dictado de normas jurídicas apelando al mecanismo administrativo de denunciar prácticas anticompetitivas”, pretensión que fue “expresamente desestimada por la Fiscalía” según Dictamen 039-2017 en el cual se establece que “la aparente contradicción normativa entre el régimen de la Ley 16.246 (de Puertos) y las prácticas prohibidas de la Ley 18.159 es zanjada por la regla de que los mercados regidos por los principios de la libre competencia encuentran su frontera en las limitaciones establecidas por ley”.
En base a lo anterior, Katoen Natie enfatiza que “son claramente inaceptables las consideraciones formuladas” por el presidente del Directorio de Montecon cuando califica la revocación “como un ‘cambio repentino’, una ‘mala señal’, una ‘interferencia que nos llama la atención’ que ‘atenta sobre los derechos’, un ‘error’, un ‘cambio de reglas relevante’, una ‘mala política pública’”.
Presión a los poderes públicos
Para la empresa, hay una “transparente intención de presionar a los poderes públicos al margen de la recta aplicación de la normativa legal y administrativa”, lo que “queda subrayado por el anuncio formulado, el mismo día de la publicación (en Búsqueda), por parte de senadores de la oposición en cuanto a que presentarán una ampliación de su denuncia penal en relación a las actuaciones derivadas del acuerdo de febrero de 2021”.
Asimismo, el comunicado señala que “los legisladores” de la oposición “y una integrante del Directorio de la ANP, califican de ‘injerencia indebida’ y aún de ‘erosión a la fortaleza institucional del estado’ al trámite constitucionalmente previsto para la impugnación de los actos administrativos, abriendo juicio sobre la ‘ilegalidad’ e ‘inconstitucionalidad’ de la resolución recaída, en ejercicio de cometidos y potestades regladas”.
“Debemos reiterar nuevamente que el marco de la competencia portuaria está regulado por La Ley de Puertos y sus decretos reglamentarios que están vigentes y que fueron ignorados por más de una década”, agrega.
Finalmente, Katoen Natie observa que estamos ante “un indubitable testimonio de la visión que algunos actores tienen por los valores de la independencia judicial y recta aplicación del Derecho de los que tanto alardean en público, del grado de presión que están dispuestos a ejercer y de la poca estima que tienen a la reserva de las actuaciones administrativas y judiciales a la que estamos sometidos a cumplir”.
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